Gallardón: “Me da igual que sea burka o un casco de moto, no puede estar autorizado”

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que en la regulación del uso del burka hay que analizar tanto los derechos de la mujer como la seguridad, al haber situaciones en las que el ciudadano tiene la obligación de identificarse. "Cuando tal cosa ocurra, está claro que me da igual que sea el burka como un casco integral de moto, evidentemente no podrán estar autorizados por las autoridades", informa Europa Press. 

Tras reunirse con su homóloga francesa, Christiane Taubira, Gallardón ha sido preguntado si la regulación del país vecino es trasladable a España, después de que su compañero de Interior, Jorge Fernández Díaz, haya puesto sobre la mesa la regulación de la prohibición del burka en espacios públicos en el marco de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. 

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Gallardón ha subrayado que es conveniente analizar dos parámetros a la hora de estudiar la aplicación de cualquier medida sobre esta cuestión. Para el ministro de Justicia, el "primero y más importante" radica en que se garanticen los derechos de la mujer, añadiendo que "si se llega a una conclusión razonable y meditada de que la imposición de determinadas prendas de vestir significa una limitación de los derechos de la mujer, debe ser objeto de reflexión por parte del legislador". Mientras que la segunda se refiere "estrictamente" a materia de seguridad y no afecta "única y exclusivamente" al burka.

En este sentido, ha añadido que son "numerosas" las situaciones en que los ciudadanos tienen la obligación de identificarse por existir un riesgo. "Donde tal cosa ocurra, está claro que me da igual que sea el burka como un casco integral de una moto, evidentemente no podrán estar autorizados por las autoridades", ha zanjado el ministro. 

Al ser preguntado si España podría aplicar medidas como las de Reino Unido para impedir el regreso de yihadistas, Gallardón ha respondido que hay medidas cautelares que se pueden aplicar en frontera a extranjeros pero no a nuestros nacionales, recalcando que la seguridad de los españoles queda garantizada con políticas de prevención y siempre que haya indicios fundados de criminalidad.