La marea blanca denuncia la jubilación forzosa del presidente de una de sus asociaciones

La vigésimoprimera concentración de la marea blanca desde que comenzó la movilización en defensa de la sanidad se hizo visible este domingo ante el Ministerio de Sanidad en Madrid, esta vez con el objetivo de mostrar su desaprobación por la jubilación forzosa del doctor Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.

Así lo ha transmitido en su web la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Medsap), la organización que ha convocado la manifestación.

"Marciano es para nosotros una luz. Es un hombre que desde hace muchos años está luchando a favor de la sanidad pública y denunciando constantemente todas las agresiones que se han ido produciendo. Ha sido represaliado de una forma que no podemos aceptar y queremos que continúe en su puesto de trabajo" explica a infoLibre Jesús Escudero, uno de los portavoces de la organización que ha convocado la concentración.

El segundo motivo que ha movido este domingo a las distintas asociaciones y colectivos que forman parte de la marea blanca es lo que denominan "descapitalización aumentativa de la sanidad pública" madrileña o, lo que es lo mismo, el desvío de dinero público de la sanidad pública a la privada. Se trata de "la utilización del dinero público para seguir privatizando y represaliando a la sanidad pública", explica Escudero.

La Medsap acusa al consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, de practicar “su permanente autoritarismo al forzar la jubilación del doctor Marciano Sánchez” y de que “su forma de gestionar es un agravante añadido para provocar errores indeseables y a veces irresolubles”. Rodríguez ocupa este cargo desde que en enero de este año Javier Fernández-Lasquetty tomara la decisión de dimitir tras la resolución de los tribunales de suspender cautelarmente el proceso de privatización sanitaria que quería llevar a cabo en varios hospitales de la comunidad.

María Nieves Lozano, portavoz de Fesitess Madrid –un sindicato de técnicos superiores sanitarios–, ha recordado que no hay que olvidar a los cuatro directores de los centros de salud de General Ricardos, Las Águilas, Legazpi y Nuestra Señora de Fátima que fueron destituidos de sus cargos el pasado mes de junio.

Lozano recuerda que estuvo en la Asamblea de Madrid el día en que los directores fueron relevados. “Lo único que dijo el consejero aquel día fue que el director general de atención primaria, Javier Alemany, los puso ahí, y que él los quitaba, ya está. Pero la razón es que entre los recortes bestiales que se han hecho se ha acabado sin disponer del dinero para cubrir las suplencias. Pero además de todo esto lo que ocurres es que, políticamente, estos directores son incorrectos para ellos”, concluye Lozano.

Jesús Escudero, uno de los portavoces de la Medsap, está incapacitado para trabajar como consecuencia de un trasplante hepático y de sufrir hepatitis C. “Yo estoy aquí gracias a la sanidad pública. Es un tema que me afecta directamente, porque los trasplantes de órganos internos únicamente se pueden hacer en la sanidad pública, y esto es precisamente a lo que están atacando” denuncia el portavoz.

Respecto a la jubilación del doctor Sánchez Bayle, Escudero explica que las jubilaciones forzosas previstas en al ley no se sumplen en muchos casos. “El mismo consejero tiene más de 70 años y sigue ejerciendo. No entendemos que a unos se les permita ser emérito y a otros no. Ante esto hay una justificación muy clara, y es que el doctor Bayle se ha significado fuertemente en la defensa de la sanidad pública. Sus enfrentamientos con los anteriores consejeros, con el presidente de la Comunidad de Madrid, con todo el estamento del Partido Popular es tan grande que esta decisión yo creo que al menos ha sorprendido ha sido al doctor, a todos los demás nos ha producido mucho dolor”, lamenta.

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La Mesdap recuerda también el caso del Hospital de Collado Villalba. La Consejería de Sanidad abona 900.000 euros mensuales a la empresa adjudicataria, IDC Salud (antes Capio), aunque el centro sigue cerrado. “¿Si el problema es que no hay dinero, por qué no destituyen al consejero, que se gasta 900.000 euros todos los meses?” denunciaba Lozano.

Este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Mutuas, en la que se establece que estas entidades llevarán a partir de ahora el seguimiento de los trabajadores en baja por incapacidad temporal. “Es otra nueva agresión a un sistema público. Nos amenazaron con que las altas de los enfermos de incapacidad temporal las comenzarían a dar las mutuas, en vez de los médicos de cabecera. Ahora han suavizado un poco la ley, pero permiten a las mutuas la vigilancia de los trabajadores. No sé por qué traspasan esa responsabilidad a un médico que no es público y que además su gestión va a ser valorada económicamente”, explicaba el portavoz de la Medsa, Jesús Escudero.

La Medsap también denuncia el proyecto de las Unidades de Gestión Clínica que pretende poner en marcha la Consejería de Sanidad. “Estas unidades, después de la paralización judicial de la privatización de los hospitales fue también un nuevo invento de la consejería por lo que se le permite a una especie de cooperativa, formada por los propios profesionales sanitarios, el gestionar un presupuesto de un ambulatorio de atención primaria. Esto nosotros, desde la Mesa, lo vemos como una forma de confundir a los ciudadanos dándoles a entender que van a ser gestionados por los profesionales, cuando éstos van a tener de nuevo una mediatización monetaria de su gestión. Es otro paso más para que en la sanidad pública entre un sistema economicista. La sanidad no tiene que medirse por un sistema económico, sino por un sistema de curación” sentenciaba Escudero.