Colegio de Registradores

IU pregunta al Gobierno por qué se “obceca” en su reforma del Registro Civil

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D. R.

El diputado de IU y portavoz de Justicia de Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha presentado este jueves dos preguntas parlamentarias al Gobierno acerca de la "obcecación" del Ejecutivo en "atribuir la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles en contra de su voluntad", toda vez que estos funcionarios acaban de crear una nueva asociación para oponerse a una reforma que, a su juicio, amenaza con acabar con “uno de los mejores sistemas registrales del mundo”.

Entre otros cambios, la reforma supone el traspaso de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles –ahora está encomendada a jueces y funcionarios de Justicia–, así como la creación de una plataforma tecnológica común que permitirá la homogeneización de los sistemas informáticos de todos los registros y la coordinación del Registro de la Propiedad con el catastro. Los registradores argumentan que no pueden asumir el ingente trabajo adicional que va a suponer el Registro Civil ni hacerlo de forma gratuita, así como que el Gobierno pretende "someterlos a la estructura jerárquica de la Administración Pública”.

En este sentido, Llamazares recoge en sus preguntas la opinión del Colegio de Registradores, que plantea que el cambio legislativo “puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia”. "¿No se ha parado el Gobierno a pensar que algo falla en ese proyecto si ha suscitado las críticas de los Registradores Mercantiles, del Colegio de Registradores, de los Secretarios Judiciales y de una parte sustantiva de los jueces, juristas y expertos en Administración Pública?", cuestiona el diputado de IU.

Críticas a una adjudicación a dedo

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Llamazares también pide explicaciones al Ejecutivo sobre la situación en la que se encuentra "el expediente de adjudicación del tratamiento de los datos de la plataforma de gestión del Registro Civil a una empresa privada". Y el diputado, igualmente, pregunta sobre las relaciones del Gobierno con otra empresa a la que se encargó a dedo un software para gestionar los sistemas de digitalización de los expedientes de nacionalidad, un sistema por el que el Colegio de Registradores –que depende del Ministerio de Justicia– pagó 5,15 millones de euros a la compañía Futuver pese a que su precio de mercado rondaba los 400.000 euros.

"El problema es que el administrador solidario de la filial rumana de Futuver era Javier Angulo [el registrador que fue el Jefe de Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad y director del equipo nombrado por Justicia para desatascar el colapso en este departamento]", denuncia Llamazares. "Es decir, que Angulo decidió que los registradores contrataran el software de su propia empresa privada. Este negocio dividió a la Junta de Gobierno del Colegio, controlada por registradores afines de Gallardón", abunda el diputado, que es taxativo al afirmar que "una auditoría del Colegio reveló después que la contratación de Futuver se realizó 'por encima de los precios de mercado'", señala.

Por ello, el portavoz de Justicia de Izquierda Plural cuestiona al Gobierno por la razón por la que adjudicó a dedo a Futuver la elaboración de este software, así como por el motivo que le llevó a pagar una cantidad tan elevada por él. Igualmente, Llamazares pregunta "si el trabajo y funciones de Javier Angulo como administrador solidario de la empresa privada Futuver Rumanía" eran "compatibles con las funciones de asesoramiento que desempeñaba para el Ministerio [de Justicia]", y también plantea si el Gobierno "piensa investigar o poner en conocimiento de la Fiscalía las turbias condiciones de adjudicación y de pago del software [...] a la empresa privada Futuver".

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