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Energía

El Gobierno de Canarias presenta recurso de alzada contra la autorización de las prospecciones

  • El Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales califica de "chapuza" el expediente de Industria
  • El estudio de impacto no es el "adecuado", subraya el recurso

infolibre Publicada 08/09/2014 a las 16:00 Actualizada 08/09/2014 a las 16:13    
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El Gobierno de Canarias, a través del comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, ha presentado ante la Secretaria de Estado de Energía el recurso de alzada contra la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Repsol la ejecución de las prospecciones en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.

Según Fernando Ríos, "existen distintos argumentos que fundamentan el recurso, entre los que cabe destacar, como se ha denunciado a lo largo de estos dos años, que el expediente instruido por el Ministerio de Industria es una auténtica chapuza", informa Europa Press.

El comisionado añade en una nota que la autorización "presenta numerosos defectos formales tales como no haberse sacado a información pública parte importante de la documentación medioambiental, hurtándose a los ciudadanos el conocimiento de información relevante; o que la declaración de impacto ambiental (DIA) haya sido emitida sin que el Ministerio de Medio Ambiente conociera informes sobre aspectos esenciales del proyecto que afectan directamente no solo a la flora y fauna sino incluso a la salud de las personas".

Además, critica que "ni siquiera se ha tenido en cuenta ni contestado las miles de alegaciones realizadas por ciudadanos, colectivos y administraciones, lo que vicia de nulidad todo el procedimiento".

Sin estudio de impacto "adecuado"

Para Ríos, el estudio de impacto no realiza un estudio científico "adecuado" sobre los cambios estacionales, oceanográficos y climáticos, "ni alcanza los objetivos propuestos con el diseño de muestreo utilizado ni permite detectar impactos en el futuro".

En su opinión, el estudio "ignora" las posibles afecciones a espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000, donde se ha registrado la presencia de 30 especies de cetáceos "sin que se haya descartado la presencia de ninguna de ellas en el área de prospección".

De hecho, señala que a escasos kilómetros de los puntos de sondeo se encuentra una las áreas marinas más importantes de Europa en cuanto a biodiversidad, en trámite de ser declarada Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), "lo que supone una vulneración de la normativa europea".

El comisionado del Gobierno de Canarias también recrimina a Repsol que se "escude" en la ausencia de información para no reconocer la rica biodiversidad de la zona porque, dice, "lo cierto es que un informe realizado a instancias de la propia Repsol en 2003 reconoce la importancia del área de los sondeos para los cetáceos y tortugas marinas, especialmente para especies protegidas por normativa europea [delfín mular y tortuga boba]".

Por otra parte, Fernando Ríos considera que sería razón suficiente para la interposición del recurso que "la declaración de impacto ambiental realizada por el Ministerio de Medio Ambiente prácticamente solo recoja las opiniones de Repsol, por lo que técnicamente no garantiza la viabilidad ambiental del proyecto, al no entrar a corregir las principales deficiencias derivadas de la mala praxis de la técnica de evaluación empleada en el estudio de impacto ambiental".

Además, expone que se "vulnera" el principio de prevención al remitir la elaboración y la valoración ambiental de numerosos aspectos ambientales a fases posteriores a la emisión de la propia declaración de impacto ambiental.

"Contradicción"

Asimismo, ve una "contradicción" del Estado al autorizar las prospecciones, ya que en 2007 ya advertía de que 'la realización de actividades que incluyan el uso de sonares activos de baja y media frecuencia y alta intensidad, especialmente los utilizados en maniobras militares, actividades de prospección o explotación petrolera o de gas o estudios sísmicos u oceanográficos que incluyan dichas emisiones, deben prohibirse'.

Así, el Gobierno de Canarias solicita que se declare la nulidad de la Resolución recurrida de conformidad con el artículo 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que tanto el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la documentación técnica y ambiental como la propia declaración de impacto ambiental presentan "omisiones, carencias, deficiencias, contradicciones e incertidumbres que lo vician de invalidez". Por ello, espera que se ordene retrotraer el procedimiento al trámite de información pública.

Fernando Ríos indica también que "para evitar los graves perjuicios de imposible o difícil reparación que ocasionaría la ejecución de las prospecciones, se ha solicitado la suspensión de la autorización hasta que se resuelva el recurso".

En caso de que el recurso se desestime, el Gobierno de Canarias podrá acudir aún a la Audiencia Nacional, en lo que será "otro largo proceso judicial" en contra de las prospecciones petrolíferas, señala Ríos.


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