Justicia

Siete reclamaciones de los jueces para mejorar la lucha contra la corrupción

Agentes de Policía tras el registro practicado en el domicilio de Oriol Pujol.

Bárcenas, ERE fraudulentos, Gürtel, Plaza, Bankia, Nóos, Palma Arena, Pujol... Son sólo algunos de los principales casos de corrupción que se investigan en juzgados de toda España. Los jueces dicen estar saturados. Quieren contribuir a atajar esta situación, pero para ello, aseguran, es preciso llevar a cabo algunas medidas. Reclaman unas leyes que permitan actuar judicialmente de manera más eficaz contra estas tramas corruptas: un nuevo modelo procesal penal que sea capaz de combatir las formas de criminalidad del siglo XXI, reformar el Código Penal para poder sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos o reformar la Ley del Suelo y las normas que regulan la contratación pública. 

Y también hacen falta medios. Reclaman que prácticamente se duplique el número de jueces; que se cree un cuerpo accesorio de funcionarios especializados en temas contables, en auditoría de cuentas, en operaciones de alto nivel financiero y en cuestiones informáticas; que se informaticen los juzgados para poder indexar y manejar con más facilidad los documentos; que se aumente el número de efectivos en los cuerpos públicos con competencias en la lucha contra la corrupción; que se garantice –mediante un estatuto de colaboración– la independencia de la Agencia Tributaria o que se dote de más recursos al Tribunal de Cuentas para esta institución pueda ejercer un control efectivo sobre las Administraciones Públicas y los partidos políticos.

01. Más jueces y fiscales

Las asociaciones consideran que para luchar contra la corrupción son imprescindibles más medios humanos en la Administración de Justicia. Aseguran que es imprescindible equiparar el número de jueces y fiscales en España a la media europea. Según explica Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, habría que duplicar la plantilla de magistrados, pues en la actualidad en España la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes está situada en 10, mientras que la media de los países de nuestro entorno está en 20. "Ahora somos unos 5.200 jueces, tendríamos que ser unos 10.000 sólo para estar en la media europea", analiza Sexmero

02. Cuerpo accesorio de funcionarios

Pero no sólo hacen falta jueces y fiscales. Las asociaciones de magistrados coinciden es que es necesaria la creación de un cuerpo de funcionarios adscrito a los juzgados –a la Audiencia Nacional, pero también a los de las grandes capitales– que esté especializado en temas contables, en auditoría de cuentas, en operaciones de alto nivel financiero y en cuestiones informáticas. "En la actualidad los juzgados que tienen entre manos algunos de los principales casos de corrupción están persiguiendo un ferrari con un seiscientos", ilustra Conrado Gallardo, magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla y presidente de la asociación Foro Judicial Independiente (FJI). "En el otro bando tenemos personas que disponen de millones de euros para pagarse buenos abogados defensores, para hacer operaciones de ingeniería financiera muy complejas utilizando redes de bancos que son opacos que saben ocultar la realidad. Necesitaríamos contratar expertos al mismo nivel", añade.

Una opinión similar tiene Sexmero, quien considera que la justicia penal está en la actualidad "a niveles del siglo XIX". "El único perito externo que tenemos en los juzgados es el médico forense, es una organización heredada de aquella época cuando los delitos que se veían eran contra el patrimonio, contra la integridad física y la vida de las personas. No había grandes delincuentes económicos", señala. "Ahora si necesitas un auditor de cuentas o un economista para estudiar una querella o hacer una diligencia hay que buscar a un economista que, lógicamente, va a cobrar una provisión de fondos. De ese coste se hace cargo la Consejería de Justicia correspondiente si es justicia gratuita o el que pierde el pleito", explica. 

03. Informatización de los juzgados

Buena parte de los problemas que tienen jueces y fiscales para enfrentar los casos de corrupción está en la falta de medios materiales. Y, en este punto, los recursos informáticos están en el punto de mira. "Hace falta un sistema informático que sea coherente, moderno y que esté interconectado por todos los juzgados, audiencias y comunidades autónomas. Estamos llenos de papel por todos lados, es tercermundista", dice Sexmero. Gallardo, por su parte, cree que es imprescindible que se digitalicen los documentos "para poder indexarlos y manejarlos con facilidad". "Un sumario de 40.000 folios es inmanejable. Una pérdida de tiempo enorme y el tiempo en estos casos es muy importante", añade. 

Asimismo, el portavoz del Foro Judicial Independiente considera que es necesario hacer una planificación correcta del gasto que mejore la eficacia de los recursos. "Por ejemplo, vemos como se gasta dinero en pantallas de ordenador que no hacen falta y no en impresoras que sí hacen falta", detalla. Y aporta otro ejemplo: "Estamos gastando mucho dinero en fax. Últimamente ha saltado a los medios el caso de un funcionario de la Junta de Andalucía del juzgado de [Mercedes] Alaya que ha gastado 2.000 euros en faxes en un mes. Un escáner cuesta 80 euros, si le pusieran un escáner o dos no se gastaría un sólo euro en faxes", asevera. 

04. cambios legislativos

Los colectivos de jueces creen también que hay que instaurar un nuevo modelo procesal penal, que sea "apto y eficaz" para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción. Creen, asimismo, que hay que revisar el Código Penal "a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos". Y también consideran que hay que reformar la Ley del Suelo y las leyes que regulan la contratación pública "para lograr una mayor transparencia en la ejecución". 

"Hace falta una reforma estructural de nuestra Administración Pública porque la corrupción se da sobre todo gracias a la enorme discrecionalidad que tiene la Administración en materia de contratos públicos. Es en los grandes movimientos de dinero es los que se crean grandes tramas corruptas. El problema es que estos contratos no están lo suficientemente reglados y eso es algo que nos diferencia mucho de otros países europeos", analiza Joaquim Bosch, magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia (JpD). "No es admisible es que entre los corruptos exista una sensación de impunidad que es compartida por la sociedad porque la Justicia no tenga los mecanismos suficientes para poder investigar y condenar", añade.

05. Más medios para la policía judicial   

Otro punto destacado es la petición de que se doten de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción. En este punto consideran que es importante "reforzar" el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo, como es el caso, por ejemplo de las unidades de Policía Judicial. "La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene 300 funcionarios nada más –lo que es insuficiente– la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tiene muy pocos. Están desbordados, esto hace que vaya todo con una lentitud enorme", dice Conrado Gallardo.

06. Independencia de la Agencia Tributaria

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Con el objetivo de mejorar la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal creen que es necesario el "incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria". En esta línea, Conrado Gallardo explica que las asociaciones de jueces apuestan por la creación de un estatuto de colaboración que permita a los técnicos de la Agencia Tributaria "actuar con independencia y sin temor a represalias posteriores en su carrera profesional". "El problema de la Agencia Tributaria es que depende del Gobierno y como tal sigue instrucciones políticas. Eso es relevante cuando muchos de los implicados en casos de corrupción están relacionados con el Ejecutivo o con partidos con influencia en los partidos. Los funcionarios siempre están dispuestos a colaborar pero en algunos casos esa colaboración puede estar empañada por ciertas directrices", sentencia. 

07. Tribunal de cuentas 

Asimismo, jueces y magistrados reclaman que se dote al Tribunal de Cuentas de los "instrumentos y recursos suficientes" para ejercer un control efectivo sobre las Administraciones Públicas y sobre el funcionamiento de los partidos políticos. "Ese control externo es imprescindible. Esto hoy no ocurre y la muestra más clara es que nadie salvo los propios partidos conocen realmente cómo es su funcionamiento contable", subraya Bosch. 

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