ONG denuncian que las trabas administrativas disuaden a los sin papeles de acudir a Urgencias

La muerte de Jeanneth Beltrán, una joven nicaragüense con pocos recursos y sin residencia legal en España que, según sus allegados, padecía una enfermedad renal y no fue al médico por miedo a no tener dinero para pagar la asistencia, ha vuelto a poner sobre la mesa las graves consecuencias del decreto por el que se elimina el derecho a la atención sanitaria normalizada para los inmigrantes sin papeles y que está en vigor desde septiembre de 2012.

A Jeanneth, que falleció el 23 de mayo en el hospital público Virgen de la Salud de Toledo tras esperar cuatro horas a que la atendieran en Urgencias, le llegó el pasado 12 de junio por carta un aviso de cobro relativo a la asistencia que recibió el día de su muerte. Fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se apresuraron a certificar que se trataba de un error y que en ningún caso se le iba a reclamar a sus allegados ninguna cantidad. Hay que tener en cuenta que la reclamación sería ilegal en cualquier caso, pues la atención gratuita está garantizada en urgencias, parto y posparto y también para los menores de edad sea cual sea la situación administrativa del paciente. 

Sin embargo, ONG como Médicos del Mundo o el colectivo Yo Sí Sanidad Universal –integrado por ciudadanos y profesionales sanitarios que asesoran y acompañan a inmigrantes sin cobertura médica– señalan que el caso de Jeanneth no es ni mucho menos excepcional. "Es una práctica habitual en la mayoría de las autonomías", dice Eva Aguilar, portavoz de Médicos del Mundo. Asegura que su organización recibe de forma recurrente las consultas de personas en situación irregular a las que se les emiten facturas y que no saben qué pasos tienen que dar. Aguilar explica que hay diferentes procedimientos. En algunos casos –como ocurre en Castilla-La Mancha– los pacientes no reciben directamente la factura, sino una carta en la que se les insta a presentar una tarjeta sanitaria de la que carecen si no tienen regularizada su situación. En otros, se les hace firmar un compromiso de cobro en el momento en el servicio de admisión de Urgencias, antes incluso de recibir asistencia.

Por el momento, según recoge el informe Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo, esta ONG ha acreditado casos de facturación por la asistencia en los servicios de Urgencias de hospitales de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Canarias, Baleares y Euskadi, si bien en esta comunidad la ONG matiza que no ve afán recaudatorio en la medida aunque sí disuasorio ya que basta la presentación de un recurso donde se explica que esa persona no tiene recursos económicos para que sean archivadas (aunque no destruidas). Una atención de Urgencias en un hospital, sin pruebas diagnósticas, puede costar 160 euros. 

Álvaro (prefiere no facilitar su apellido), portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, también concluye que es "una práctica sistemática". "En nuestro colectivo tenemos más de cuarenta grupos de acompañamiento que se encargan de ayudar a los inmigrantes que se han quedado sin tarjeta sanitaria, darles asesoramiento legal y compañía y por eso conocemos lo que ocurre de primera mano. Lo que dice la población excluida es la realidad, aunque es cierto que se trata de una práctica heterogénea por la gran dispersión normativa que existe en torno a este asunto", asevera.

En el Ministerio de Sanidad, donde remarcan que la asistencia sanitaria es competencia de las autonomías, admiten que se emiten facturas en Urgencias por la prestación de asistencia a las personas que no tienen tarjeta sanitaria. "No es algo nuevo. Que se emita la factura no significa que se vaya a cobrar, si una persona no tiene recursos puede acudir a los servicios sociales para que le ayuden a hacer los trámites necesarios y no tenga que abonar nada", aseguran desde el departamento de que dirige Ana Mato. Estas fuentes justifican la emisión de facturas en el hecho de que a las Urgencias de la sanidad pública también pueden acudir en un momento dado personas de países con los que España tiene convenios, extranjeros que cuentan con pólizas privadas o nacionales funcionarios que optaron por un seguro privado a través de una mutua. 

El efecto disuasorio, la clave 

Para las ONG, sin embargo, esta política genera un efecto disuasorio que es muy perjudicial. La portavoz de Médicos del Mundo admite que se trata de un trámite administrativo y que en la mayoría de los casos el cobro no se lleva a cabo porque las personas afectadas acreditan su falta de recursos. Además, lo irregular de su situación hace también hace que sea complicado registrar los cobros. En cualquier caso, en Médicos del Mundo sí sentencia que esta práctica "revela un efecto disuasorio" y genera "inseguridad" a personas que, habitualmente, ya tienen coyunturas complicadas por su situación irregular o están a las puertas de una regularización por lo que optan por evitar cualquier tipo de problema que pueda poner en peligro el proceso con las consecuencias que eso puede tener para su salud. 

Aguilar cree que esta situación se da porque no ha habido una buena política de información que indique a los profesionales sanitarios qué tienen que hacer en cada caso y eso genera que en ocasiones se ofrezca una información errónea sobre el derecho que la legislación reconoce a las personas sin papeles. Asegura que esta situación se ve agravada en periodos vacacionales, debido a la rotación de personal que se produce. Además cree que esta dispersión es "el caldo de cultivo ideal para que las personas con actitudes xenófobas campen a sus anchas". "No obstante, nos consta que en la sanidad pública hay también muchos profesionales objetores y muy comprometidos que facilitan la entrada al sistema por la puerta de atrás", añade. 

Según el testimonio de sus allegados este parece ser el caso de Jeanneth, que trasladó a sus amigos –según puede leerse en una carta publicada en la página web de Yo Sí Sanidad Universal– que pretendía esperar un poco más para acudir al médico porque estaba a la espera de recibir los papeles y tenía miedo de no tener dinero para pagar la asistencia. Aunque Álvaro insiste en que la enfermedad de la joven nicaragüense debería haberse tratado en la atención primaria, donde los inmigrantes sin papeles sí tienen vetado el acceso, sí cree este efecto disuasorio es un "agravante odioso". 

La plataforma Yo Sí Sanidad Universal y los allegados de Jeanneth han convocado para la noche de este miércoles una vigilia a las 21 horas frente al Ministerio de Sanidad para compartir el dolor por su muerte. Quieren que sea la "última víctima" del real decreto que certificó la exclusión sanitaria de las personas en situación administrativa irregular.