El juez Andreu imputa a Blesa y a Rato por las ‘tarjetas B’

El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto una pieza separada para investigar los hechos relacionados con la existencia de las llamadas tarjetas B y ha citado como imputados para el jueves 16 a partir de las 15 horas a los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al ex director general de Caja Madrid, Ildefonso Sanchez Barcoj.

El juez escuchara en primer lugar a Ildefonso Sanchez Barcoj. Después será el turno del que fuera presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y cerrará las comparecencias el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Andreu recibió el verano pasado la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre los pagos de las tarjetas B, que según Bankia supera los 15,5 millones entre 1999 y 2012. La mayor parte del gasto se produjo durante la etapa de Miguel Blesa (15,2 millones), que según los correos secretos tenía un control absoluto del gastos de los consejeros, pero sobre todo de su equipo directivo. Sobre estos, y muy especialmente sobre Ildefonso Sánchez Barcoj, que según la Fiscalía Anticorrupción era el encargado de entregar las tarjetas B, se centran las sospechas de que podrían haber facturado sus gastos en una cuenta de impagados por errores informáticos.

Los correos electrónicos de Blesa apuntan también a que el entonces secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, pagó con la tarjeta Visa black la fianza de un recurso presentado en nombre de un representante de Izquierda Unida contra el Gobierno del PP de Esperanza Aguirre.

Asimismo, José Manuel Fernández Norniella, el que fuera secretario de Estado del Gobierno de José María Aznar, reconoció a infoLibre haber utilizado la tarjeta para comprar material informático en El Corte Inglés.

De esta forma, un importante grupo de exconsejeros de todos los partidos políticos representados en el consejo de administración de la caja (PP, PSOE, IU, CCOO y UGT) prepararan declaraciones complementarias para evitar la inspección de Hacienda.

Por su parte, los técnicos de la Agencia Tributaria (Gestha) apuntan a la posibilidad de que Caja Madrid podría haber cometido un delito fiscal por no haber declarado el IRPF de los pagos realizados por los consejeros con las tarjetas