El PSOE pide la comparecencia de Rajoy por el “desgobierno” de la crisis del ébola

El PSOE no se decide aún a pedir responsabilidades políticas por la crisis del ébola. Quiere esperar. Por ahora, una semana después de que se conociera el contagio de la técnica sanitaria Teresa Romero, los socialistas se conforman con la solicitud de comparecencia urgente de Mariano Rajoy en el Congreso.

Fue el anuncio con el que salió Pedro Sánchez este lunes bajo el brazo, tras la reunión de la Comisión Permanente –los secretarios de área de su ejecutiva–. El paso previo, en principio, a la petición de dimisiones. El secretario general cree que el presidente debe explicar sin demora la "falta de autoridad, el desgobierno y la crisis de confianza" con que ha respondido a una alarma sanitaria de primer nivel. "Ha llegado la hora de que informe de lo ocurrido", subrayó. Los socialistas quieren que los ciudadanos reciban "información clara y solvente" de varios asuntos: por qué el Ejecutivo "tardó casi una semana en reaccionar", hasta que la vicepresidenta asumió el control, el pasado viernes, de un comité específico y al que se incorporaron expertos; por qué "permaneció impasible" ante el desmantelamiento del único hospital de referencia en España en este tipo de enfermedades, el Carlos III de Madrid; por qué no obligó a la ministra de Sanidad, Ana Mato, a comparecer; por qué ni ella, ni Soraya Sáenz de Santamaría, "ni ningún miembro del Gobierno" ha criticado las "penosas y viles" declaraciones del consejero madrileño de Sanidad, Javier Rodríguez, que acusó a Romero de "mentir". Y debe contar, al fin, cómo va a actuar.

Sánchez acompañó esa exigencia directa a Rajoy con algunas propuestas "constructivas" para "cooperar en la superación de la crisis del ébola". A saber: informe oficial diario sobre su desarrollo que sea trasladado a la opinión pública y a los portavoces parlamentarios, realización de una campaña de información a los ciudadanos sobre las medidas de prevención y las características de transmisión de la enfermedad, restitución del Carlos III como centro de referencia de dolencias infeccionesas, habilitar recursos para que los sanitarios puedan ejercer "con total seguridad" su trabajo e incorporar al comité científico vinculado al comité de crisis a "todas las sociedades científicas y profesionales concernidas en la atención al problema de la infección por ébola". El secretario general también propueso que el presidente lidere y coordine una acción de cooperación al desarrollo, dentro y fuera de España, para "dotar de recursos a los países africanos" afectados por este virus. 

"Llegará el momento de exigir responsabilidades"

El secretario general prologó su solicitud de comparecencia de Rajoy con un recordatorio de la posición "exigente" que su partido había mantenido desde el verano, cuando se produjo la repatriación del primer religioso, Miguel Pajares. El PSOE registró una batería de preguntas para conocer las condiciones en que se produjo el traslado del misionero –y aún no hay respuesta– y pidió que Mato acudiera al Congreso. La ministra lo rechazó. Este jueves sí dará cuenta de su gestión, semana y media después de conocerse la infección de Romero. Sánchez también remarcó que propuso la creación de un comité de crisis, ayudado por expertos, capitaneado por Rajoy. Propuesta que, en cierta medida, asumió el Gobierno, aunque puso al frente a Santamaría, desplazando a Mato. 

De la boca de Sánchez aún no ha salido la palabra "dimisión". Hoy contestó como en otras ocasiones anteriores: "Llegará el momento de exigirlas". Ahora, la prioridad del PSOE es que comparezca Rajoy de forma "urgente" para dar cuenta del "desgobierno" y la "desinformación" respecto a este asunto. Se le preguntó si, entretanto, consideraba que había sido un error la repatriación de los religiosos Miguel Pajares y Manuel García Viejo. El secretario general contestó que su partido no tenía "posición" sobre ese asunto, porque no tenía datos para juzgar. Y lo mismo: que deberá ser Rajoy el que lo explique. 

De la Permanente Sánchez también salió con el anuncio de que el PSOE apoyará el envío de tropas a Irak para participar en las tareas de formación y entrenamiento de personal militar iraquí, decisión aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que ahora deberá ser respaldada por el Congreso. La operación, de la que formarán parte unos 300 soldados, se inscribe en el marco de la coalición internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI). El secretario general argumentó que está avalada por la legalidad internacional y que España no puede rehuir sus compromisos en defensa, habida cuenta de que EI es una amenaza global y por tanto afecta a la seguridad europea y española, que tiene que ser combatida "con toda rotundidad y firmeza".

"España no puede permanecer ajena" ni "mirar para otro lado"

"Somos muy conscientes de los riesgos y dilemas que esta decisión implica, pero no podemos olvidar que nuestro bienestar y nuestra seguridad también depende de lo que ocurre en otras partes del mundo y en consecuencia consideramos que España no puede permanecer ajena a lo que está ocurriendo en Irak", justificó. Llamó a actuar, no obstante, "con el máximo cuidado posible y en estrecha coordinación con los socios europeos y del resto de la comunidad internacional".

Exigió al Gobierno "ser claro y decir la verdad", y subrayó que este despliegue de tropas contra EI quizá no sería necesaria "si no fuese por la desdichada guerra ilegal" de Irak en 2003, a la que se sumó el Ejecutivo de José María Aznar. "Ojalá no haya ningún riesgo –eso prometió el ministro, Pedro Morenés–, pero la operación no va a ser fácil".

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Se le preguntó a Sánchez si la posición del PSOE no suponía, en cierta medida, una "rectificación", puesto que a principios de septiembre, en una entrevista en la Ser, defendió que España debía involucrarse en la coalición internacional, pero "con el envío de tropas no". Los socialistas ahora sí están de acuerdo porque los soldados que viajarán al Estado asiático sólo trabajarán en el adiestramiento del personal iraquí, no a acciones de combate, una posibilidad que el Gobierno, por otra parte, nunca ha defendido. Sánchez subrayó que su partido siempre ha defendido "lo mismo": que España no podía "mirar para otro lado" y permanecer al margen de la coalición internacional.

El secretario general también confirmó que la instrucción de los expedientes contra 16 militantes implicados en el escándalo de las tarjetas "ha acabado", puesto que los afectados han podido "defenderse" y "explicar" el uso que hicieron de esas visas black. En los próximos días se darán a conocer las decisiones de la instructora, Susana Sumelzo, secretaria de Administraciones Públicas de la ejecutiva. Decisiones que serán "duras y contundentes", en línea con lo que ha venido diciendo y con lo que, sin ir más lejos, remarcó el sábado en el Foro de Limpieza Democrática: "A los que han usado tarjeta negra en Caja Madrid, tarjeta roja y directa". También se le preguntó por el comportamiento de José Ángel Fernández Villa, líder histórico del sindicato minero SOMA-UGT, que escondió 1,4 millones de euros a Hacienda. Sánchez dijo sentir "asco y vergüenza" por su comportamiento y "orgullo" por la actitud del presidente asturiano, Javier Fernández, que anunció su expulsión inmediata. 

El líder de los socialistas hará pública esta tarde las condiciones de la hipoteca suscrita en 2008 con Bankia, por importe de 159.300 euros. Este lunes, una información de El Mundo indicaba que los miembros de la asamblea general de Caja Madrid –a la que él perteneció cuando era concejal del Ayuntamiento de la capital, de 2004 a 2009– disfrutaron de una "línea especial de préstamos". Sánchez dijo que el crédito de la antigua entidad tiene "las mismas condiciones de financiación del mercado". Él, dijo, no tiene "nada que ocultar". "Soy un político transparente con los bolsillos de cristal", que ha puesto a disposición de todo el mundo su declaración de renta y patrimonio, y no va a "aceptar" que se le vincule con "prácticas ofensivas y corruptas", como las que pudieron tener Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Volvió a insistir en que nunca cobró "ni un céntimo de euro" como miembro de la asamblea, ni tomó ninguna "decisión política" de las que están siendo investigadas, como la venta fraudulenta de preferentes. .