LOS INTERESES DEL FUTURO COMISARIO

Los socialistas europeos inclinan la comisión jurídica de Estrasburgo en favor de Cañete

Protestas contra el nombramiento de Cañete como comisario de Energía y Acción Climática.

El grupo socialdemócrata, segundo por número de escaños en el Parlamento Europeo, inclinó este lunes la balanza en favor de Miguel Arias Cañete durante la sesión en que la Comisión Jurídica de la Cámara analizó por segunda vez la declaración de intereses del exministro como comisario nominado para las carteras de Energía y Acción Climática.

De los seis socialdemócratas con silla en esa comisión, tres votaron a favor y otros tantos se abstuvieron. ¿Modifica ese dato la posición del PSOE, que se opone con uñas y dientes a que Cañete forme parte de la nueva Comisión Europea? "No, en absoluto", respondió anoche un portavoz de la dirección federal socialista.

En el PP, el sí de la Comisión Jurídica, por mucho que tenga un carácter eminentemente técnico, fue recibido anoche con indisimulada alegría."La Comisión Jurídica ha dejado claro que no hay conflicto de intereses", resumió una fuente parlamentaria. Los conservadores españoles creen que, a partir de ahora, no habrá más obstáculos.

Los Verdes, juramentados con el grupo de Izquierda Unitaria para pararle los pies a quien ya denominan como "el señor petróleo", no tirarán la toalla hasta que la evaluación de Cañete se someta a votación individual de todos los miembros de las comisiones de Industria y Medio Ambiente.

Pero uno de sus más destacados líderes, y miembro de la comisión jurídica, el francés Pascal Durand, emitió por la noche un comunicado que parece admitir la derrota: "Esta noche -dice la nota-, la Europa democrática y transparente ha sufrido un serio revés. Por el contrario, los grupos de presión del petróleo no tienen realmente ninguna necesidad de preocuparse, cuentan con fuertes aliados en el Parlamento Europeo".

El dictamen

La comisión -en la que solo hay dos españoles, Luis de Grandes y Rosa Estarás, ambos del PP- dictaminó que Cañete no incurre legalmente en ningún conflicto de intereses en su situación actual. En realidad, ese extremo no estaba en discusión por cuanto Cañete vendió sus acciones en las dos petroleras familiares, Petrologis Canarias SL y Petrolífera Dúcar SL, a mediados de septiembre. Y lo que ha analizado por segunda vez la comisión es la declaración de intereses de Cañete como nominado a una comisaría, no la que corrigió en su calidad de diputado para incluir lo que cobraba del PP hasta noviembre de 2011.

Pero, tras el duro examen al que Cañete se sometió el miércoles de la semana pasada, los socialdemócratas pidieron que la declaración se sometiera a un nuevo análisis pese a que la que el dirigente del PP modificó no fue esa sino la presentada en su condición de eurodiputado, cuyo formulario sí permite especificar qué actividades ejerció cada cual de manera retribuida y cuáles de forma altruista. 

A la vista de lo ocurrido este lunes, se confirma la tesis de que los socialdemócratas buscaban, sobre todo, ganar tiempo al pedir un nuevo dictamen de la Comisión Jurídica. La pregunta, hoy, reside en saber si el PSOE logrará, como mínimo, que su grupo presione para que Cañete se mantenga como comisario pero al frente de una cartera ajena a los que hasta hace dos semanas han sido sus intereses empresariales directos.

Los otros candidatos

Observadores comunitarios creen que, una vez que el Parlamento ha tumbado la candidatura del derechista húngaro Tibor Navracsics como comisario de Ciudadanía y Educación -Navracsis es muy próximo al xenófobo y autoritario presidente magiar, Viktor Orban-, resulta difícil avizorar la caída de cartera para un segundo candidato conservador. Aun así, el baile de sillas sigue siendo posible aunque nadie sabe si afectará o no a Cañete.

El portavoz de Equo en Bruselas, Florent Marcellesi, expresó tras la reunión el enfado de su grupo: "Una decisión técnica, la de si afronta legalmente un conflicto de intereses, se ha presentado como una decisión política en lo que constituye una mentira".

Los grupos situados a la izquierda del socialdemócrata mantenían anoche la convicción de que Cañete se enfrenta a un claro conflicto de intereses. El candidato a dirigir la doble cartera de Energía y Acción Climática, vendió a mediados de septiembre el 2,5% que poseía respectivamente en el accionariado de Petrologis Canarias y Petrolífera Dúcar.

Pero su cuñado y socio durante lustros, Miguel Domecq Solís, sigue al frente del holding familiar, cuyas ramificaciones se extienden de nuevo hasta Panamá, donde, a través de una compañía radicada en ese país, controla un tercio de la filial local de Cepsa.

La identidad del comprador

Al tratarse Petrologis y Petrolífera Dúcar de dos sociedades limitadas, resulta más que improbable que Cañete no sepa a quién ha vendido los títulos pero hasta ahora se ha negado a desvelar la identidad del comprador. El PP no ha querido siquiera confirmar o desmentir si la adquisición corrió a cargo de su cuñado Miguel Domecq, que dirige el grupo, o de la empresa holandesa Havorad BV, que controla tanto Petrologis como Petrolífera Dúcar y cuyo hilo societario conducía al paraíso fiscal de las Antillas Holandesas y Costa Rica.

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En el examen al que se sometió el miércoles 1 de octubre ante las comisiones de Industria y Medio Ambiente, Cañete sostuvo tajante dos afirmaciones: que ni él, ni su esposa ni su hijo poseen ya el menor vínculo con las dos compañías petroleras; y que jamás ha realizado operaciones vinculadas a paraísos fiscales.

Los documentos de los registros mercantiles de Panamá y España difundidos este lunes por infoLibre certifican en cambio que, entre 1997 y 2000, Cañete fue administrador solidario de la empresa que representaba a la sucursal española de una compañía panameña.

Esa compañía, ya disuelta en Panamá y cuyos activos heredó una empresa española de nueva creación, se llamaba Angelmo International Corp. En los últimos diez años, y precisamente por una operación de préstamo articulada en Panamá, Hacienda ha reclamado a su heredera, Angelmo Development SL, casi un millón de euros en una sucesión de pleitos todavía inacabada.

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