Conflicto de intereses

Catalá fue vocal de una fundación de apoyo al juego hasta ser nombrado ministro

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Congreso de los Diputados.

Rafael Catalá Polo dimitió como vocal de la Fundación Codere, una organización sin ánimo de lucro promovida y controlada por la multinacional homónima de casinos y máquinas recreativas para la que Catalá trabajó hasta finales de 2011, justo antes de su toma de posesión al frente del Ministerio de Justicia. La fundación tiene entre sus objetivos el de impulsar iniciativas “que permitan la mejora y el desarrollo de las políticas públicas sobre el juego de azar”

Fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado a infoLibre que, tras conocer su nombramiento como sucesor de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de Justicia y antes de que se hiciese oficial (se publicó en el BOE el 29 de septiembre), Catalá envió de inmediato a Fundación Codere una carta en la que comunicaba su cese como patrono. Las mismas fuentes añadieron que, a la vista de que su nombre seguía figurando el jueves de la semana pasada en la web corporativa de Codere, la empresa fue alertada desde el ministerio para que modificase el contenido. Esa misma tarde, el nombre de Catalá ya no aparecía.

La Oficina de Conflictos de Intereses avaló su permanencia

Este diario formuló a los portavoces oficiales de Catalá una segunda pregunta: ¿por qué ha dimitido ahora pero se mantuvo como vocal de la fundación durante todo el periodo —de diciembre de 2011 a septiembre de 2014— en que ejerció como número dos del Ministerio de Fomento?

Según Justicia, tras su nombramiento como secretario de Estado Catalá pidió un dictamen a la Oficina de Conflictos de Intereses sobre si podía mantener sus puestos como vocal de Fundación Codere y miembro del Consejo Social de la UNED, ninguno de los cuales estaba remunerado. El dictamen fue favorable al hoy ninistro: no había incompatibilidad en ninguno de los dos casos, aseguran los portavoces de su departamento.

Tras una primera estancia en el Ministerio de Justicia como secretario de Estado durante el mandato de José María Michavila en el último Gobierno de Aznar, Catalá ocupó luego la secretaría general del Consejo de Administración del grupo Codere SA, para el que trabajó hasta su vuelta al Ejecutivo como número dos de Fomento.

En una entrevista concedida al diario Expansión en julio de 2011, el hoy ministro se declaró convencido de que España es el mercado más preocupante para el juego”.

A la pregunta de si vería con buenos ojos la paralización de la salida a bolsa de Loterías en otoño, momento en que podría producirse un adelanto electoral como en efecto lo hubo, Catalá respondió así en aquella entrevista: “Si el resultado de esas elecciones anticipadas supone, como todo apunta, a un cambio de Gobierno, sería razonable que el proceso de salida a bolsa se paralizase. Además hay incertidumbre en cuanto a qué mercado va a haber en esas fechas. El tema del precio no es un tema menor, ya que la situación económica es la que es. Así que no tiene ningún sentido plantear una privatización si la hacienda pública no obtiene un retorno importante”.

Deuda multimillonaria y 'fondos buitre'

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La fundación, que comparte presidente con el grupo empresarial matriz —José Antonio Martínez Sampedro—, ha iniciado lo que se perfila como una larga travesía del desierto. Con 51.664 terminales de juego, 172 salas de juego, 1.640 puntos de apuestas y dos hipódromos, Codere se vio literalmente acosada por sus acreedores a comienzos de año.

Controlada por la familia Martínez Sampedro (68,5%), Codere trasladó en febrero a la CNMV la denuncia interpuesta por UGT —mayoritario en la empresa— sobre la actuación de los fondos buitre en la compañía. Con una deuda total de 1.214 millones de euros a febrero de este año, en 2013 Codere facturó 1.174 millones. El 40% de sus ingresos procede de Argentina.

En la denuncia sobre el acoso a Codere, UGT detallaba la operativa de los fondos que, en opinión del sindicato, puede ser ilegal. El texto explicaba que los fondos de inversión Canyon Capital Finance y GSO Capital Partners, adquirieron la deuda bancaria de Codere a las entidades Credit Suisse, Barclays, BBVA y Houston Casualty Company, "quienes la cedieron sin la autorización de Codere, como era preceptivo". Hasta la fecha, la denuncia de UGT no se ha traducido en ninguna investigación por parte de Anticorrupción y/o la CNMV.

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