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Caso Blesa

UPyD pide a Andreu que embargue a Blesa los 3.432 euros de su jubilación

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Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que embargue dos pensiones de jubilación que debe percibir el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa a partir del mes de diciembre. Estas retribuciones suman un total de 3.432 euros brutos.

El exbanquero remitió al magistrado –que le investiga por el uso de tarjetas opacas al fisco de la entidad y la emisión de participaciones preferentes– un escrito en que detallaba ambas pensiones y solicitaba mantenerlas en su totalidad o cobrar al menos la parte de cada una correspondiente al salario mínimo interprofesional, 645,39 euros.

Blesa tomó la decisión de jubilarse ante "la falta total de ingresos y capacidad de disposición de fondos" que sufre después de que el juez ordenara el embargo de sus bienes para responder a la fianza en concepto de responsabilidad civil por 16 millones de euros en la causa de las 'tarjetas black' y que "eran su única fuente de ingresos".

La primera de las pensiones responde al abono de la prestación de jubilación del Plan Universal de la Abogacía, por el que percibe 1000 euros brutos mensuales. Según la documentación adjunta, Blesa se dió de alta en la mutualidad de el 1 de julio de 1985 y comenzó a aportar dinero para el plan en noviembre de 2005, hasta alcanzar los 89.714 euros. El expresidente de la caja madrileña recibió la primera mensualidad de este plan a 1 de noviembre de este año. Dado que contempla un importar bruto anual de renta financiera a percibir de 12.000 euros, la provisión de fondos prevista alcanza para algo más de siete años.

Blesa detallaba también en su escrito que había comunicado a la Seguridad Social "su necesidad de jubilarse". Según resolución del INSS fechada el 20 de noviembre la prestación aprobada asciende, en este caso, a 2.432,89 euros.

El exbanquero, que ha abierto "a los únicos efectos" de recibir el importe de sus pensiones·una nueva cuenta en Bankia, pedía que no le fuera retenido este dinero y que se comunique al banco que debe permitir su disposición.

Para el caso de que el juez no acceda a esta petición, la defensa de Blesa proponía mantener al menos un ingreso mínimo de 1.290 euros en aplicación de lo contemplado por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

UPyD considera en un escrito presentado al juez que su solicitud es "improcedente" y destaca que la cantidad de 3.432 euros "supera ampliamente lo que pueda ganar cualquier trabajador cualificado". Se opone también a que perciba el salario mínimo de ambas prestaciones al considerar que deberían acumularse "para deducir de una sola vez la parte inembargable".

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