El año que le espera a Mariano Rajoy

Gobierno quemados, el 44,63% del total y 186 escaños. Una mayoría muy holgada que auguraba a los conservadores un amplio colchón para llevar al Congreso de los Diputados su programa electoral. Con estas marcas, en su segundo intento en unas generales, Mariano Rajoy ganaba las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Su victoria sirvió para callar muchas bocas en un partido que años atrás, tras su fracaso en los comicios de 2008, le habían acusado de falta de liderazgo. El Partido Popular había conseguido echar a los socialistas de la Moncloa con la promesa de sacar a España de la crisis. Para eso contaban con cuatro años. Ya se han consumido tres.

Este jueves cumplen tres años de la victoria de los conservadores el 20-N. Y todo apunta, salvo que la situación dé un giro inesperado, que las cifras de 2011 quedaran para las hemerotecas. No se repetirán. Por si no bastara como muestra el batacazo del partido de Mariano Rajoy en las elecciones europeas del pasado mayo, el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) rebaja la intención de voto al 27,5% muy seguido por el PSOE (23,9%) y del partido revelación del año –Podemos (22,5%)– tras un brillante estreno en las generales. 

En este contexto, Rajoy, que lo ha fiado casi todo a la economía en los primeros años de su legislatura, lleva desde el final del verano conjurándose para vender a su Gobierno como el principal garante del estado de bienestar. Todo, pese a los recortes –"ajustes" prefieren llamarlo en el Ejecutivo– que ha llevado a cabo desde que asumieron el Gobierno y a la subida de impuestos. Cada vez son más las voces del PP que consideran que los discursos plagados de cifras y la permanente alusión a la herencia recibida y al "y tú más" han cansado a los ciudadanos y que el cada vez mayor distanciamiento de la clase política bebe en gran parte de este escenario.

A continuación, se exponen de forma detallada los principales factores que condicionarán la recta final de legislatura de Mariano Rajoy.

¿hacia un segundo choque de trenes en Cataluña?  

El desenlace del 9-N va a ser uno de los asuntos clave de lo que queda de legislatura. El presidente del Gobierno celebra el tercer aniversario de su victoria electoral justo un día después de que la Fiscalía anunciara una querella contra Artur Mas y dos de sus consellers –la vicepresidenta, Joana Ortega, y la titular de Educación, Irene Rigau– por cuatro delitos relacionados con su papel en la consulta alternativa de hace poco más de una semana. Por ahora, todo apunta a que la vía judicial se impondrá a la política.

La querella viene a tranquilizar a un PP, sobre todo el de Cataluña, molesto por que la consulta se haya producido pese a las continuas negativas de Rajoy de que esto fuese a ocurrir. También viene a acallar las críticas vertidas desde destacados dirigentes conservadores desde el día posterior a las votaciones. Las fuentes consultadas no se explicaban por qué la Fiscalía no actuaba y por qué el Tribunal Constitucional no hacía cumplir sus dos sentencias en las que tumbaba la legalidad de la consulta original y de la sucedánea.

El mismo malestar ha supuesto la tardía reacción de Mariano Rajoy al 9-N, sobre todo en el ala más dura del partido, que consideran que la reacción fue, además, poco contundente. El presidente del Gobierno tardó 72 horas en comparecer para hacer una valoración oficial de lo ocurrido ese domingo en Cataluña. Y cuando compareció su postura fue la misma de siempre. A saber: el referéndum que pide Mas es imposible, los límites son los que marca la ley y cualquier cambio al respecto vendrá condicionado por una reforma de la Constitución que el PP, el partido mayoritario, no apoyará.

Ante el desconcierto generado por su reacción, el propio Rajoy ha admitido que tendrá que "explicar mejor" sus razones. Hasta la fecha se desconoce el alcance de estas declaraciones y hasta dónde pretende llegar el presidente. Las fuentes consultadas en el Gobierno mantienen que éste dará algunas claves en el acto que protagonizará el domingo 29 en Cataluña pero circunscriben el marco del diálogo a las 23 propuestas que Artur Mas entregó en Moncloa en su encuentro antes de verano.

El presidente del Gobierno no quiere oír hablar de una reforma de la Constitución en esta legislatura. reforma de la Constitución No obstante, sectores de su partido y del PSOE, abogan por una modificación de menor alcance que una reforma en sentido amplio. Esta implicaría una disposición adicional que recogiese la singularidad de Cataluña y el blindaje de ciertas competencias. Las fuentes consultadas insisten en que "Rajoy no está en nada de esto". Y en que escuchará a todos los grupos que le trasladen propuestas concretas de reforma de la Carta Magna. Pero no "titulares y eslóganes como hasta la fecha han hecho los socialistas".

los avances de los escándalos de corrupción

En febrero de 2007 estalló el caso Gürtel. Desde esta fecha a día de hoy no ha habido mes en el que no hubiese novedades judiciales de este u otros escándalos que han ido surgiendo en el seno del PP.

Ha sido ahora, más de cinco años después, cuando el presidente del Gobierno ha anunciado que iba a ponerse él mismo al frente, que iba a "liderar" la ofensiva parlamentaria de su partido en lo que a medidas anticorrupción se refiere. Es el enésimo intendo del partido de Rajoy después de cambiar el código ético de los gobiernos de José María Aznar, después de desarrollar un código de buenas prácticas y después de llevar prometiendo desde febrero de 2013 –cuando se enfrentó a su primer debate sobre el estado de la nación– que el Congreso aprobaría un ambicioso paquete de medidas de regeneración democrática y contra la corrupción.

Rajoy subirá a la tribuna del Congreso de los Diputados el próximo jueves para presentar la ley de financiación de partidos y la regulación del alto cargo. Es su forma de evitar una comparecencia monográfica sobre los escándalos de corrupción que afectan a su partido después de ser el principal señalado en el escándalo de las tarjetas B y después de que la Operación Púnica se llevara por delante a cuatro alcaldes del PP de Esperanza Aguirre y a su ex secretario general, Francisco Granados. Pero los partidos de la oposición ya han avisado de que no se lo pondrán nada fácil e intentarán que el presidente, además de detallar las leyes, rinda cuentas.

Los conservadores están convencidos de que la recta final hacia las próximas generales también estará salpicada de novedades judiciales. Y que en lo que no pueden fallar es en la respuesta. "No nos podemos permitir más Bárcenas, más Sepúlvedas ni más Granados", mantiene un diputado. "A cada conducta sospechosa, apertura de expediente y suspensión cautelar de militancia", completa.

Gran parte de los focos están puestos en lo que pueda dar más de sí la Operación Púnica , por lo que supone, sobre todo, dentro del PP de Madrid, en la investigación de los contratos con Sufi –filial de Sacyr– en la época del PP en la Alcaldía de Toledo, en los supuestos pagos en B para las obras de la sede del PP y en lo que siga dando de sí la instrucción de los denominados papeles de Bárcenas.

El examen de las municipales y autonómicas

En mayo, el presidente del Gobierno tendrá el examen preparatorio para las generales. Se trata de las elecciones municipales y autonómicas, unas citas que suelen anticipar victorias o fracasos a nivel nacional. En este caso, sobre todo, por la cercanía en el tiempo

Al panorama negro que pintan las encuestas del CIS se suman los diferentes sondeos publicados en las comunidades autónomas. El PP tiene puesta la vista, sobre todo, en dos territorios donde se ha encendido la luz de alarma: la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. "Perder la Comunidad de Madrid y la valenciana supondrían tal mazazo en el partido que Rajoy tendría que prepararse para una delicada situación interna dentro de su partido", valora un cargo regional. De hecho, los barones ya han venido avisando a la dirección nacional del partido en los últimos meses –sobre todo después de las europeas– de que el Gobierno tenía que aplicar altas dosis de pedagogía para que sus votantes entendiesen el porqué de algunas de sus medidas. Tras el 25-M desfilaron por la sede nacional del partido cargos regionales y provinciales y todos hicieron el mismo diagnóstico: sus malos resultados eran achacables a las políticas del Gobierno. 

En clave municipal, la preocupación es la misma y los focos más calientes vuelven a ser Madrid y Valencia por lo que significan de ciudades emblema de los conservadores.

Ligado a todo esto está el tema de las candidaturas. ¿Apostará Rajoy por la continuidad o por rostros nuevos? ¿Cómo resolverá la incógnita de Madrid donde no hay candidato claro para ninguna de las dos instituciones? Siempre que se le ha preguntado por esto el presidente ha dado a entender que no tenía ninguna prisa y que no hay ningún problema a la hora de apurar los plazos, como ya se hizo con las elecciones europeas. El problema con el que se encuentra ahora es que la sensación de nerviosismo en el partido es más aguda porque no se trata de definir un sólo candidato, sino los de todas las comunidades y los de las principales ciudades.

Existe en el PP una tesis bastante extendida que apunta a que el presidente se está pensando desprenderse de miembros del Consejo de Ministros para incorporarlos a las candidaturas. Para Madrid suenan los nombres de Ana Pastor (Fomento) y de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. De hecho, ya habrían sido incluidas en algunas encuestas. Paralelo a este proceso, Esperanza Aguirre tiene a ojos de sus compañeros de partido cada vez menos papeletas para encabezar la lista a la Alcaldía. Esto daría pie a una nueva etapa en el PP de Madrid, tan incómodo para Génova en los últimos años.

No son sólo cambios en el PP de Madrid lo que las fuentes consultadas reclaman. A un año de las generales, hay quien cree que el partido también necesita un nuevo impulso y citan como uno de los problemas el "pluriempleo" de María Dolores de Cospedal. La número dos del partido es, además, presidenta de Castilla-La Mancha y algunos de sus compañeros se preguntan si podrá meterse de lleno a preparar unas elecciones a la vez que lleva la secretaría general del partido. La respuesta sólo la tiene Rajoy. 

UN GOBIERNO DE MINISTROS QUEMADOS

Alérgico a los cambios, el presidente del Gobierno sólo ha realizado dos movimientos en sus gabinete desde que llegó a la Moncloa. El primero, vino motivado por la marcha de Miguel Arias Cañete al Parlamento Europeo; el segundo, por la marcha de Alberto Ruiz-Gallardón de Justicia tras el anuncio de la retirada de su ley del aborto.

¿Hará Rajoy nuevos cambios? Las fuentes consultadas creen que estos podrían venir motivados por la elaboración de las candidaturas, o bien para dar un último impulso a la legislatura tras las municipales y autonómicas. Independientemente de su decisión, hay ministros particularmente muy desgastados por su gestión. Es el caso de José Manuel Soria, titular de Industria, Fátima Báñez, ministra de Empleo o Ana Mato, responsable de Sanidad.

La titular de Sanidad, a la que muchos en su partido le ponían fin en el Gobierno tras el control de la crisis del ébola, aguanta en el cargo y el convencimiento general de sus compañeros es que si la gestión que ha hecho del contagio de Teresa Romero no le ha costado ya el puesto es porque Rajoy no quiere moverla del ministerio. Una gestión que fue enmendada cuatro días después por el Ejecutivo nombrando máxima responsable del equipo de crisis a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Apodada la "vicetodo" por algunos de sus compañeros, acumula más de una decena de cargos en el Gobierno. Precisamente esa acumulación de cargos no es muy bien vista por algunos de los integrantes del Consejo de Ministros, sobre todo los más veteranos. Critican cómo se ha ido rodeando de gente de su máxima confianza, sobre todo de abogados del Estado, como ella.

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El presidente del Gobierno ha fiado todo lo que va de legislatura a lo económico. "No se hablaba de si España iba a ser rescatada, se hablaba de cuándo. Se hablaba de que España iba a salir del euro. Se hablaba de la prima de riesgo. Se hablaba de la imposibilidad de financiarse que tenían muchas administraciones públicas. Se hablaba de los desequilibrios de la economía española, del déficit público, del déficit del sector exterior, de la inflación, de la deuda externa, de cómo estaba nuestro sistema financiero. Se hablaba de la recesión", sostuvo hace un par de fines de semana en un acto de partido en Cáceres para justificar que la situación es mejor ahora que cuando llegó a la Moncloa. Y prosiguió: "Según los organismos internacionales, no según el Gobierno de España, y la Comisión Europea, España en el año 2015 va a crecer más que la zona euro, que el conjunto de la Unión Europea, que Francia, Italia y que Alemania. Esto es lo que dice la Comisión Europea. Vamos a crecer al 2% y vamos a crear más empleo que en el año 2014 y vamos a cerrar la legislatura con menos paro que cuando llegamos al Gobierno y, sobre todo, con bases sólidas de cara al futuro".

Pese a estas declaraciones, el pasado abril, el Gobierno aprobó las previsiones económicas para los próximos años. En opinión del Ejecutivo, esa mejora de la economía de la que habla Rajoy permitirá rebajar en 100.000 personas el número de parados que el Gobierno del PP se encontró al asumir el poder a finales de 2011. En el cuarto trimestre de aquel año, el paro acabó en una tasa del 22,85%, con 5.283.300 desempleados, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El paro sólo bajará del 20% (19,7%) en 2017 si se cumplen las previsiones.

Con el cuadro presentado, el empleo crecerá un 0,6% este año, un 1,2% en 2015 y un 1,5% en 2016, siempre en términos de contabilidad nacional. Sin embargo, esta mejora no será suficiente para compensar los dos últimos ejercicios, con más de un millón de empleos destruidos.