Los escándalos de corrupción hacen vivir al PP su semana negra

El partido presidido porMariano Rajoy vive en permanente estado de alerta, con momentos más o menos intensos, desde febrero de 2009 cuando estalló el caso Gürtel. Desde esa fecha, los conservadores han visto cómo su jefe de filas ocupaba portadas de periódicos por intercambiar mensajes con el extesorero del partido, Luis Bárcenas, en un momento en el que dijo que ya habían cortado las relaciones tras el escándalo de la contabilidad B. También han visto cómo Rajoy comparecía en pleno mes de agosto de 2013 en el Senado para rendir cuentas sobre los denominados papeles de Bárcenas. Y han asistido al ingreso en prisión del propio extesorero, de hombres que un día lo fueron casi todo en el partido como el expresident de Baleares Jaume Matas y a la caída de Francisco Camps.

Son sólo algunos ejemplos de lo ocurrido en las filas conservadoras en los últimos cinco años. Ejemplos de escándalos de corrupción y de investigaciones judiciales que todavía hoy colean y que la semana que culmina este domingo han golpeado con mayor fuerza, hasta el punto de que los dirigentes del Partido Popular consultados coinciden en señalar que se trata de la semana más negra para el partido en los últimos años. 

La formación de Mariano Rajoy arrancó el lunes con la marcha de Rodrigo Rato por su implicación en el escándalo de las 'tarjetas B' y culminó este viernes con nuevos datos sobre los pagos en negro de las obras de la sede nacional. En medio, Ángel Acebes ha sido imputado y María Dolores de Cospedal señalada de nuevo por la financiación de su campaña en Castilla-La Mancha en 2007. Pese a que en público la consigna oficial es agarrarse al respeto a las decisiones de la Justicia y negar la existencia de una contabilidad paralela a la oficial, en privado, los cargos consultados por infoLibre admiten vivir en permanente estado de alerta, critican la lentitud de los tribunales y ven "exageradas" algunas de las decisiones tomadas por el juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel. Con unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina cruzan los dedos para que no tengan que asistir a más semanas como esta. "He dado dos ruedas de prensa esta semana para presentar cuestiones relacionadas con mi comunidad autónoma. En ambas sólo se me ha preguntado por Rato y las tarjetas de Caja Madrid", expone a modo de ejemplo un cargo regional del partido.

A continuación, se resume la semana negra del PP

Lunes: Rato se aparta temporalmente 

La semana arrancó con la marcha temporal del partido de Rodrigo Rato, uno de los hombres fuertes de los gobiernos de José María Aznar, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el hombre al que Mariano Rajoy aupó a la presidencia de Caja Madrid. Es precisamente por esta última etapa en la caja madrileña por la que se vio forzado a solicitar la marcha del PP en un momento en el que el partido se disponía a pedirle el carné de militante a raíz de su implicación en el escándalo de las tarjetas B. La opinión en el partido al respecto es casi unánime: su situación era insostenible. Pero tampoco nadie niega que su actuación, desvelada por la Justicia, no hace ningún bien a las siglas del PP. Ni la suya ni la de los 27 militantes del PP que se beneficiaron de este medio de pago.

En la noche del lunes, remitió una carta a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal en la que se mostraba convencido "de haber actuado siempre dentro de la legalidad, en el convencimiento de que esas tarjetas emitidas, conocidas y controladas por la entidad, eran para uso personal y formaban parte de mi salario. Como tal, eran declaradas y contabilizadas". Pese a ello, Rato entendía que en "estos momentos, en interés del PP", lo mejor es que pida la suspensión de militancia.

Rato fue presidente de Caja Madrid entre enero y diciembre de 2010 y, tras la fusión de esta entidad con otras seis cajas para crear Bankia, dirigió esta última desde finales de 2010 hasta su dimisión en mayo de 2012. Rato hizo gastos por importe de 44.200 euros con su tarjeta en B durante la primera etapa y 54.837 en la época de Bankia.

De estas dos cantidades, son 44.200 euros los que aún no ha devuelto. Ni él se ha ofrecido a hacerlo ni ninguna de las dos entidades –Bankia y la actual Fundación Caja Madrid– le han reclamado el dinero.

Martes: cerco al secretario general de Rajoy

Un titular: "Ángel Acebes, imputado". Para el PP se trata ya de palabras mayores. El exministro de Aznar se convirtió en el primer secretario general del partido imputado en el escándalo de los papeles de Bárcenas. Un número dos que acompañó a Mariano Rajoy en sus primeros años al frente del partido.

Nadie en el partido que preside Rajoy niega que este tipo de noticias judiciales no vienen nada bien. Pese al impacto, la sensación mayoritaria entre los dirigentes consultados es que el auto del juez Ruz es "exagerado" en lo que Acebes se refiere. En el mismo auto en el que se le imputa por la compra de acciones de la empresa de comunicación Libertad Digital con cargo presuntamente a la caja B del partido, se aportan nuevos datos que apuntan a que la sede del PP de Bizkaia se habría financiado por medio de la contabilidad opaca.

Los conservadores ponen el énfasis en que, para imputarle, Ruz tira de los estatutos del partido "vigentes en la época de los hechos antes referidos" –año 2004–, concretamente al artículo 40.2 apartado c que establece que "corresponde al secretario general del partido la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal". "Es como si cualquier jefe fuese responsable de los delitos que comete uno de sus trabajadores", se quejaba una de las fuentes consultadas por este diario. También criticaban que el magistrado se base en el testimonio de un "delincuente" –Bárcenas– para imputar a Acebes.

El PP tardó 24 horas en reaccionar de forma oficial a la noticia. Lo hizo en miércoles a través de un comunicado en el que señalaba que en el partido sólo existe una contabilidad, la oficial. Sobre el ex secretario general, ni una línea.

Miércorles: la campaña de 2007 de Cospedal, en el punto de mira

Nuevo auto del juez Ruz. El magistrado llama a declarar como imputado en el caso de los papeles de Bárcenas al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP), por la supuesta donación de 200.000 euros de Sacyr para la campaña de las autonómicas de 2007 –Cospedal fue la cabeza de lista– a cambio de un contrato público. Pero va más allá.

El magistrado advierte de que no cesará en sus pesquisas hasta averiguar si es cierta la declaración del extesorero del PP según la que la supuesta donación opaca de esta empresa fue una comisión a cambio del contrato de basuras de Toledo para su filial Sufi. Pero hay más. Ruz continuará hasta dar con “el grado de participación que en ellos hubiera podido tener persona o personas aforadas”.  

¿A quién puede referirse el juez? En el relato que sobre esa donación hizo Luis Bárcenas ante Ruz sólo aparecen dos personas que reúnen la condición de aforados: Vicente Tirado, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y quien según el extesorero asistió junto con él mismo a una reunión con los responsables de Sacyr –Luis del Rivero y Manuel Manrique, quienes han negado en sede judicial el pago de cualquier comisión– para abordar su contribución a la campaña; y la propia presidenta regional y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, quien, según Bárcenas, fue quien le comunicó que sería Tirado el que acudiría a la reunión con Sacyr.

La respuesta del PP de Castilla-La Mancha fue la de emitir un comunicado felicitándose por el hecho de que Molina pueda explicarse ante el juez.Carmen Riolobos, portavoz de la formación se declaró convencida "de que se va a saber la verdad sobre los responsables de la adjudicación”. “Los toledanos saben que fue Emiliano García-Page, alcalde de Toledo y secretario general del PSOE, quien aprobó la adjudicación definitiva del contrato de basura de Toledo, a pesar de los informes con reparos suspensivos de la intervención municipal”, añadió.

Jueves: el presidente del PP de Almería, imputado

No se trata de un cargo menor ni de un dirigente sin peso en el partido. Se trata de un hombre clave en la estructura de poder del PP de Andalucía. En la tarde del jueves se conocía la imputación de Gabriel Amat, presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar. El Juzgado de Instrucción número 1 de esta localidad citó a declarar en calidad de imputados, además, a seis integrantes de la Junta de Gobierno de este ayuntamiento, que aprobaron la licencia que permitió la construcción de diez chalés en la finca La Fabriquilla.

La causa se inició en enero de 2012 después de que el Ministerio Público considerara que debía ser investigado el acto administrativo por el que se autorizó "de una forma no legal" la obra en una zona donde "no se podía autorizar".

Viernes: más dinero negro para las obras de la sede nacional

El juez Ruz reveló en un auto dictado este este mismo viernes que el PP pagó otros 750.000 euros con dinero negro en las obras de reforma de su sede central. Se suman a los descuadres de 960.347 euros que fueron descubiertos en junio pasado. En total, 1,7 millones de euros.

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A partir de un informe de la Agencia Tributaria, el juez añade que las obras de reforma de la planta baja, que se llevaron a cabo en 2006 –el delito fiscal podría haber prescrito– presentan un desfase de 750.095 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica "con fondos ajenos al circuito económico legal".

Según el auto, sólo una parte de estos fondos, 184.000 euros, "habrían tenido reflejo" en la contabilidad B que gestionaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

Este viernes, desde Bruselas, el presidente del Gobierno optó por no referirse a ninguno de los asuntos que en concreto. Se limitó a señalar su deseo de que cosas así no ocurran "nunca jamás" y que la Justicia actúe "castigando a los culpables y reconociendo a las personas que son inocentes" y a insistir en que se están "tomando todas las medidas para que estos acontecimientos no se puedan producir en el futuro". Una alusión al programa de regeneración democrática que el PP pretende cerrar la semana que viene en el Congreso de los Diputados con el resto de fuerzas parlamentarias.