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Asociaciones judiciales y una ONG piden a la ONU que frene los “ataques” a la independencia de los jueces

Asociaciones judiciales y una ONG piden a la ONU que frene los “ataques” a la independencia de los jueces en España

Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, junto con la ONG Rights International Spain, pidieron este miércoles mediante una carta dirigida a la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Gabriela Knaul, que se dirija al Gobierno español para pedirle explicaciones, así como que realice una visita a España para analizar las "trabas a la independencia judicial".

En el escrito, se denuncian las diversas iniciativas del Gobierno español que, en palabras de estas organizaciones, “están erosionando el principio de separación de poderes”, lo que conlleva el “debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho”. Según estos,colectivos, han acordado plantear este inciativa "ante la gravedad de la situación" actual, en relación a temas como las investigaciones de casos de corrupción, los recortes presupuestarios y  las "restricciones" en el ejercicio de derechos fundamentales.

La carta se refiere, en primer lugar, a la última reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se impuso –recuerdan– con el apoyo único del PP "y con la oposición de todas las asociaciones judiciales", y que "conllevó el nombramiento de sus integrantes por parte de los principales partidos políticos". “Con esta vinculación tan evidente al poder político, el Consejo General del Poder Judicial no puede garantizar la división de poderes”, subrayan.

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Las organizaciones denuncian también que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial –actualmente en fase de anteproyecto–, pueda suponer "más mermas en la independencia de jueces y magistrados". Las asociaciones explican que con la nueva organización territorial que se pretende establecer, "los presidentes de los órganos provinciales serán impuestos por el CGPJ" –dependiente del poder político, subrayan–, lo cual aseguran que es preocupante ya que estos presidentes tendrían la competencia para modificar la composición de los tribunales para la investigación de casos de corrupción.

Las organizaciones critican igualmente la "falta de recursos" para investigar los casos de corrupción, y resaltan que España se encuentra "a la cola de Europa" en número de jueces por habitante y en inversión en justicia. “Difícilmente nuestros órganos judiciales pueden actuar con independencia para investigar los centenares de casos abiertos por corrupción si desde el poder político no se asignan los medios necesarios”, lamentan en la carta.

En este sentido, subrayan la "presión política ejercida contra los jueces que investigan la corrupción", lo que para estos profesionales supone un "claro ataque a su independencia".

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