La gestión de Mato: copago, exclusión sanitaria y el caos del ébola

Ante una Biblia y un crucifijo, Ana Mato juró el 22 de diciembre de 2011 su cargo como ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Mariano Rajoy le tenía encomendada la labor de gestionar una de las carteras más relevantes del Gobierno con un presupuesto mermado. Meses después de su desembarco en el ministerio tuvo que defender una reforma sanitaria que tenía como fin último hurtar 7.000 millones de euros a la sanidad pública. Este decreto consolidó un cambio de sistema: se perdió universalidad –más de 870.000 inmigrantes sin papeles fueron expulsados de la atención normalizada– y los ciudadanos pasaron a ser asegurados en lugar de beneficiarios. Llegó el copago para los pensionistas y el medicamentazo, que sacó de la financiación pública 426 medicamentos de uso común.

Hasta el lapidario auto del juez Ruz, la crisis del ébola fue el último episodio difícil al que se tuvo que enfrentar en política. Tras cuatro días a cargo de la gestión del caso, y ante las críticas suscitadas entre los profesionales sanitarios y los partidos de la oposición, la Moncloa le asignó esa tarea a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.

la Exclusión sanitaria

La restricción de la sanidad como derecho universal fue uno de los ejes de la reforma sanitaria iniciada por el Gobierno en abril de 2012. Más de 870.000 inmigrantes sin papeles residentes en España perdieron el derecho a la sanidad normalizada. Fueron expulsados de un sistema que, hasta entonces, les garantizaba la asistencia fuera cual fuera su situación administrativa. Tampoco entraron en el sistema los familiares de inmigrantes que pidieron la residencia por reagrupación familiar y la obtuvieron después de la aprobación del decretazo. 

Desde septiembre de 2012 su atención gratuita sólo está garantizada en Urgencias, parto y posparto, si bien ONG como Yo Sí Sanidad Universal han documentado en informes recientes casos en los que se deniega la atención en Urgencias o se exige un compromiso de pago, algo que no contempla la ley, a personas en situación irregular.

más Copago

La sanidad que deja Mato es también más cara. Con ella llegó el copago para los pensionistas, que hasta julio de 2012 sólo había contribuido a pagar los medicamentos a través de los impuestos. Los jubilados empezaron a pagar el 10% del precio de los fármacos que compraran en boticas (con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta). Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago se estableció en función de los ingresos: el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, el 50% los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000, y el 60% quienes ganan más de esa cifra.

Pero la presión de algunos presidentes autonómicos de su partido, que no estaban dispuestos a asumir el coste electoral de más medidas en este sentido, obligó a Mato a dar marcha atrás en algunas ocasiones. El pasado enero renunció al copago en el transporte sanitario no urgente que pretendía obligar a los enfermos crónicos a pagar por ir en ambulancia a sus tratamientos. También dijo que no se llevarían a cabo otras medidas que se contemplaban en el decreto para la sostenibilidad del sistema sanitario refrendado en el Congreso en mayo de 2012 como los nuevos copagos a las prótesis o los productos dietoterápicos. Ninguna autonomía ha puesto tampoco en funcionamiento el copago de las medicinas que se dispensan en los hospitales. 

la Dependencia, en demolición 

Ya lo advirtió Rajoy durante su campaña electoral. "La Dependencia no es viable. Hay que ir haciendo lo que se pueda", dijo en una entrevista publicada en el diario El País cuatro días antes de ganar las elecciones que le abrieron las puertas del palacio de la Moncloa. Y a Mato le tocó la difícil tarea de vender que estaba logrando hacer más con menos. Las cifras, sin embargo, no le dan la razón. Entre diciembre de 2011 y septiembre de 2014 ha habido un descenso neto de las personas que cuentan con algún tipo de ayuda o prestación. Han pasado de 738.587 a 723.471. El descenso es, por tanto, de 15.116 usuarios.

La reducción de la lista de espera de la que tanto ha presumido la ahora exministra –desde diciembre de 2013 hay un 43,46% menos de personas esperando por una ayuda o prestación que tienen reconocidas– sólo es consecuencia de la disminución del número de personas que conforman esta lista (han pasado de 305.941 a 172.978). Su salida es consecuencia en gran parte de haber fallecido antes de recibir ninguna prestación o de haber perdido el derecho a la atención al haberse valorado su dependencia con un grado I y nivel 2 –los llamados moderados– que no entrarán al sistema hasta el 1 de julio de 2015.

Sin logros contra la Violencia machista

Durante la gestión de Mato al frente del ministerio, los colectivos feministas también han reclamado más medidas de atención a las víctimas. Y han denunciado que los recortes debilitan las redes de apoyo público que tienen las mujeres cuando dan el paso de denunciar a sus agresores. Los recortes se consolidan en los programas para la prevención de la violencia de género y a las políticas en favor de la igualdad. Los 44 millones de euros que suman ambos programas para el próximo año son un 27,5% menos de lo que se disponía en 2011. Se han perdido 16,9 millones de euros.

El dato positivo es que, tras años de caídas, en 2014 se ha registrado un aumento en el número de denuncias en todas las provincias respecto al segundo trimestre de 2013. Lo que no crece, sin embargo, es la protección de las víctimas. El año pasado los juzgados de Violencia contra la Mujer desestimaron el 41,1% de las solicitudes. En 2004 las rechazadas fueron el 22,2%. Mato deja en el tintero la puesta en marcha de una batería de propuestas para mejorar la respuesta institucional contra la violencia machista que acordó con los ministros Alberto Ruiz Gallardón (ex de Justicia) y Jorge Fernández Díaz (Interior). Una de ellas era implementar un nuevo cuestionario policial para mejorar la valoración del riesgo de la víctima y reforzar su protección que todavía tardará unos meses en llegar a las comisarías según informó el Gobierno en una respuesta parlamentaria. 

el caos del ébola 

De forma más reciente, el hecho que más tocada dejó a la ya exministra es la crisis originada después de que la técnica de enfermería Teresa Romero resultara contagiada por ébola tras atender a unos de los misioneros repatriados desde África Occidental. De su gabinete fue la decisión de traer a España a los dos religiosos –ambos fallecieron– a pesar de las quejas del personal sanitario, que llevaba meses advirtiendo de su escasa formación y de la carencia de medios para tratar a este tipo de pacientes. 

La gestión de la comunicación se consideró otro de los principales fracasos de aquella crisis. De hecho, relegarla de la primera línea fue la constatación de que algo no se estaba haciendo bien. En la rueda de prensa en la que se informó del contagio la ministra apenas intervino y ni ella ni el resto de cargos políticos o profesionales médicos que la acompañaron contribuyeron a dar sensación de tranquilidad. Tanto que, preguntada sobre si consideraba la posibilidad de dimitir sobre este hecho, cedió la palabra a una de sus directoras generales. En otra convocatoria ante los medios días después tuvo otro desliz al afirmar que sabía "por los medios" del estado de salud de la profesional infectada.