Rato hizo el primer encargo a Lazard pocos días después de llegar a Caja Madrid y sin firmar un contrato

Rodrigo Rato encargó en febrero de 2010 al banco Lazard, dirigido en España por su socio y amigo Jaime Castellanos, que le asesorara sobre una posible fusión de Caja Madrid con otras entidades financieras. Esta decisión, tomada apenas unos días después de que Rato llegase a la presidencia de la caja madrileña, no tuvo ningún soporte contractual, según se constata en la documentación judicial a la que ha tenido acceso infoLibre.

En concreto, en un documento enviado por Lazard al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, bajo el epígrafe “Detalle de trabajos realizados”, se puede leer lo siguiente: "Desde febrero de 2010 se realizaron varios trabajos preliminares para analizar las diferentes alternativas de integración potenciales para Caja Madrid". El documento lleva fecha de 4 de octubre de 2010.

Pero este encargo, realizado ya con Rato en la presidencia de Caja Madrid, no estaba justificado bajo ninguno de los contratos que se han enviado al magistrado que investiga el caso Bankia. El primero que se firmó entre la caja y Lazard, en la época de Rato, lleva fecha de 10 de junio de 2010. Es decir, cuatro meses más tarde de que el banco dirigido por Castellanos empezara a trabajar para la caja madrileña.

Rato: de Lazard a Caja Madrid

Rodrigo Rato, que cobraba un millón de euros anuales más variables en Lazard, abandonó ese trabajo el 22 de diciembre de 2009, tal y como comunicó ese día a los medios de comunicación, con la intención de acceder a la presidencia de Caja Madrid. Además, Rato se vio obligado a reconocer (tras negarlo inicialmente en sede judicial) que desde el 30 de octubre de 2009 tenía negocios con su "amigo" Castellanos, en concreto la propiedad de un local comercial.

El resto de socios en la sociedad denominada Paracuga eran personas vinculadas con LazardParacuga , como por ejemplo Pedro Pasquín, que fue el encargado de firmar por parte de Lazard todos los contratos de asesoría a Caja Madrid y a Bankia.

No fue hasta el 10 de junio de 2010, cuatro días antes de que el consejo de administración de Caja Madrid acordara la fusión con Bancaja y las otras cinco entidades, cuando el entonces director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, firmó un contrato en el que encarga a Lazard que asesore a la dirección sobre posibles fusiones, y por el que el banco de Castellanos se embolsó 2,3 millones de euros.

Declaración de Castellanos

El propio Castellanos reconoció, a preguntas del abogado de UPyD Andrés HerzogUPyD y del juez Fernando Andreu en su declaración como testigo el 19 de febrero de 2013, que en varias ocasiones antes de firmar el contrato o mandato ya habían empezado a trabajar.

"Una cosa es cuándo se firma el mandato y otra cosa es cuándo se empieza a trabajar. No llegan dos señores y firman un mandato. Es mucho más complejo, y muchas veces los firmamos prácticamente cuando la operación se ha hecho o no ha llegado a buen fin. Porque no puedes demorar lo que te requiere un cliente", dijo Castellanos.

Según la documentación aportada al sumario, en una primera fase Lazard analizó las posibles “contrapartes” de un acuerdo con Caja Madrid. Como por ejemplo la integración con las cajas valencianas (CAM y Bancaja); las gallegas (Caixanova y Caixa Galicia); y con las castellano-leonesas (Caja España, Caja Duero, Caja Burgos, Caja Segovia y Caja Ávila).

Pero también estudiaron posibles acuerdos con el grupo liderado por Cajastur; con varias entidades francesas; con Caja Murcia; Banco Guipuzcoano; Banco Sabadell y Bankinter.

Lazard asegura en la documentación que en todos los casos se realizó un análisis de la estructura de la posible integración, valoraciones preliminares y un análisis financiero, comparando los diferentes candidatos a la integración con Caja Madrid.

Banco Guipuzcoano

En la segunda fase de los trabajos encargados por Caja Madrid, Lazard indica que se mantuvieron reuniones con el equipo gestor de las entidades involucradas, instituciones y/ accionistas relevantes, y en su caso con sus asesores financieros. Estas entidades fueron Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Bancaja, Caixa Galicia, las castellanoleonesas, Cajastur-CCM, Banco Guipuzcoano y Sabadell.

En una tercera fase se intensificaron los contactos con los gestores, al mismo tiempo que se comparan las alternativas existentes y se realiza una recomendación sobre la mejor alternativa para Caja Madrid. La primera de ellas es la que incluye a Bancaja y a otras cinco, que identifica como “alternativa preferida”.

Después prepararon informes en los que valoraban las diferentes cajas: "Durante todo el proceso se ha mantenido contacto frecuente con el equipo de Caja Madrid y se han preparado periódicamente notas de actualización y recomendación sobre pasos a seguir".

Seis millones de Lazard

Tanto el juez Andreu como el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón investigan el cobro en 2011 por parte de Rato, cuando ya trabajaba en Caja Madrid, de más de 6 millones procedentes del banco de inversiones Lazard, que en dos años fue objeto de varios contratos por más de 16,8 millones.

El exvicepresidente del Gobierno del PP aseguró en su primera declaración como imputado en la Audiencia Nacional, en diciembre de 2012, que no había ningún "conflicto de intereses" en su decisión de la entidad que presidía de contratar al banco Lazard para que asesorara a Bankia en su salida a Bolsa, en julio de 2011. Olvidando de esta forma que hubiera cobrado más de 6 millones en 2011, tal y como reconoció en su última comparecencia como imputado.

Pieza separada

Este reconocimiento difiere de la declaración como testigo del propio Castellanos, en la que aseguró que, tras la salida de Rato de Lazard en diciembre de 2009, la relación contractual y económica se extinguió por completo. El abogado de UPyD, Andrés Herzog, ha anunciado su intención de pedir que se abra una pieza separada en el caso Bankia para que se investigue la relación de Lazard con Caja Madrid y Bankia.

Rato está imputado en la pieza principal del caso Bankia, pero también en la pieza separada de las tarjetas B de Caja Madrid y de Bankia. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha tenido que presentar al juez Andreu una fianza de responsabilidad civil de 3 millones de euros.