El PP de Toledo ratificó en 48 horas el sobrecoste en la limpieza urbana que firmó el extesorero de Cospedal

El extesorero del PP de Castilla-La Mancha Lamberto García Pineda, que también fue concejal de Hacienda y de Empleo del Ayuntamiento de Toledo entre 2003 y 2007, fue la persona que promovió el acuerdo con la empresa Sufi que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por una comisión ilegal de 200.000 euros al PP de María Dolores de Cospedal. El protocolo fue ratificado por la Junta de Gobierno municipal en 48 horas, con García Pineda como vicealcalde.

Apenas unos días después de la adjudicación del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras de Toledo, el sobrecoste en el servicio, que superaba los 90 millones de euros en un periodo de diez años, era de 11,3 millones.

Celeridad

Esta inusual celeridad para aprobar la modificación al alza se constata en la documentación enviada a Ruz, que investiga la presunta financiación ilegal del PP. En concreto, en los expedientes se puede comprobar que la Junta de Gobierno de Toledo se reunió el 23 de mayo de 2007 en una sesión ordinaria, aprobando "un asunto de urgencia", que consistía en la ratificación de un protocolo firmado dos días antes, el 21 de mayo, entre el Ayuntamiento, la empresa concesionaria del servicio de limpieza Sufi y el comité de empresa.

El encargado por parte del Consistorio fue el propio Lamberto García Pineda, que también era vicealcalde de Toledo. Y en el documento que tiene el juez Ruz en su mesa, al que ha tenido acceso infoLibre,se especifica que el sobrecoste "por las circunstancias del mercado laboral y las necesidades sociales han hecho que las condiciones pactadas en el convenio colectivo hayan quedado obsoletas" por lo que tenían que ser revisadas por encima del incremento del IPC.

Amenaza de huelga

De esta forma, cuatro días antes de que se celebraran las elecciones autonómicas y municipales el 27 de mayo de 2007, Lamberto García Pineda, número dos del alcalde, José Manuel Molina. lograba desactivar una amenaza de huelga por parte del comité de empresa de Sufi, filial del sector de limpieza de Sacyr. Su presidente era entonces el empresario murciano Luis del Rivero, imputado en el caso.

El magistrado investiga esta adjudicación del PP de Toledo después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas asegurara en una de sus declaraciones en la Audiencia Nacional que había intermediado en un pago de 200.000 euros de la filial de Sacyr-Vallehermoso al PP de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La también secretaria general del PP nacional negó estos hechos.

Pero sin embargo su gerente, José Ángel Cañas Cañada, confirmó haber redactado y firmado un manuscrito en el que reconocía haber recibido esos 200.000 euros de Bárcenas. Aunque también explicó que nunca recibió ese dinero, algo que sirvió para que el propio extesorero, que permanece en la prisión madrileña de Soto del Real desde el 27 de junio de 2013, le calificara de "imbécil"imbécil por firmar un documento y no recibir el dinero.

Acuerdo nulo

Por su parte García Pineda, que declaró este jueves durante 40 minutos en la pieza separada del caso Gürtel en la que se investiga la supuesta contabilidad B de los conservadores, defendió la legalidad de este contrato que, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), se elevó en 11,3 millones de euros, "omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho".

El compareciente, que abandonó la Audiencia Nacional cubriendo su rostro con un periódico, explicó que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el incremento salarial como "un protocolo de intenciones sin eficacia normativa" al que se llegó después de que la empresa y los trabajadores en huelga llegaran a un acuerdo por la proximidad de la fiesta del Corpus aunque ha sostenido que nunca se llegó a ejecutar y que el nuevo Ejecutivo local, del PSOE, lo ignoró. "Debió de quedarse en un cajón", dijo.

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Papel "decorativo"

García Pineda, que aseguró que su papel como tesorero entre 2004 y 2008 fue meramente "decorativo", defendió la legalidad de todo el proceso de adjudicación del contrato, y dijo que su aprobación se realizó a partir de los criterios técnicos que se analizaron en una comisión técnica de valoración y una comisión externa.

De igual modo, apuntó que aunque le presentaron una vez a la secretaria general del PP y candidata en la región, María Dolores de Cospedal, no solía tratar con ella ni con Bárcenas. Tampoco despachaba con el gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas Cañada.