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Aborto

Más del 87% de las menores que abortan informan a sus padres

  • Un informe de las clínicas abortistas señala que 113 de las 913 chicas de 16 y 17 años que abortaron de enero a septiembre lo hicieron solas
  • El Gobierno quiere cambiar la ley actual, que prevé que tienen que ir acompañadas y deja en manos de los médicos la decisión de hacerlo solas si alegan conflicto familiar

Publicada 07/11/2014 a las 18:41 07/11/2014 a las 18:41    
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Participantes en la marcha de Madrid con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto.  EFE

Participantes en la marcha de Madrid con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto. EFE

Sólo el 12,4% de las menores de 16 y 17 años que interrumpieron su embarazo en centros acreditados entre enero y septiembre de 2014 lo hicieron a espaldas de sus padres. En números absolutos fueron 113 de las 913. Sobre el total de mujeres que abortaron el porcentaje es del 0,44%. Así lo recoge un informe elaborado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), elaborado sobre una muestra de 25.394 mujeres que pusieron fin a su gestación en los nueve primeros meses del año en 22 centros.

Las menores que no informaron a sus tutores legales, recoge este documento, alegaron conflictos graves, violencia en el seno de la familia, amenazas, coacciones, malos tratos y situaciones de desarraigo o desamparo. La mayoría de estas chicas viven en desamparo familiar o pertenecen a familias desestructuradas o fueron abandonadas por sus padres en la niñez o no pueden acudir a sus progenitores por graves diferencias ideológicas, morales o religiosas o se encuentran en riesgo de sufrir malos tratos.

Cuando, en 2010, el PSOE impulsó la actual ley de plazos que permite el aborto libre hasta las 14 semanas el principal escollo para el consenso fue el referido a la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de 16 y 17 años. Tras varias modificaciones durante su tramitación y desarrollo, esta norma estableció finalmente –a través de un real decreto– que las jóvenes de esa edad pueden decidir por sí mismas abortar aunque, para hacerlo, tienen que ir acompañadas por uno de sus padres. Sólo si la menor alega conflicto familiar el aborto se puede realizar sin consentimiento paterno, aunque para eso hace falta un informe médico por escrito que acredite que la decisión de no contarlo a los progenitores está fundada.

Pues bien, este punto es el que el Gobierno del PP quiere matizar tras haber renunciado a la ley del aborto.  El pasado martes la secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales, Susana Camarero, dijo que los proyectos de Ley de Protección de la Infancia mediante los que también se reformará la actual normativa para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesiten del consentimiento paterno para interrumpir el embarazo llegarán al Congreso en el mes de diciembre, ya que aún se encuentran en fase de consulta.

Lo que parece más probable es que el Gobierno deje esta cuestión tal y como estaba prevista en el anteproyecto al que renunció. Este texto establece que las chicas de 16 y 17 años precisarán para abortar del "consentimiento expreso de ella y el asentimiento de los titulares de la patria potestad" y que en el caso de que haya desacuerdo entre los tutores y la menor o ella alegue conflicto familiar será un juez el que "resolverá sobre la suficiencia y validez del consentimiento prestado por la mujer conforme al procedimiento legalmente establecido". De esta forma se obligaría a las jóvenes a hacer un auténtico periplo jurídico en el caso de que exista desacuerdo con sus progenitores. Teniendo en cuenta que el embarazo es un proceso gestacional creciente existe la duda de si los tiempos de la Justicia no son demasiado lentos para un proceso de tal calibre.

Los datos publicados este viernes por ACAI ponen de manifiesto como los casos de menores que abortan sin que sus padres estén informados son minoritarios. Es imposible determinar si la norma de 2010 ha influido de alguna manera en el número de chicas de 16 y 17 años que abortan o que lo hacen sin comunicarlo a sus progenitores porque no hay estadísticas oficiales que lo recojan. Los datos oficiales que publica el Ministerio de Sanidad no concretan este supuesto y tampoco ofrecen cifras desglosadas para esta franja de edad. No obstante, los colectivos de mujeres contrarios a la contrarreforma impulsada por el Gobierno de Rajoy y las clínicas abortistas aseguran que se trata de un supuesto excepcional porque la mayoría de adolescentes de esa edad que interrumpen sus embarazos lo hacen acompañadas de sus padres.

La realidad es que la necesidad de cambiar la regulación de este punto es uno de los asuntos que más consenso aglutinó en las filas conservadoras. E incluso durante la elaboración de la norma en 2010 –antes del desarrollo que aportó concreción– tampoco entre los socialistas existía unanimidad en este punto. La Organización Médica Colegial también ha venido reclamando que se diera más seguridad jurídica a los facultativos. En el otro lado, las clínicas abortistas y colectivos de mujeres consideran que cambiar este punto afecta de forma negativa a los derechos de autonomía corporal y a la privacidad y confidencialidad de jóvenes menores de 18 años y de mujeres que se encuentran sometidas a un régimen de tutela legal.


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