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Justicia nombra nuevo director general para frenar la guerra con los registradores

El Ministerio de Justicia ya ha encontrado sustituto para Joaquín Rodríguez, el hasta este viernes director general de Registros. Él y su subdirector, Francisco Javier Vallejo, son considerados por el gremio como los autores de la polémica reforma de los registros que el nuevo ministro Rafael Catalá acaba de paralizar. Le sustituirá en el cargo Javier Gómez Gálligo, según han confirmado a infoLibre fuentes de este departamento. El nombramiento se producirá este viernes en el Consejo de Ministros. 

Gómez Gálligo, según relata en su perfil de Linkedin, es profesor Derecho Civil y Mercantil en las universidades privadas Centro Universitario Villanueva y CUNEF. Desde el año 2000 es vocal de la Comisión General Codificación, un órgano que asesora al Ministerio de Justicia en las tareas prelegislativas. Presidente de varios tribunales de oposiciones, es experto en temas hipotecarios. 

Fuentes del Colegio de Registradores consultadas por este diario valoraron este nombramiento. Consideran que Gómez Gálligo es una persona íntegra, "muy reconocida" y "respetada" por los registradores. También creen que es apto para la interlocucion con todos los sectores implicados en su dirección general, así como una persona "absolutamente leal" con independencia de quien ocupe el Gobierno. 

La guerra de los registradores 

Su predecesor, Joaquín Rodríguez debió sentir como un serio revés el dictamen del Consejo de Estado donde se instaba a Justicia a rehacer de arriba abajo el decreto que creaba una nueva corporación de derecho público para gestionar el nuevo Registro Civil electrónico. El órgano consultivo casi coincidía con los opositores a la reforma en que el ministerio pretendía crear un colegio de registradores “paralelo”: invadía competencias del Colegio Oficial y se extralimitaba cuando le concedía potestad sobre todos los registros existentes, no sólo sobre el Registro Civil. El dictamen calificaba el texto de “oscuro” y “confuso”, e incluso “inconstitucional” en algunos de sus puntos.

Aunque no ha sido el Consejo de Estado, un órgano cuyos dictámenes no son vinculantes, el único motor detrás de la retirada del proyecto tal y como fue diseñado bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón. El nuevo equipo de Justicia considera ahora “innecesaria” la nueva corporación que impulsó Rodríguez. Es más, el ministerio la descarta porque esa “figura intermedia”, como la denominó Rafael Catalá en su primera comparecencia en el Congreso, creaba “distorsiones, anomalías y graves tensiones con los registradores”.

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