El Gobierno aprueba por decreto el 43% de las leyes de toda la legislatura

"Cacicada", "engendro legislativo", "trágala", "error", "torpeza". Crítica tras crítica, cada cual más dura, y desde todas las filas. El Gobierno tuvo que escuchar ayer martes reproches durísimos de toda la oposición. Los grupos bramaron contra el real decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, un decretazo que modifica nada más y nada menos que una veintena larga de leyes. Entre ellas, el texto, de 172 páginas, recoge desde una modificación del IRPF para autónomos, incentivos al empleo juvenil, la privatización del gestor aeroportuario (AENA), la liberalización de horarios comerciales, comisiones de tarjetas bancarias, la regulación del uso de drones o el traspaso del Registro Civil a los registradores mercantiles. Pero ese decreto ley hace el número 56 de esta legislatura, y supone el 42,75% del total de la producción legislativa del Gobierno de Mariano Rajoy. Y no se han cumplido aún tres años desde que llegó a la Moncloa. El escándalo fue de tal calibre que el Gabinete del PP se plegó horas después y se abrió a discutir enmiendas. 

El viernes, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, presentaba una norma que forma parte de la "segunda generación de reformas", con las que el Ejecutivo quiere "consolidar el crecimiento económico, afianzar la creación de empleo y trasladar los efectos de la recuperación a todos los ciudadanos". El decreto ley salió publicado 24 horas después y desde ese momento entró en vigor. Casi 200 páginas que recogían medidas de ocho ministerios (Justicia, Defensa, Hacienda, Fomento, Educación, Empleo, Industria y Economía). Y de todo tipo. Enseguida lo envió al Congreso para su convalidación, con la intención de que todo quedase resuelto este jueves. En menos de una semana desde su salida del Consejo de Ministros. 

La Constitución, en su artículo 86, faculta al Gobierno, "en casos de extraordinaria y urgente necesidad", a dictar disposiciones legislativas provisionales que toman la forma de reales decretos leyes. Entran en vigor en cuanto se publican en el Boletín Oficial del Estado, pero el Congreso ha de convalidarlos (debatirlos y votarlos en su totalidad) en el plazo de un mes desde su promulgación. Sólo si la Cámara baja vota que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia se admiten enmiendas al articulado, y eso sucede la menor parte de las veces, en todas las legislaturas. 

Entre el 18% y el 29% en las anteriores legislaturas

Los grupos de la oposición han venido denunciado durante toda la legislatura la afición del Gobierno al uso del decreto ley, un formato que hurta forzosamente el debate parlamentario. Son visto y no visto y el Congreso apenas los huele. Una técnica que quizá se entiende menos porque el PP dispone de una holgada mayoría absoluta (185 diputados) que le garantiza que todos sus proyectos saldrán adelante sin dificultad alguna. De hecho, no son pocos los que salen camino del BOE en un tiempo mínimo: pasó con el cercenamiento de la justicia universal o con la abdicación y el aforamiento del rey Juan Carlos.

Los números son de suyo muy elocuentes. El Consejo de Ministros ha aprobado en esta legislatura, desde diciembre de 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, un total de 56 decretos leyes. 40 de ellos han sido convalidados por la vía rápida, otros 13 fueron tramitados como proyectos de ley (o sea, con enmiendas) y tres más están pendientes del pronunciamiento del Congreso –entre ellos, el decreto ómnibus de medidas urgentes del viernes pasado–. Además, las Cortes Generales han dado el visto bueno a 75 leyes (tanto orgánicas, que afectan a cuestiones medulares o a derechos fundamentales, como ordinarias). Las cuentas salen rápido: los 56 decretos leyes suponen el 42,75% de la producción legislativa del mandato de Rajoy (131 textos). Récord absoluto desde, al menos, el cuatrienio 2000-2004.

En la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), se aprobaron 198 normas. De ellas, 57 fueron decretos leyes (uno cuando el Gobierno ya estaba en funciones), el 28,78% del total, y 141 leyes (71,21%). En la anterior (2004-2008), se visaron 218 textos. Los 51 decretos leyes representaron el 23,39% del total; y las 167 leyes, el 76,60%. En la VII Legislatura, la de 2000-2004, el último periodo en la Moncloa de José María Aznar, se dio luz verde a 234 normas. La inmensa mayoría (el 82,05%) fueron leyes, 192, y sólo 42 (el 17,95%), decretos leyes. 

El decretazo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes modifica un total de 20 normas a lo largo de sus 172 páginas. Ayer, tenía que ser puesto en el orden del día del pleno de este jueves y, como las Cortes están de vacaciones, el órgano encargado de hacerlo era la Diputación Permanente. Allí se visualizó la oposición de los grupos. "Engendro legislativo" que cambia de forma "caciquil" una veintena de textos, lo llamó Soraya Rodríguez, la portavoz del PSOE, que amenazó con recurrirlo al Tribunal Constitucional. Un texto "deleznable e insultante" para la labor parlamentaria. 

Las denuncias de IU, CiU, PNV, UPyD y CC

"No vamos a aceptar el chantaje, nos vamos a rebelar y no vamos a ser cómplices. Pueden secuestrar al Parlamento y a la democracia, pero tarde o temprano la ciudadanía democráticamente acabará con este secuestro", dijo José Luis Centella, portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que anunció que su grupo rompe cualquier vía de diálogo con el Gobierno sobre medidas de regeneración por la tramitación exprés del decreto ómnibus. Una "burla" a las Cortes, una "agresión" a la democracia. 

CiU, habitualmente más tibia en sus críticas al Ejecutivo, también se explayó. Su portavoz adjunto, Josep Sánchez Llibre, acusó al PP de abuso de poder, de utilizar tácticas propias del "caciquismo" y actuar "en dirección inversa" a la regeneración democrática que tanto predica Rajoy. "Es un error, una torpeza y una cacicada. Es un auténtico abuso de derecho y es la muerte del parlamentarismo. Déjense de hablar ya de transparencia, que ha quedado en pura verborrea", abundó Aitor Esteban, portavoz del PNV. Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, calificó a los conservadores de "campeones de la degeneración democrática". Las quejas también llegaron de Ana Oramas, de Coalición Canaria, que dijo no entender cómo el Gobierno apremia a la Cámara baja a aprobar cambios en una veintena de leyes en una semana, justo en un pleno que ya estaba cargado, pues estaban fijados asuntos tan importantes como el techo de gasto o el debate de la última cumbre europea. 

"Sí se puede", dice Rodríguez

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Alfonso Alonso, el portavoz del Grupo Popular, se defendió alegando que hay precedentes de decretos leyes que afectaban a distintas normas que se aprobaron en apenas unos días y sin ser tramitados como proyectos de ley, y citó el tijeretazo de Zapatero de mayo de 2010. "Entonces sí había licencia para recortar", ironizó, cargando contra la "poca coherencia" de la oposición. El jefe de los conservadores en el Congreso subrayó que el decreto ómnibus no es de ajustes, sino que recoge medidas destinadas a la reactivación económica –como la ayuda a la contratación de los jóvenes–, así que "tiene que entrar en vigor ya". En realidad, en vigor está ya el texto desde el sábado, cuando se publicó en el BOE. Alonso negó que el Gobierno se exceda en el uso de los decretos leyes: este año, dijo, sólo se han aprobado nueve, por los 29 de 2012 y los 17 de 2013. Justificó que eran más necesarios al comienzo de la legislatura, por la emergencia de la crisis. 

Por la tarde, el Gobierno anunció a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, que estaba dispuesto a tramitar como proyecto de ley (con enmiendas) el decretazo. Si algún grupo lo pide, no tendrá "ningún inconveniente" en valorarlo "y si se pueden producir modificaciones, bienvenidas sean". Ayllón, no obstante, arremetió contra los grupos por la "triquiñuela dialéctica", por actuar desde la "cobardía política", criticando el procedimiento sin admitir que las iniciativas contenidas en el decreto son necesarias. A ellos les emplazó a explicar a los autónomos, los jóvenes y los investigadores que se beneficiarán del texto que no son urgentes estas medidas. El PSOE leyó como un éxito de la oposición que el Ejecutivo muestre su disposición a flexibilizar el trámite parlamentario. A su juicio, lo que hizo recapacitar a Rajoy y Santamaría fue la censura de la oposición y a la amenaza de los socialistas de ir al TC  "Sí se puede", se congratuló Rodríguez. 

El jueves, el pleno del Congreso examinará el texto del Consejo de Ministros, defendido por la vicepresidenta. Entonces se verá el alcance de la disposición del Gobierno.