Hacienda deja de ingresar 10.000 millones al año por falta de personal

Recuperar todo el dinero que se defrauda en España –la economía sumergida supone el 19,2% del PIB, según un estudio del profesor de la Universidad de Linz Friedrich Schneider referenciado por la Comisión Europea– es una tarea prácticamente imposible. Sin embargo, a la hora de atajar un mal endémico del país, como es la evasión de impuestos, son varios los problemas que están encima de la mesa. Además de otras reformas, los profesionales subrayan la falta de medios como una de las cuestiones fundamentales. 

El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ramsés Pérez-Boga, asegura que las arcas públicas dejan de ingresar cada año 10.000 millones de euros por falta de medios. Según sus cálculos, duplicar la plantilla que actualmente tiene el organismo encargado de la recaudación de impuestos multiplicaría por dos los 10.091 millones de euros recaudados en 2013 en acciones de inspección, según datos de la memoria de la Agencia Tributaria. Esta cifra de recaudación apenas supone recuperar una sexta parte de todo el dinero defraudado, que ronda los 65.000 millones de euros cada año. 

La cifra, que equivale al recorte en educación y sanidad anunciado por el Gobierno de Rajoy en abril de 2012, no surge de la nada. Pérez-Boga utiliza una comparación con Reino Unido para explicarla. En el país anglosajón el dinero no declarado supone apenas el 9% de toda la riqueza generada –según el mismo informe Schneider citado anteriormente–, mientras que en España es el 19,2%. Y se da la coincidencia de que en el Reino Unido los recursos humanos dedicados a combatir el fraude son el doble que en España: hay un empleado de Administraciones tributarias por cada 929 ciudadanos, mientras que en España hay uno por cada 1.958, según datos de la OCDE. De hecho, según las cifras de este organismo, España es el país de la UE que, con datos ponderados según la población, menos recursos humanos tiene para luchar contra el fraude fiscal. 

"Eso permite hacer una especulación, que si fuéramos el doble, recaudaríamos el doble. La economía sumergida es inversamente proporcional a los recursos dedicados a la persecución de fraude", subraya Pérez-Boga. Y amplía: "Si hay una Administración eficiente en el funcionamiento, una economía sumergida superior y unos medios humanos que son la mitad, la conclusión parece clara. Esa es la percepción que tenemos día a día en nuestro trabajo". Una opinión similar tiene José María Mollinedo, secretario general del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). "Tenemos la mitad de plantilla, no debe extrañarnos que tengamos el doble de economía sumergida", señala. 

Para que las cuentas sean claras hay que tener en cuenta que esa recaudación también tendría un coste derivado de la contratación del personal. No obstante, tanto los técnicos como los inspectores de Hacienda creen que sería una inversión "hiperrentable a todas luces", pues aseguran que España está en unas cifras "muy aceptables" de recuperación de cuota defraudada tras una inspección. La realidad es que la falta de medios ha sido reconocida incluso por el propio Gobierno. En la memoria justificativa del decreto por el que se aprobó el pasado abril una oferta de empleo público de carácter extraordinario para la Agencia Tributaria, se calificaba de "preocupante" el hecho de que la plantilla se hubiera rebajado a finales de 31 de diciembre de 2013 hasta las 26.231 personas. En ese decreto se alude también a los estudios sobre la evolución del personal realizados por este organismo, que "ponen de manifiesto el riesgo de una pérdida acumulada durante toda la década de 2010 a 2020 de más de una cuarta parte de una plantilla, cuya edad media ha pasado de poco más de 40 años en el momento de su creación a cerca de 50 en años en los momentos actuales".

Los trabajadores de la Agencia Tributaria llevan años denunciando que no se dota a este organismo de los medios humanos necesarios, algo que provoca que, a su juicio, los sucesivos planes de lucha contra el fraude tengan unos resultados "infructuosos" a los que, sin embargo, el Gobierno siempre lograr encontrar el dato positivo "para anunciar los resultados brillantes con mucho bombo", tal y como define la Organización de Inspectores de Hacienda en un informe reciente sobre medidas contra la corrupción. 

Un 6% menos de empleados 

Las sucesivas memorias de la Agencia Tributaria dan cuenta de esa evolución. La plantilla del organismo encargado de la recaudación fiscal estaba integrada a finales del año pasado por 26.231 personas, 1.720 personas menos que en 2008. El descenso es del 6%. También ha habido desde entonces una reducción en el número de funcionarios dedicados a la inspección, donde hay 141 efectivos menos que entonces. El número de profesionales ha pasado de 5.198 a 5.057. "El dato es aterrador, continúa bajando trimestre a trimestre porque la media de edad es alta y hay jubilaciones que no se reponen porque la tasa de reposición es del 10%". 

Los datos de las memorias remarcan, por ejemplo, cómo el número de personas investigadas se mantiene prácticamente igual desde 2010. Entre finales de 2009 y finales de 2013 esta cifra sólo aumentó un 1%. Pasó de 25.926 a 26.124. "La única explicación a que esta cifra permanezca constante con menos medios es que ha habido una mejora de la eficiencia, eso no deja de ser un éxito", señala el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda. La mejora de la eficiencia, dice Pérez-Boga, también explica la mejora en las cifras de deuda liquidada (la cantidad que resulta a ingresar cuando se hace un acta de inspección, que no quiere decir que sea la ingresada porque puede haber recursos), que ha aumentado un 36% desde 2007, pasando de 4.142 millones de euros a 5.652 en 2013.

"La Agencia Tributaria cada vez tiene más información para llevar adelante sus inspecciones, se selecciona con más acierto a los incumplidores", explica. No obstante, admite que desde "organismos miniiteriales" también ha habido un requerimiento para que se intensifiquen las actuaciones y, sobre todo, aquellas que impliquen un mayor ingreso. Mollinedo añade que ese aumento se debe, además de a la mejora de los los sistemas de selección de los contribuyentes que van a ser investigados, a un "aumento de la defraudación a causa de una economía sumergida creciente".

No obstante, hacer más con menos, dicen, es imposible. Por eso reclaman un plan de fortalecimiento de los órganos de la Agencia Tributaria que refuerce determinadas áreas. A juicio de Pérez-Boga habría que "redimensionar" las cifras e incidir especialmente en el personal dedicado a las funciones de inspección tributaria, que son muy intensivas en factor humano porque exigen la revisión física de contabilidades y de facturas. Y también a las áreas de recaudación que están menos informatizadas, como aquellas que se dedican a procesos concursales u operaciones de vaciamiento patrimonial. Pero advierte de que tendría que ser un plan a medio plazo (5 o 6 años) que garantizara que los nuevos funcionarios vienen acreditados con una oposición aprobada y con una formación que les permitiera adquirir la práctica necesaria. "El problema es que muchas veces los Gobiernos actúan con criterios cortoplacistas derivados de sus expectativas de estar en el poder y enfrentarse a unas elecciones, pero en Economía el corto plazo no funciona bien", señala. 

la evasión de las grandes empresas 

Otro aspecto fundamental si se quiere atajar el problema de la evasión de impuestos es dónde fijar el foco. Los técnicos de Hacienda consideran que habría que enfocar la lucha contra la evasión en las grandes compañías donde, a su juicio, se encuentran las grandes bolsas de fraude. A juicio de Mollinedo el Gobierno va en sentido contrario. Y critica lo que, a su juicio, es una estrategia del Ministerio de Hacienda encaminada a buscar contribuyentes convencionales que no realizan fraudes complejos y que no tienen acceso a gabinetes jurídicos especializados para defenderse. "Lo más sencillo es hacer el trabajo burocrático de investigar un pequeño negocio o compañía mediana. Ahí la Administración sabe que, si hay fraude, va a recaudar porque no va a haber litigio posible y eso contribuye a aliviar la tensión del déficit. Ese tipo de investigación, que está a pie de calle, también tiene un componente ejemplarizante y contribuye a asentar la idea entre la ciudadanía de que la Agencia Tributaria sí lucha contra el fraude", subraya. 

En este punto, ambos colectivos coinciden en que el "principal fracaso" de la actual Agencia Tributaria es la lucha contra el fraude sofisticado. Un fracaso que atribuyen a la falta de medios, pero también a la "falta de voluntad política" para dedicar los efectivos adecuados a la investigación de los sectores de alto riesgo de fraude, como paraísos fiscales, movimientos de capitales y activos financieros y al "establecimiento de una política más propagandística que eficaz, basada en unos objetivos confusos, incrementalistas y fácilmente manipulables". No obstante, sí reconocen que en los últimos años ha habido avances en el área de control, que examina las rentas declaradas y fácilmente controlables mediante el manejo de las bases de datos de la Agencia Tributaria.

otras medidas 

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En el ámbito de las grandes compañías, técnicos e inspectores creen que hay muchas medidas encima de la mesa que podrían favorecer la recaudación, pero que no se llevan a cabo por falta de voluntad. Las medidas que se están llevando a cabo a nivel internacional a instancias de la OCDE contra el fraude fiscal son pasos en la buena dirección, sí, pero demasiado cortos. Ambos colectivos dan la bienvenida a acuerdos como el adoptado recientemente en Berlín por un centenar de países [ver lista completa en este reportaje de Mediapart] que acordaron ponerse manos a la obra con el objetivo de enterrar el secreto bancario. Pero advierten que tiene demasiadas lagunas.

Por eso Pérez-Boga pide "medidas unilaterales" como el llamado "impuesto Google" con el que Reino Unido anunció el pasado 3 de diciembre que gravará con un 25% los beneficios obtenidos en el país por empresas multinacionales y declarados en otro. En España las filiales de Apple, Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, Amazon, Twitter o Ebay apenas pagan impuestos porque, según explica este inspector de Hacienda, recurren a la llamada triangulación con lo que el beneficio se escapa a otras soberanías en las que se paga menos impuestos. Según datos de Gestha, las grandes empresas y fortunas concentran el 72% de toda la evasión.

En el ámbito de la llamada evasión fiscal doméstica, los inspectores proponen medidas tendentes a generalizar los medios electrónicos de pago. En este sentido, plantean la obligación para empresas y comercios de facilitar al cliente la posibilidad de hacer sus abonos a través de un medio electrónico. "Es una manera sencilla de dejar rastro de lo que se ha pagado y es muy efectiva", subraya Pérez-Boga. Otras de sus propuestas son que la deducibilidad de los gastos esté condicionada a un pago por vía electrónica o bancaria. "Esto evitaría una parte del fraude llamado con IVA o sin IVA", explica. O favorecer la deducción de gastos en las que existe un alto nivel de fraude, como es el caso de los empleados del hogar.