Anticorrupción: “Puerta giratoria' es gestionar lo que como funcionario debías evitar”

El fiscal Anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled, definió este lunes la puerta giratoria entre política y empresas como "gestionar aquello que, como funcionario, tenías que evitar". Lo hizo en el marco de unas jornadas sobre corrupción organizadas por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

En el seminario La lucha contra la delincuencia en un mundo global, el fiscal incluyó esta práctica propia de políticos que han ocupado cargos públicos y pasan a trabajar en el sector privado en su ponencia La batalla contra la corrupción, relacionándolo con el hecho de que sea "una costumbre que lo puramente público se gestione del mismo modo que lo hace la empresa privada".

Así, Ulled criticó que la financiación de los partidos políticos por parte de las empresas sea "de un buenismo sonrojantebuenismo", que a su juicio hay que atajar, ya que el sistema español ha derivado en una situación en que las oportunidades para la corrupción son cada vez mayores.

Ulled explicó que la corrupción ha cambiado y ahora se establecen relaciones corruptas, más que se cometen actos corruptos, ya que "ya no se compra puntualmente a un funcionario para que adjudique ilícitamente una contratación pública, sino que se establece una relación que puede acabar trascendiendo al partido político que le ha nombrado".

"Hay muchas incongruencias en el código penal; se ha legislado de manera deficiente, no se ha reflexionado lo suficiente sobre el redactado de códigos penales, se ha estado parcheando a golpe de titular de prensa y por la obligación de los tratados internacionales", lamentó el fiscal, que expuso que algunos de estos redactados son traducciones literales de tratados internacionales del inglés, que pierden sentido al integrarlos en el código español.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco también cargó contra el poder legislador por no dotar de suficientes herramientas a jueces e investigadores para desarrollar su trabajo, por lo que, a su juicio, "en ocasiones son los jueces los que tienen que sacar las castañas del fuego porque el legislador no quiere ni asarlas". Además, hizo referencia a la doctrina Parot, establecida y aplicada desde 2006 a partir de una sentencia del Tribunal Supremo y anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pagar por la información

En el mismo seminario, el comisario principal jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), Manuel Vázquez López, recordó que estos delitos dañan a las instituciones públicas de un país, y se sumó a las solicitudes de medidas por parte de los legisladores para que no sucedan hechos como que "no haya una consideración jurídica de lo que es un regalo y de lo que no lo es".

Entre las ideas que lanzó está la de pagar a aquellas personas que den información que destape un fraude importante en, por ejemplo, un ayuntamiento, aclarando que no se trata de recompensar a confidentes y que deben ser los gobernantes los que tomen estas decisiones.

Otra herramienta que el jefe contempla como una posible solución para conseguir que los corruptos devuelvan el dinero ilícito escondido es que se penalice no devolverlo –ahora mismo la devolución de parte del dinero es una atenuante, pero no devolverlo no implica un castigo extra–.

En la misma conferencia el presidente de la ONG Transparencia Internacional, Jesus Lizcano, celebró la mejora que la Ley de Transparencia ha hecho al Estado, pero criticó la opacidad de los partidos políticos a la hora de enseñar sus cuentas, ya que "hay partidos que están en quiebra y, cuando son las empresas las que lo están, se les obliga a disolverse", por eso se les solicita que, por lo menos, si no toman medidas, hagan pública su situación para que los ciudadanos la conozcan.

Paraísos fiscales

En la mesa sobre Delincuencia Organizada, Blanqueo de Capitales y Paraísos Fiscales se destacó la importancia de la colaboración internacional en un mundo globalizado.

En este sentido, el adjunto al Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de Notariado, Mariano García Fresno, explicó casos como el de Panamá, que no permite invertir en países cuya lista de paraísos fiscales contiene su nombre, por lo que para poder construir la ampliación del canal de Panamá el país centroamericano tuvo que ofrecer una información para poder salir de la lista de países sensibles de ser utilizados como paraísos fiscales.

Asimismo, ofreció como datos que el país que más invierte en China son las Islas Vírgenes inglesas, "que sólo tienen 30.000 habitantes", mientras que Las Bahamas cuentan con 4.500 entidades financieras.

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Falsificación de billetes

En la ponencia sobre falsificación de moneda, el inspector jefe de la sección de la Brigada del Banco de España, Juan Carlos Sancho, expuso que en el Estado las organizaciones que falsifican moneda, se dedican a otras cosas "porque no da dinero suficiente".

"Van vinculados normalmente a las drogas; se utiliza mucho en el pago de grandes cantidades de droga, una parte se paga con dinero falso", explicó, añadiendo que el 70% de los billetes falsos confiscados en España vienen de Nápoles, que utilizan redes de ciudadanos africanos que están afincadas por toda Europa y que difícilmente se pueden desmantelar porque cuando se detiene a un eslabón se reemplaza de forma inmediata por otro.