Una vuelta de tuerca al capitalismo: el 'bien común' y otras alternativas económicas

"¿Por qué manda el mercado, si yo no lo he votado?". La frase fue uno de los cientos de lemas que se repitieron durante las manifestaciones y concentraciones que el movimiento 15-M llevó a cabo en su eclosión en el año 2011 y plasmaba el descontento de muchos ciudadanos con el funcionamiento de un sistema económico con demasiado poder.

Las quejas no han venido solas. En los últimos años han aparecido alternativas económicas que pretenden, si bien no sustituir al capitalismo como modelo, sí complementarlo para conseguir objetivos como el crecimiento sostenible, el freno a la destrucción del medio ambiente o una mejor distribución de la riqueza, que según economistas como el francés Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI, se ha ido concentrando en cada vez menos manos, especialmente en los últimos 30 años.

"La diferencia sustancial entre el sistema tradicional y la economía del bien común es que para nosotros el dinero es un medio, no el fin en sí mismo". Así resume Beatriz de Andrés, vocal de la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común, este modelo planteado por primera vez en 2010 por el economista austriaco Christian Felber y cuyo nombre es, ya en sí mismo, una declaración de intenciones. Básicamente, se pretende que, a través de los mecanismos del libre mercado, a las empresas les sea rentable aplicar buenas prácticas laborales, medioambientales o sociales y que el consumidor, así, también se beneficie.

"De lo que tratamos es de implantar el libre mercado en esencia, porque lo que existe actualmente no es libre mercado", explica De Andrés. La clave, señala, es que los consumidores están desinformados acerca de los productos que compran y las empresas que los fabrican. "Cuando compras, compras por el posicionamiento de la marca o por otra serie de factores, pero no sabes cómo funciona la empresa: cómo paga a sus proveedores, cómo trata a sus trabajadores... lo que nosotros postulamos es que esa información sea pública, y que a partir de ahí el cliente decida", abunda la portavoz.

Las empresas, auditadas

La vocal de la asociación compara el sistema con el modelo que se sigue a la hora de comprar un electrodoméstico o elegir un hotel, donde una clasificación energética o el número de estrellas permite al potencial consumidor hacerse una idea de cómo es el producto o servicio que va a adquirir. La economía del bien común plantea un sistema similar: las compañías serían auditadas y, en función de cuáles fuesen sus prácticas empresariales, serían calificadas con un número entre 0 y 1.000, una cifra que se pondría a disposición de los clientes a la hora de realizar su compra. 

Los aspectos que mide esta tabla abarcan el trato a los empleados, la huella medioambiental de la empresa o la procedencia de su capital. En este sentido, se comprobarían aspectos como la distribución salarial –es decir, la diferencia entre el que más gana de la empresa y el que menos–, la horizontalidad en la toma de decisiones y la participación de los empleados en la misma o la "aportación a la comunidad" de la compañía, a través de actos como por ejemplo "donaciones de dinero, créditos sin interés o de interés bajo, o bien pagos a fundaciones o premios de promoción", según explica la asociación en su Manual básico sobre el balance del bien común, destinado a las propias empresas. "También se mide el banco con el que trabajas", explica De Andrés, que señala que, por ejemplo, si esta entidad presta dinero a empresas que comercian con armas, la calificación de la empresa se vería afectada negativamente.

Las empresas que cumplieran una serie de objetivos tendrían una serie de ventajas legales, como exenciones fiscales o créditos baratos. Un auditor externo se encargaría de valorar hasta qué punto cumplen las compañías con estos criterios, si bien también existen otras dos opciones. La primera de ellas, según explica De Andrés, es que la compañía haga una "autoevaluación", un examen que, no obstante, tan sólo serviría "para testar en qué posición" se encuentra, ya que la nota final no podría hacerse pública; en segundo lugar, señala, existe la posibilidad de que un grupo de empresas "se auditen entre ellas", si bien en este caso la calificación final tampoco podría servir como guía a los consumidores. En España, alrededor de medio centenar de sociedades se han sumado ya a esta iniciativa, según De Andrés.

Las nuevas tecnologías, la base de la economía colaborativa

"La economía del bien común se construye en base a los valores que hacen florecer a nuestras relaciones: confianza, responsabilidad, aprecio, democracia, solidaridad y cooperación", señala la web de la asociación. Y precisamente en la cooperación se basa el modelo económico del "procomún colaborativo", propuesto por Jeremy Rifkin, economista, sociólogo y fundador y presidente de la Fundación para el Estudio de Tendencias Económicas, quien en su nuevo libro, La sociedad de coste marginal cero, plantea que las nuevas tecnologías proporcionarán a las personas el dominio sobre la producción de bienes como la información o la energía.

"Las empresas siempre han buscado tecnologías nuevas que les permitan aumentar la productividad y reducir el coste marginal de producir y distribuir bienes y servicios con el fin de bajar precios, atraer consumidores, ganar cuota de mercado y garantizar beneficios suficientes para sus inversores. Pero nunca previeron una revolución tecnológica que pudiera dar lugar a una productividad extrema y redujera los costes marginales casi a cero, consiguiendo así que la información, la energía y muchos bienes y servicios físicos dejaran de estar sometidos a las fuerzas del mercado y fueran abundantes y casi gratuitos. Y eso es lo que está empezando a suceder", explicaba a este respecto Rifkin en un artículo publicado en El País.

Esto provocará, según el economista, que los consumidores se conviertan a su vez en los productores de una serie de servicios y productos –la energía procedente de fuentes renovables, la cultura y la información e incluso los objetos físicos fabricados a través de impresoras 3D– que compartirán a través de plataformas basadas en Internet. Es un modelo similar al de Blablacar, que pone en contacto a usuarios que vayan a realizar un viaje en coche hacia el mismo lugar para que compartan automóvil y así ahorren gastos. "Estamos entrando en un mundo que, en parte, se encuentra más allá de los mercados, un mundo en el que aprendemos a convivir en un procomún colaborativo mundial cada vez más interdependiente", afirma Rifkin en su artículo.

El orué, una moneda para dinamizar un barrio

Un ejemplo de este consumo colaborativo se encuentra en el barrio valenciano de Russafa, donde la asociación Russafa Innova puso en funcionamiento el año pasado una moneda propia para dinamizar la actividad comercial de la zona, el orué. Sus promotores hacen hincapié en la necesidad de conseguir un mercado donde los servicios puedan intercambiarse sin interferencias que perjudiquen a los consumidores: "Lo que consigue la economía colaborativa gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación es volver a tener un mercado de libre competencia", señala Joaco Alegre, uno de los impulsores.

La moneda social o "complementaria" que echó a andar el año pasado –como insiste en llamarla Alegre– se unió a las más de 300 que, según aseguran los promotores, existen en Europa. Su funcionamiento es sencillo: los consumidores –cualquiera puede apuntarse– reciben una tarjeta con la que pueden pagar sus compras en los comercios del barrio que aceptan la moneda y, además, pueden intercambiar productos y servicios con otros usuarios de la divisa. "Hemos permitido una capacidad de descubierto de 500 orués", explica Alegre, que afirma que si un vecino llega a esa deuda podrá conseguir nuevas divisas ofreciendo sus servicios o productos a otros.

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El sistema es idéntico al de la economía tradicional, con la diferencia de que, al pagar con esta moneda, "toda la riqueza se queda en el barrio". "Yo voy de mi fontanero a mi electricista, al masajista...", señala el promotor, que explica que, para favorecer precisamente este concepto de colaboración vecinal, los orués se "oxidan": según pasa el tiempo, pierden valor, por lo que "es valioso utilizarlos rápidamente". Y, a diferencia de otras monedas sociales, la de Russafa no es convertible en euros, lo que potencia su carácter "complementario".

Una lógica similar siguen los llamados bancos de tiempo, de los cuales hay en marcha más de 280 sólo en España. Se trata de plataformas que permiten que los usuarios pongan a disposición del resto sus servicios y habilidades de manera gratuita: sólo se contabilizan las horas de servicio prestado y recibido. De esta forma, si un usuario da 4 horas de clases de inglés a otro, sumará 4 horas a su contador, que posteriormente podrá gastar en un servicio que ofrezca cualquiera de los otros usuarios.

"La economía colaborativa nos está acercando a una estructura de mercado con un mayor grado de libertad", afirma Alegre, que señala que este modelo "se basa en la confianza". El promotor de la moneda social de Russafa asegura que la implantación progresiva de este tipo de plataformas responde, entre otras causas, a los "problemas relativos a la propiedad", una cuestión que resume de manera muy sencilla: "¿Quiero yo tener un disco? No, yo solo quiero oír la canción cuando quiero oírla. ¿Quiero tener un coche? No, no quiero un coche en propiedad, sólo lo quiero cuando necesite moverme".