Ruz se plantea trasladar al TSJ manchego el presunto soborno de 200.000 euros al PP de Cospedal

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz está determinado a enviar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) la investigación sobre el presunto soborno de 200.000 euros en negro por parte de una filial de la constructora Sacyr-Vallehermoso al partido liderado por la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Esta determinación se desprende del auto que este martes firma el juez, y en el que cita a declarar al que fuera concejal de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Toledo y que también era tesorero del PP de Cospedal, Lamberto García Pineda. Ruz adelanta que las investigaciones que lleva a cabo tratan de determinar el grado de participación de un aforado en el caso, en referencia al presidente de la Junta de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado. Según la declaración de Bárcenas del 15 de julio de 2013, Tirado participó en la reunión en la que se acordó la mordida.

El papel de Vicente Tirado

Bárcenas aportó el recibí por este presunto cobro de 200.000 euros, firmado por el gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas. Pero el extesorero relató, además, que un día sin especificar de 2007 se reunió con el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero; el directivo de esta compañía Manuel Manrique; y Tirado. Y con ellos pactó el pago de esta cantidad para la campaña electoral en Castilla-La Mancha. Los exdirectivos de Sacyr negaron en su declaración ante Ruz la existencia de dicho pago.

La adjudicación del contrato de las basuras se acordó por un periodo de 10 años prorrogable otros cuatro. En total la firma Sufi, filial de Sacyr-Vallehermoso, se garantizó unos ingresos superiores a los 100 millones de euros. Pero una modificación al alza del contrato permitió que la constructora se embolsará en 2007 otros 11 millones, que fueron destinados a una subida salarial de los trabajadores de la limpieza. Este modificación se llevó a cabo apenas unos meses después de que Cañas Cañada firmara el recibí de 200.000 euros, que según Bárcenas tuvieron como destino la campaña electoral de María Dolores de Cospedal.

El firmante del recibí

De estos hechos se desprenden, tal y como resalta el juez en el auto, los presuntos delitos de cohecho y prevaricación, por los que ya han prestado declaración Cañas Cañada; y los empresarios de Sacyr Luis del Rivero y Manuel Manrique. En su declaración, Cañas Cañada reconoció haber firmado el documento, aunque sin embargo negó haber recibido el dinero.

Pero la decisión de imputar al ex tesorero del PP de Cospedal se basa en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) conocido la semana pasada, que destaca que la modificación al alza del contrato de las basuras tras un acuerdo de la junta de Gobierno de Toledo el 12 de mayo de 2007 "se adoptó omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho".

Jurisprudencia

En el auto, Ruz recurre a la jurisprudencia sobre las investigaciones, recordando que en el caso de existir indicios frente a aforados, amntes de ceder la competencia "deben depurarse en el juzgado de instrucción de origen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos, al efecto no solo de acreditar los mismos sino también el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada".

El 15 de noviembre de 2007, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento y la empresa Sufi firman un acuerdo de equilibrio financiero de la concesión. En él exponen que el incremento de salarios ocurrido con posterioridad a la adjudicación del contrato es "una situación única y extraordinaria" y por tanto se acuerda que el sobrecoste del nuevo convenio colectivo lo pague el Ayuntamiento de Toledo. Este acuerdo fue ratificado por la junta de gobierno municipal el 23 de mayo de 2007.

Informe de IGAE

Pero el trabajo de la IGAE pone de manifiesta las profundas irregularidades del modificado del contrato de la recogida de las basuras. Así, el viceinterventor municipal en un informe, llega a señalar que el acuerdo del 23 de mayo de 2007 es nulo de pleno derecho, ya que se adoptó omitiendo total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido.

El Servicio de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Toledo no acepta los reparos del viceinterventor, siendo finalmente el alcalde, por decreto de 24 de enero de 2014, el que acuerda la continuación del expediente, que se aprueba de forma definitiva.

Caja B en provincias

La imputación del extesorero del PP de Toledo se produce después de que Bárcenas asegurara a Ruz que su formación política disponía de una caja B en "todas las provincias y regiones" que se destinaba a la financiación de las campañas electorales. "Suponíamos que en todos los sitios tenían", dijo en su declaración del pasado 10 de abril, para añadir: "Ni supervisábamos ni queríamos saber".

La decisión del juez ha provocado importantes reacciones de los dos principales partidos políticos castellanomanchegos. Así, el PSOE hizo pública una nota en la que volvió a reiterar la petición de una comisión de investigación para aclarar todos los detalles del contrato para el servicio de limpieza y recogida de basuras.

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Comisión de investigación

"Si el PP tiene tanto interés en culparme a mí de ese contrato, si la señora Riolobos, el señor Villa, la señora Cospedal y Bárcenas, quieren, creamos una comisión de investigación y pasamos por allí Cospedal y Bárcenas, y yo mismo, y se aclara todo", especificó el secretario general del PSOE de esta Comunidad y actual alcalde de Toledo, Emiliano García-Page.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Popular en Toledo, Claudia Alonso, ha asegurado que el año pasado García-Page dijo que "no iba a estar en ningún tipo de reunión ni investigación" sobre el contrato de basuras a la empresa Sufi realizado en 2007 en Toledo y "que prefería mantenerse al margen".