La imputación del número dos de Barberá agrava sus diferencias con Fabra

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra heredó de Francisco Camps un grupo parlamentario salpicado de imputados en escándalos de corrupción y un partido con un número importante de dirigentes en el punto de mira de la Justicia. A día de hoy, cuando queda menos de un año para que termine la legislatura, no ha logrado que se visualice su promesa de "tolerancia cero" frente a la corrupción. Sus actuaciones al respecto han pivotado en torno a su denominada "línea roja". Un concepto que implica que aquellos cargos públicos que resulten imputados en casos de corrupción deben abandonar el cargo cuando se enfrenten el juicio oral y que, a efectos electorales, supondrá que las listas tendrán que estar limpias de imputados. Esta misma semana su "línea roja" ha sido puesta en tela de juicio por Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, después de conocerse su imputación en el marco del caso Nóos. Su reacción no ha sentado nada bien en el entorno de Fabra, sobre todo por venir de quien viene: la mano derecha de Rita Barberá en el ayuntamiento. No es ningún secreto en el Partido Popular que la relación entre presidente y regidora no es la mejor.

Fuentes del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) consultadas por infoLibre mostraron este martes su malestar por el hecho de que la alcaldesa no hubiese desautorizado a su número dos un día antes cuando, en una rueda de prensa que más de uno de sus compañeros de partido calificaron de "chulesca", arrancó señalando que quienes pensaban que iba a dimitir se equivocaban. Pero no se quedó ahí. También se atrevió a poner en duda la política anticorrupción de Fabra al asegurar que sus "líneas rojas" son "muy respetables", pero que él tenía las suyas propias independientemente de que pudiesen coincidir o no con la oficial. 

Fue este viernes cuando la Audiencia Provincial de Baleares volvió a imputar a Grau después de que el juez José Castro decidiese no incluirlo en el auto de procesamiento del mes de junio. 

Si en otras ocasiones el presidente optó por no responder, este mismo martes hizo constar su malestar al asegurar que el comportamiento del vicealcalde "no debe ser el comportamiento de un político". "Las personas que ocupan un cargo público deben ser ejemplarizantes", dijo. Añadió que, a su juicio, los políticos deben ser "humildes" y avisó a Grau de que si se sienta en el banquillo no podrá seguir en un cargo público. Según sostuvo, ya había trasladado este malestar a Barberá, que en el momento de escribir esta información no había desautorizado a su mano derecha en el ayuntamiento.

Dirigentes del PPCV consultados sostienen que, líneas rojas aparte, la reacción de Barberá en un momento tan delicado como el actual debería haber sido la de prescindir de Grau, la de convencerle a que renuncie a su acta de concejal. Y advierten de un riesgo: que uno arrastre a la otra y que su empeño en defenderle acabe perjudicando sus opciones políticas de futuro.

No obstante, tampoco pasan por alto que gran parte de la oposición interna que Alberto Fabra se ha encontrado en los últimos meses dentro de su propio partido se debe a esa línea roja. Hay dirigentes del PPCV que no comparten su política de no incluir a imputados en las listas electorales de las próximas municipales y autonómicas. Sería su seña de identidad después de que su antecesor presentara unas candidaturas autonómicas con cuatro imputados, entre ellos el propio Camps, y seis implicados en diferentes escándalos de corrupción. La mayor parte de ellos, en la parte alta de las listas.

¿Renovación en el PP valenciano?

En este contexto se entienden los rumores internos puertas adentro del partido que apuntan a que Mariano Rajoy estaría buscando a una persona diferente a Fabra para encabezar la lista. Estos rumores se dispararon a la vuelta del verano cuando la propia Presidencia del Gobierno informó de una reunión entre Barberá y el presidente. Oficialmente, se circunscribió a un encuentro institucional, aunque en el PP algunos consideran que la reunión sirvió también para que el presidente conociera de primera mano la situación en el PP valenciano y las aspiraciones de la alcaldesa.

Como ocurre en Madrid con Esperanza Aguirre y sus fieles, hay en el PP quien mantiene que Rajoy debería aprovechar la proximidad de las elecciones para emprender un proceso de renovación en el PPCV que culminase con unas listas llenas de caras nuevas sin vínculos directos o indirectos con los escándalos de corrupción que llevan salpicando al partido desde que en febrero de 2009 estalló el caso Gürtel.

También está por ver si la dirección nacional del PP hace suya la línea roja de Fabra y anima al resto de direcciones regionales a plantear listas electorales limpias de candidatos imputados en escándalos de corrupción. Hasta la fecha –fue pionero– sólo la comparte el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá. Fue su forma de aterrizar en un partido que todavía no había digerido la etapa de Jaume Matas.

Por su parte, desde el PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, la propuesta se centra en que todos aquellos que figuen en listas deben presentar declaraciones de bienes y salarios.