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Consulta catalana 2014

Torres-Dulce logra el apoyo de la cúpula de los fiscales en su querella contra Artur Mas

  • La Junta de Fiscales, tras una reunión de más de cuatro horas, presta un respaldo "casi unánime" al máximo representante del Ministerio Público
  • El fiscal superior de Cataluña deberá interponer un escrito contra el president; su número dos, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau
  • Sólo dos de los 24 fiscales de sala asistentes expresan sus objeciones respecto a la iniciativa de Torres-Dulce

Publicada 19/11/2014 a las 14:29 Actualizada 19/11/2014 a las 16:54    
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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, al inicio de la reunión de la Junta de Fiscales de Sala, este 19 de noviembre de 2014.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, al inicio de la reunión de la Junta de Fiscales de Sala, este miércoles.

EFE
La Fiscalía se querellará contra Artur Mas y dos de sus consellers –la vicepresidenta, Joana Ortega, y la titular de Educación, Irene Rigau– por cuatro delitos relacionados con su papel en la consulta alternativa del 9-N. Ya hay vía libre. Así que el escrito se interpondrá en los próximos días ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). 

Es la consecuencia directa de la reunión de la Junta de Fiscales de Sala, que se celebró durante más de cuatro horas este miércoles, y en la que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, recibió el apoyo "muy mayoritario" de sus compañeros, según informaron posteriormente fuentes oficiales del Ministerio Público. 

Torres-Dulce llevó al encuentro una propuesta de querella. En su escrito, sostenía que el contenido de la orden de suspensión acordada por unanimidad por el Tribunal Constitucional (TC) el 4 de noviembre fue "absoluta, tajante e inequívoca", y no dejaba "margen alguno a la duda". Por lo tanto, a su juicio, la providencia del TC obligaba a la Generalitat a paralizar todos los preparativos del llamado proceso participativo del 9-N. Según el fiscal general, la suspensión del Constitucional afectaba a las actuaciones que aún no se hubieran formalizado, "precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hecho buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación". En todos esos actos de impulso de la consulta participaron de forma "personal y directa" Mas y su vicepresidenta, Joana Ortega

"El incumplimiento de dicha orden, consumado en el curso de la jornada de votación del 9 de noviembre, ha lesionado de manera efectiva otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del TC y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional", añade la propuesta de modo tajante. Los hechos, para Torres-Dulce, "integran todos los elementos del delito de desobediencia".

En su propuesta, por tanto, el fiscal general subrayaba que era necesario presentar una querella contra Mas, Ortega y Rigau por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, desobediencia y usurpación de funciones, según fuentes del Ministerio Público. 

Oposición del fiscal superior de Cataluña

Si el máximo responsable del Ministerio Fiscal convocó a la Junta de Fiscales se debió al criterio opuesto de los fiscales catalanes. El lunes, Torres-Dulce ya ordenó al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, la presentación de la querella, pero este se opuso "al no considerarlo procedente". Los nueve miembros de la Junta de Fiscales de Cataluña recriminaron al Govern que recurriera a "argucias jurídicas sin precedentes" para llevar adelante su 9-N, y actuara con "absoluta falta de lealtad al acuerdo constitucional", pero no apreciaron la necesidad de actuar penalmente contra Mas. Vieron lagunas jurídicas a raíz de la ley de 2005 que despenalizó la convocatoria ilegal de referendos y consultas. Y también apuntaron que el TC no dirigió "requerimiento alguno a persona concreta o determinada". Una "omisión" que "parece responder a una decisión meditada" por parte de los magistrados, lo que dificultaría que pueda entreverse un delito de desobediencia. 

Sin embargo, la posición de Romero de Tejada, según fuentes oficiales consultadas por infoLibre, no encontró "ningún respaldo" en la reunión de la Junta de Fiscales de Sala, un órgano de asesoramiento del fiscal general que integran los 26 miembros de mayor rango de la carrera fiscal y cuya opinión no es vinculante, pero sí tenida en cuenta. 

A la reunión, acudieron 24 de sus 26 miembros (27 si se cuenta a Torres-Dulce, que la presidió). Y sólo dos mostraron sus reservas sobre la conveniencia de interponer una acción penal contra Mas, Ortega y Rigau. Siempre según fuentes oficiales, los que expusieron esas objeciones fueron el fiscal del Tribunal Supremo Pedro Crespo y el jefe de la Fiscalía de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. El primero dudaba de que una providencia del TC –tribunal que no forma parte Poder Judicial–, pudiera ser directamente ejecutable. El segundo sostuvo que la Fiscalía debía actuar a través de las demandas ciudadanas contra el president que ya se han ido presdentando, no redactando una nueva iniciativa.

Nueva orden a Romero de Tejada

No hubo votación, sino un pronunciamiento verbal de los asistentes. Teniendo en cuenta el apoyo "casi unánime" prestado a Torres-Dulce, este ordenará de nuevo a Romero de Tejada que presente la querella. El fiscal superior de Cataluña no podría negarse, ya que en el Ministerio Público rige una dependencia jerárquica. El escrito se interpondrá "en los próximos días" ante el TSJC.

Los dos ausentes en la cumbre fiscal fueron Fernando Marín Castán (fiscal togado militar), que no ha tomado aún posesión de su cargo, y Juan Ignacio Campos (Sala de lo Penal del Supremo) por enfermedad. 

 




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