El PSOE pide agravar las penas por corrupción y defiende asegurar la devolución de lo robado

Exigencia de comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, por un lado, y por otro, un plan de 33 medidas para atajar la corrupción y regenerar la democracia. Los socialistas quieren combinar ambas armas y, sobre todo, dejar bien claro que no hay posibilidad de pacto alguna con el PP. Es momento de "actuar" y no de acordar. Un giro en la estrategia de la dirección de Pedro Sánchez motivada, en buena medida, por la eclosión de más escándalos de corrupción dentro del PP, la "apatía insoportable" de Mariano Rajoy y la "utilización" que los conservadores, a su juicio, han hecho de las conversaciones bilaterales de las últimas semanas. 

A lo primero, la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el pleno del Congreso la próxima semana –no hay convocada sesión, como sucede con todas las primeras semanas de mes–, nada. La pidió el PSOE y también Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), y lo apoyaron todos los grupos de la oposición. Pero no hubo cesión por parte del PP: alegó que las peticiones no se habían presentado por escrito. Así que ambos grupos procedieron a registrar sendas iniciativas y reclamaron al presidente de la Cámara, Jesús Posada, que reúna este jueves a la Junta de Portavoces para que a su vez celebre la sesión plenaria la semana que viene. Para José Luis Centella, portavoz de IU-ICV-CHA, los conservadores juegan a tener "escondido" al jefe del Ejecutivo, pero al final tendrán que asumir que ha de dar la cara, como ocurrió el 1 de agosto de 2013, tras un alud de revelaciones del caso Bárcenas. 

El portavoz socialista, Antonio Hernando, ironizó con lo que esta mañana dijo en RNE el ministro de Defensa, Pedro Morenés –está convencido de que Rajoy está "sufriendo extraordinariamente" con los casos de corrupción–, Hernando razonó su solicitud: "No queremos que el presidente siga sufriendo en silencio la corrupción y dé la cara en público en un pleno extraordinario". 

El portavoz socialista presentó a su vez la proposición de ley que su grupo registrará en las próximas horas, y que contiene 33 medidas para "prevenir y erradicar la corrupción" y revitalizar la democracia [consulta aquí el PDF]. Entre ellas, según enunció, figura la reforma del Código Penal para revisar los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias; el agravamiento de las penas si los delitos son cometidos por cargos públicos o autoridades; el incremento de la duración de las penas de inhabilitación; la modificación de las normas reguladoras de la responsabilidad civil para asegurar que se devuelva el dinero robado; la atribución a la Audiencia Nacional de la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción; la revisión del proceso penal para establecer un procedimiento preferente y sumario y se castigue de forma rápida a los responsables; el cambio de la Ley del Indulto para que el Gobierno no pueda aplicar la medida de gracia a los condenados por corrupción; la creación de una Oficina Anticorrupción, con capacidad de actuación directa en todo el sector público del Estado y las administraciones locales, o el cese obligatorio de parlamentarios y altos cargos en el momento en que sean llamados a juicio oral. 

Primarias por ley y limitación de mandatos

El plan socialista contempla igualmente medidas de regeneración democrática. A saber: primarias internas por ley para que los militantes de los partidos elijan directamente a sus máximos responsables; creación de la figura del defensor del afiliado; establecimiento de un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del Gobierno; modificación del sistema de elección de miembros de órganos constitucionales y otros órganos (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Corporación RTVE, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores...); aprobación de la dedicación exclusiva de los parlamentarios y reducción de los aforamientos. 

En paralelo, el PSOE presentará enmiendas a dos proyectos de ley del Gobierno que están tramitándose en el Congreso, para hacer que la financiación ilegal sea delito y se establezca una "cláusula general" para que se devuelva lo robado y se estipulen multan severas. 

Algunas de estas medidas ya estaban acordadas con el PP, con el que el PSOE había mantenido conversaciones en las últimas semanas. Pero la acumulación de casos en la casa de los conservadores –cuya última gota ha sido la operación Púnica– y la presión interna han obligado a un endurecimiento de las posiciones. "No es el momento de pactar, sino de actuar con el máximo rigor y rapidez. No es tiempo de pactar con el PP, sino de pagar, de que paguen los que se lo han llevado", verbalizó Hernando, con máxima rotundidad. La misma que ayer lunes empleó el secretario de Organización, César Luena: "Ni ha habido, ni hay, ni habrá acuerdos o pactos con el PP". 

"Apatía insoportable" de Rajoy

Hernando explicó los motivos que llevan al PSOE a no acordar nada con el partido del Gobierno. Uno, la "apatía insoportable" de Rajoy. Recordó que este definió el pasado domingo la corrupción como "unas pocas cosas", que no echó a Rodrigo Rato, sino que este pidió su baja, que "ha convivido con la corrupción y no se ha inmutado". Dos, la "utilización de las conversaciones" con los socialistas "y con otros partidos para tapar sus vergüenzas". El portavoz reconoció que se había producido un salto "cualitativo", ya que a la actitud del presidente se sumaba la imputación del ex secretario general Ángel Acebes, las sospechas de la financiación de la campaña de María Dolores de Cospedal, o el pago en B de las obras de la sede nacional de la calle de Génova. "No es una causa general contra la política y contra el PP, sino de perseguir la corrupción. La inmensa mayoría de los militantes del PP son honestos, pero su cúpula está contaminada por la corrupción y no es posible pactar con ellos". El único acuerdo "posible", avisó, es ver "a qué velocidad" se cambian las leyes. 

El portavoz socialista abundó en la línea trazada por Luena: es compatible no pactar nada con el PP y hablar con todos los grupos, y también con los conservadores, sobre las propuestas anticorrupción de Pedro Sánchez, para que estas puedan salir adelante, ya que nada se puede aprobar en la Cámara sin el concurso del partido mayoritario. Por eso precisamente el PSOE quiere que haya un pleno extraordinario la semana próxima donde comparezca Rajoy, para que así todos los grupos expongan su postura y expliquen sus alternativas, dado que el debate "está en la sociedad". 

Centella: no a una "ley de punto final"

Izquierda Plural, sin embargo, nunca fue partidaria de pactar nada desde el primer minuto, y así lo hizo valer hoy Centella. Lo primero es investigar el pasado y "levantar las alfombras", depurar responsabilidades por lo ocurrido en los últimos años. El acuerdo que quiere el PP es una "ley de punto final" que su grupo no puede aceptar: olvidar el pasado y mirar al futuro. El portavoz de IU-ICV-CHA dio la bienvenida al PSOE a su postura.

Hernando también fue preguntado por la actitud de la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, quien dijo que iba a asumir "responsabilidades" pero se limitó a pedir disculpas. "Es razonable que pida perdón incluso de rodillas" por haber confiado "tanto tiempo" en Francisco Granados. El portavoz no exigió la dimisión de la lideresa. Deberán decidirlo, dijo, los militantes del PP regional. En ellos recae la responsabilidad de discutir si debe seguir al frente una persona que ha "convivido" con la corrupción "tanto tiempo" y, sin embargo, "no se ha enterado de nada". "La señora Aguirre no se enteró de lo de Alberto López Viejo [viceconsejero salpicado por la Gürtel] ni de lo de la Gürtel. Se entera de todo a toro pasado", remató.