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El 'caso Bárcenas'

Ruz rechaza desbloquear las cuentas de Bárcenas porque tiene “un elevado patrimonio oculto”

  • Considera "improcedente" la petición por el "origen ilícito" de sus 48 millones de Suiza y la responsabilidad civil que podría afrontar
  • El juez cree que Bárcenas sigue teniendo a su disposición "un elevado patrimonio oculto que le habría permitido continuar costeando sus diversos gastos"

infolibre Publicada 08/09/2014 a las 19:20 Actualizada 08/09/2014 a las 19:21    
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El juez Pablo Ruz, en las inmediaciones de la Audiencia Nacional.

El juez Pablo Ruz, en las inmediaciones de la Audiencia Nacional.

EUROPA PRESS
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado el desbloqueo de las cuentas bancarias en Suiza que le solicitó el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas para afrontar los gastos de su defensa, al considerar que continúa teniendo "un elevado patrimonio oculto que le habría permitido continuar costeando sus diversos gastos".

En un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado rechaza "la liberación de fondos" que Bárcenas solicitó el pasado 29 de julio y considera esta petición "improcedente" utilizando los mismos argumentos que empleó para resolver peticiones similares de otros imputados, como el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, Ruz señala que "el origen presuntamente ilícito del patrimonio" de Bárcenas, que alcanzó los 48,1 millones de euros en enero de 2008, justifica su "comiso" y que, en todo caso, "el pago de los gastos de defensa habría de llevarse a cabo una vez satisfechas, entre otros importes, las responsabilidades civiles en que pudieran haber incurrido" los imputados. En su caso, el extesorero se enfrentaría en el juicio oral al eventual pago de una indemnización de 43,2 millones de euros.

En su resolución el juez instructor recuerda que está "indiciariamente acreditado" en la investigación que Bárcenas depositó en varios bancos suizos fondos que procederían "tanto de cobros indebidos vinculados a adjudicaciones públicas y, en consideración particular a su cargo de senador, como de presuntas apropiaciones de fondos del Partido Popular cuya administración tenía encomendada".

En junio pasado la Agencia Tributaria remitió al juez un informe en el que sostenía que la cuñada del extesorero del PP pagó unos honorarios a su abogado, Javier Gómez de Liaño, que triplican su sueldo anual, por lo que el letrado podría estar siendo pagado con "posibles rentas ocultas" del investigado.

La mujer, Armida Iglesias Villar, hermana de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, abonó en 2013 al bufete unos emolumentos de 65.000 euros cuando sus ingresos como trabajadora de una empresa familiar del sector cárnico ascendían a 21.478 euros.

Gómez de Liaño explicó que la cuñada de Bárcenas pagó sus honorarios correspondientes a 2013 realizando dos transferencias desde una libreta de ahorros que tenía en el BBVA de Astorga. Según el letrado, la cantidad que recibió fue de 50.000 euros más 10.500 de IVA, en contra de lo señalado por el informe de la Agencia Tributaria.

Además de esta resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 rechazó en julio pasado desbloquear 115.000 euros para que Bárcenas pagara el Impuesto de Sociedades que debía abonar la sociedad Tesedul, una de las que utilizó para depositar sus fondos en el país helvético, que alcanzaron los 48,1 millones de euros en enero de 2008.

También denegó el desbloqueo de 6.000 francos suizos (4.932,40 euros) que Bárcenas tenía en el banco Lombard Odier de Ginebra para poder litigar en el procedimiento que se sigue contra él en Suiza y evitar así que la documentación obtenida en la causa pueda utilizarse contra él en un futuro juicio oral.

Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, tienen embargadas sus cuentas bancarias, su vivienda en Madrid y su chalet en la estación de esquí de Baqueira Beret, entre otros bienes, desde julio de 2013. Así lo acordó el juez Ruz al objeto de cubrir las responsabilidades civiles que podrían afrontar, que en el caso de la esposa del extesorero alcanzarían los 6 millones de euros.


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