Mujeres

ONG llevan a la ONU la ley del aborto de Gallardón

El anteproyecto de ley sobre el aborto ha llevado a diferentes organizaciones, entre ellas Rights International Spain (RIS), a denunciar la propuesta de Gallardón ante organismos internacionales como al Relator Especial de Naciones Unidas Relator Especial de Naciones Unidas. Tras enviar una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y no recibir respuesta, estas ONG consideran obligatorio utilizar “todas las herramientas posibles” para conseguir que se escuche el llamamiento de la sociedad civil.

En el escrito dirigido a Gallardón denuncian, entre otras cosas, “la intromisión ilegítima en el ejercicio de los derechos de la mujer” y señalan que, según datos de la OMS, aproximadamente el 13% de las muertes maternas en todo el mundo se atribuyen a abortos practicados en condiciones inseguras.

“La prohibición que contempla el anteproyecto de ley con respecto a cualquier publicidad por parte de centros, establecimientos o servicios médicos y cualquier difusión relacionada con medios, técnicas o procedimientos para la interrupción del embarazo vulnera el derecho a la libertad de información y los principios de no discriminación e igualdad”, denuncian las organizaciones en la misiva enviada al ministro de Justicia.

Las ONG han recurrido al Relator Especial sobre el Derecho a la Salud con el objetivo de que desde la ONU den un “toque de atención al Gobierno”, señala Lidia Vicente, directora de RIS. 

En Naciones Unidas recibirán la denuncia de las organizaciones sobre la Ley del Aborto y a partir de ahí se pondrán en contacto con el Ejecutivo español para conocer más acerca del anteproyecto. “Queremos informar a la comunidad internacional sobre lo que está pasando en España”, señala Lidia Vicente. “Cuando el Gobierno no quiere escuchar lo que la ciudadanía tiene que decir no tenemos más opción que recurrir a este tipo de procedimientos”, añade Vicente.

Naciones Unidas publica al menos una vez al año un informe sobre las propuestas que reciben de la sociedad civil. “En este caso, los relatores harán preguntas el Ejecutivo sobre el anteproyecto de la ley del aborto y a partir de las respuestas obtenidas expresan sus recomendaciones y es finalmente el Gobierno quien decide aceptarlas o rechazarlas”, explica la portavoz de RIS, quien añade que también han presentado sus propuestas sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Justicia Gratuita.

“Creemos firmemente en la figura del Relator y en el poder que tiene para frenar los aspectos más polémicos de la Ley del aborto”, subraya Vicente.

“Nos causa una profunda consternación que a las víctimas de violencia sexual se les exija haber interpuesto una denuncia ante la policía para poder acceder a un aborto legal”, denuncian las ONG en el escrito al ministro. Consideran que el requisito de denuncia impone “una carga indebida para las mujeres y jóvenes que han sufrido el trauma de la violencia sexual.

Aunque con la carta no hayan obtenido la respuesta esperada, desde RIS no pierden la esperanza y piensan llevar sus propuestas ante el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y el Comité de Derechos Humanos encargado de revisar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por España.

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