El presidente del tribunal que juzga a Silva y la magistrada que anuló los correos de Blesa son pareja

Arturo Beltrán, presidente del tribunal que juzga a Elpidio Silva bajo la acusación de que delinquió en el caso Blesa al enviarlo dos veces a prisión, mantiene desde hace años una relación sentimental estable con la magistrada Pilar Oliván. Oliván preside la Sección 30 de la Audiencia de Madrid, justo la que hace un año anuló la instrucción del caso Blesa y los correos electrónicos enviados o recibidos por el financiero en su dirección corporativa como presidente de Caja Madrid, la extinta caja de ahorros cuyos activos heredó Bankia.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé como causa de abstención o recusación el "vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable" entre dos jueces que hayan participado en el mismo caso. Formal y procedimentalmente, el caso Blesa y el caso Silva no son la misma causa. Pero los protagonistas son los mismos. Y los hechos: es la investigación de Silva sobre Blesa y sus manejos en Caja Madrid la que ha terminado por sentarlo en el banquillo.

Ayer lunes, portavoces oficiales del TSJM declinaron de modo tajante pronunciarse sobre el asunto y confirmar o desmentir siquiera si el tribunal abordó antes del inicio del juicio si esa relación podía generar otro conflicto en un caso cuyo protagonista, Elpidio Silva, lleva un año declarándose víctima de una persecución política. 

En abril, infoLibre ya desveló que otra juez del primer tribunal encargado de procesar a Elpidio Silva, María Tardón, había sido consejera general de la asamblea de Caja Madrid bajo el mandato presidencial de Miguel Blesa. 

Relación "pública y notoria"

Tras una recusación que obligó a suspender el juicio durante dos meses y hasta la reanudación de ayer, Tardón fue apartada en mayo por la llamada Sala del 77 del Tribunal Superior, que dirime sobre las recusaciones planteadas, en este caso por el procesado. Pero ni Tardón ni los otros dos miembros de la terna judicial –Arturo Beltrán y Eduardo Urbano– habían considerado que su pertenencia al órgano de gobierno de Caja Madrid fuera motivo para dejar de juzgar al hombre que había encarcelado a Miguel Blesa, requerido sus correos electrónicos e intervenido su teléfono. Cuando infoLibre publicó en diciembre los primeros correos de Blesa, Silva ya iba derecho al banquillo.

El tribunal, y así lo confirmó entonces el TSJM a este diario, había estudiado la cuestión antes de que se iniciara la vista y concluyó que ningún elemento objetivo ni subjetivo impedía que María Tardón participase en el proceso al controvertido Elpidio Silva. La defensa del acusado, entonces ejercida por Cándido Conde-Pumpido hijo, supo del antiguo puesto ocupado por Tardón cuando infoLibre publicó la noticia.

Ahora, y a tenor de las informaciones recabadas ayer por este diario y de que la relación de Beltrán y Oliván es “pública y notoria”, expresión utilizada por jurista que exigió reserva de identidad, surgen dos posibles preguntas: ¿examinó también el tribunal este ángulo del caso, como hizo en lo relativo a María Tardón, o ni siquiera se planteó el debate? ¿no pudo encontrar el TSJ madrileño una terna de jueces cuyos miembros fueran por completo ajenos a Miguel Blesa y Elpidio Silva? De momento, no hay respuesta.

Lo que dice la ley

Esa es una incógnita a despejar por cuanto fuentes oficiales del TSJM se atrincheraron ayer lunes en el silencio. Las citadas fuentes ni siquiera accedieron a pronunciarse sobre si cabe o no aplicar aquí el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que enumera las causas de abstención y/o recusación por parte de un juez.

En su apartado número 15, ese artículo preceptúa la siguiente causa de abstención o recusación: “El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el juez o magistrado que hubiera dictado resolución o practicado actuación a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del proceso”. 

La presidenta de la Sección 30 de la Audiencia de Madrid, Pilar Oliván, no ha dictado ninguna resolución en el caso abierto contra Elpidio Silva a petición del fiscal jefe de la comunidad, Manuel Moix, y del propio Miguel Blesa, que ejerce la acusación particular. Pero fueron los autos de la sección que preside Pilar Oliván –participó en las deliberaciones y suscribió las resoluciones– los que alentaron la querella de Moix, que tanto en su denuncia como en su escrito de acusación previo al juicio cita con profusión los autos de la Sección 30.

Pilar Oliván no ha decidido nunca sobre la causa por prevaricación, retardo malicioso y delitos contra la libertad individual que se sigue contra Elpidio Silva. Pero sí lo hizo en el caso Blesa, que sin lugar a dudas está intrínsecamente vinculado al caso Silva: si Silva no hubiera investigado a Blesa con lo que la Fiscalía cree absoluta falta de respeto a las garantías procesales, la Fiscalía no le habría investigado a él.

En resumen y desde el punto de vista procedimental, el caso Blesa es una cosa y el caso Silva, otra: cada uno tenía un objeto distinto. Pero los protagonistas, aunque en posiciones opuestas, son los mismos. Y si Silva está hoy en el banquillo es justamente por los delitos que, según la Fiscalía, cometió mientras investigaba al financiero Blesa.

Doblemente imputado –en los juzgados de Plaza de Castilla por la compra del banco de Miami y en la Audiencia Nacional, por las preferentes–, Blesa ha logrado el mismo objetivo que ya consiguieron los principales imputados del caso Gürtel: sentar en el banquillo al juez que los investigaba mientras ellos continúan a la espera del resultado de una larguísima instrucción.

¿Y si fuera al revés?

Este diario preguntó a los servicios oficiales del TSJM qué ocurriría si, en lugar de haber avalado los autos de la Sección 30, Pilar Oliván hubiera elaborado en cada ocasión un voto particular que diese la razón a Silva en contra de Blesa. ¿Podría su pareja dirigir un juicio donde Blesa ejerce la acusación contra Silva o tendría el presidente de Caja Madrid motivos para temer por la deriva que pudiese tomar la vista? Tampoco hubo respuesta a esta pregunta.

El presidente del tribunal que juzga a Silva y presidente a su vez de la Sección Quinta de la Audiencia madrileña, alegó que, dado que había asistido a varias sesiones del juicio, no podía partir de nuevo desde cero. Pero el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) le confirmó en su puesto. Reanudado ayer tras su fallido intento por obtener un escaño europeo como cabeza de lista del denominado Movimiento Red, el juicio a Silva amenaza con expulsarlo de por vida –30 años– de la carrera judicial si es que finalmente pide el reingreso tras su excedencia.

Presidente desde el inicio del tribunal que juzga a Silva y presidente a su vez de la Sección Quinta de la Audiencia madrileña, cuando la Sala del 77 apartó a María Tardón también Beltrán intentó dejar la causa. Reputado profesional, Beltrán alegó entonces que, dado que había asistido a varias sesiones del juicio, no podía partir de nuevo desde cero. Pero el TSJM le confirmó en su puesto y tras apartar a María Tardón completó la terna con Santos Vijande, recién incorporado a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior. ¿Adujo también que su vínculo personal con la juez Oliván podía abrir un nuevo flanco tras lo sucedido con Tardón? Este diario lo ignora.

Sin salidas de guión

Una magistrada del tribunal que juzga a Silva fue consejera de la asamblea de Caja Madrid bajo el mandato de Blesa

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Pese a que la relación personal que mantienen Beltrán y Oliván no constituye ningún secreto en la escena jurídica madrileña, el abogado de Elpidio Silva, Gonzalo Boye, no ha hecho valer ese factor como causa para que el presidente del tribunal que juzga a su cliente se abstenga o sea recusado. Este diario intentó ayer lunes, sin éxito y durante toda la tarde, recabar la opinión de Boye sobre el asunto.

Para Elpidio Silva, que una vez reanudado el juicio prescindió ayer lunes de las provocaciones y salidas de guión que dominaron la primera vista, el Día D de su caída en desgracia llegó el 19 de junio de 2013.

Fue en esa fecha cuando la Sección 30 de la Audiencia anuló al completo la instrucción del caso Blesa en sus dos vertientes: la relativa a un crédito de 26,5 millones concedidos por Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán, antaño jefe de la patronal CEOE y hoy preso en Soto del Real; y la concerniente a la compra, por Caja Madrid y en 2008, del City National Bank of Florida , una entidad que costó más de 1.000 millones de dólares, cuyo valor se disolvió como un azucarillo en agua –lo dice el Banco de España- y de la que Bankia ya se ha desprendido.