El Gobierno se arroga el hallazgo del 'escándalo de las tarjetas'

El Gobierno se sube al carro del escándalo de las tarjetas. Obviando el hecho de que la mayoría de los miembros del consejo de administración de Caja Madrid y Bankia fueron nombrados a propuesta del PP (como también lo hicieron PSOE, IU, la patronal y los sindicatos), y olvidando que el caso está siendo investigado gracias a una querella de UPyD y 15MpaRato, la vicepresidenta subrayó que ahora se conocen estas prácticas gracias a los mecanismos de "transparencia" impulsados por el Ejecutivo. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, se preguntó a Soraya Sáenz de Santamaría si el Gobierno se sentía "indignado" con el escándalo. "Ya le digo que sí", respondió al periodista. Y a continuación se apuntó el tanto: "Es una práctica que por desgracia se ha producido en España durante bastantes años, y se ha conocido ahora, lo cual pone de manifesto que los mecanismos de transparencia y control eran necesarios. Había que haberlos puesto en marcha antes, pero los ha puesto este Gobierno. Y estamos pudiendo conocer hechos como estos, que nos indignan a todos en general". La vicepresidenta aún volvió una vez sobre este asunto, con un cierto afán de adanismo. "Desde que ha empezado a haber transparencia, se están conociendo prácticas y actuaciones reprochables. La transparencia hay que extenderla a todos los aspectos de la vida pública y social". 

La realidad la desmiente. La investigación comenzó en la Audiencia Nacional hace más de dos años cuando, tras la defenestración de Rodrigo Rato –elegido por Mariano Rajoy para sustituir a Miguel Blesa en 2010– y la llegada al mando de Bankia de José Ignacio Goirigolzarri, UPyD y el Movimiento 15-M presentaron una querella contra los gestores de la entidad. Ni siquiera existía la Ley de Transparencia. A partir de la denuncia, la Justicia fue tirando del hilo. El escándalo de las tarjetas se conoció a raíz de la auditoría interna de Bankia. El 26 de junio de 2014 lo comunicó a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y de este modo el Estado pudo avisar a la Fiscalía Anticorrupción de que existían esas visas black de las que no existía soporte contractual ni constaba decisión de los órganos de gobierno de la caja. 

"No olvidemos que el Gobierno ha puesto esto en manos del fiscal"

A este último se agarró Rajoy en Milán para defender que su Ejecutivo ha estado activo. El FROB, dijo, ha remitido a la Justicia otros "19 asuntos más" que podrían ser irregulares. Y próximamente se enviarán "otros 20 asuntos más". "El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Si no lo hubiéramos hecho, este asunto no hubiera sido conocido y ahora le corresponde a los tribunales de Justicia tomar las decisiones que estime oportunas o convenientes", aseveró. Ahora los jueces deben actuar, añadió, "con la mayor celeridad posible". "Por tanto, dejemos trabajar a los tribunales y no olvidemos que ha sido el Gobierno, a través del FROB, el que ha puesto esto en manos del fiscal". 

En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, también se preguntó a Santamaría por Rato, aún militante del PP y a quien la dirección se ha limitado a abrir expediente. Igual que hizo Mariano Rajoy esta mañana desde Milán, la vicepresidenta escurrió el bulto. Cada partido, dijo, "debe aplicar sus estatutos". Punto final. No opinó, por tanto, si su formación debe echar a un dirigente histórico como Rato, vicepresidente de los Gobiernos de José María Aznar, a quien el juez Fernando Andreu ha impuesto el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil de tres millones de euros (y a Blesa, 16).

Los otros dos asuntos que colonizaron la rueda de prensa hoy en la Moncloa fueron Cataluña y el ébola. Santamaría exigió al president de la Generalitat, Artur Mas, que tras el “fracaso” de su consulta del 9-N su salida sea “con arreglo a la legalidad”, porque de lo contrario el Gobierno impugnará los pasos que vaya dando. 

Mas tendrá que explicar "con quién va y adónde va"

La vicepresidenta dibujó a un Mas de forma despectiva, como despreocupado por el lugar al que está conduciendo a los ciudadanos. "Tendrá que explicar con quién va y adónde va", "a quien le corresponde manejar al Gobierno catalán hace tiempo que no sabe qué escenario está buscando", dijo de él. A esa imagen contrapuso otra, la de la "fortaleza de la democracia", que ha parado la consulta del 9-N, ya "serenidad" con la que está respondiendo el Estado. 

Santamaría recalcó que las puertas del "diálogo" seguirán abiertas, aunque siempre dentro de la "ley", pero es Mas quien "tiene que tomar las decisiones sobre su futuro político, su partido y su Gobierno". No abrió puerta alguna a salidas como la reforma constitucional. La vicepresidenta no quiso situarse en posibles escenarios posteriores, como la convocatoria de elecciones plebiscitarias, la presentación de una lista soberanista conjunta o una declaración unilateral de independencia. Sí garantizó que "cualquier actuación contraria a la ley" se recurrirá. 

Tampoco detalló los contactos que ha mantenido, según se ha publicado estos días, con Josep Antoni Duran i Lleida para impulsar un pacto CiU-PSC. Las salidas que "primen los derechos" de los catalanes, "su bienestar, tranquilidad y serenidad" contará con el apoyo del Gobierno, dijo lacónicamente. El Ejecutivo valora las soluciones que se hagan "dentro del marco de la legalidad".  

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Además de confirmar que los cuatro ingresados en las últimas horas han dado negativo en los primeros análisis, Santamaría aprovechó para defender la gestión del Ejecutivo (y en concreto, de la ministra de Sanidad) y criticar al PSOE. Dijo que los reproches de los socialistas, que ayer jueves pidieron la dimisión de Ana Mato, "no benefician al ciudadano en general". "Si un miércoles uno se levanta en la tribuna del Congreso y dice que no va a hacer crítica porque la salud es lo primero y al día siguiente hace crítica, es que la salud ha dejado de ser lo primero", denunció.

Santamaría defendió la actitud de Mato, que hoy compartió mesa con sus compañeros en la reunión del Consejo de Ministros. Como todos los miembros del Ejecutivo, advirtió, está trabajando "muy intensamente", "no sólo para resolver el problema inicial del contagio, sino para organizar en España, como el resto del mundo, una respuesta frente a una crisis sanitaria que exige una gran colaboración". 

Desde el PP llegó el mismo mensaje de respaldo a Mato. María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, admitió que en los primeros momentos "hubo un defecto en la comunicación", pero una vez dada, "todo ha vuelto a su lugar". "Ha sido un conflicto y problema en la comunicación, lo digo con claridad", apuntó Cospedal durante una entrevista con 22 directores de medios de comunicación de Castilla-La Mancha, comunidad que preside. Y añadió: "Seguramente en materia de información no se hizo como se tenía que hacer, pero de ahí a una dimisión [de Ana Mato] hay una distancia muy larga", informa Europa Press.