Caso Pujol

La Fiscalía cree que Hacienda podrá probar el delito fiscal de Oleguer Pujol en 2007 y 2008

Un agente saca documentación tras los registros efectuados a Oleguer Pujol.

Un informe que está ultimando la Agencia Tributaria sobre las operaciones inmobiliarias de Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias será clave para el futuro judicial del benjamín del expresidente de la Generalitat de Cataluña.

El contenido del mismo determinará la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que está convencida de que Hacienda tiene en su poder datos suficientes para demostrar que Oleguer Pujol y su socio cometieron delitos contra la Hacienda Pública (delito fiscal), según explicaron fuentes del caso a infoLibre.

Las sospechas del Ministerio Público tienen su origen en la inspección realizada por la Agencia Tributaria de los ejercicios 2007 y 2008, cuya documentación fue presentada por los imputados. En concreto, Hacienda inició actas de delito de Oleguer Pujol y Luis Iglesias, aunque todavía no están cerradas. 

Ahí podría residir el delito fiscal, sostienen las citadas fuentes a este diario, ya que Oleguer Pujol no habría declarado el cobro de comisiones por un importe superior a 120.000 euros en esos ejercicios.

Las fuentes de la investigación admiten que "hay dudas sobre la posible prescripción" de ese delito fiscal –al haber transcurrido más de cinco años–, pero destacan que si se demuestra el fraude fiscal como delito antecedente, "del mismo se puede derivar el de blanqueo de capitales, que no estaría prescrito".

La investigación del caso se centra en las comisiones ilegales que presuntamente habrían percibido Oleguer Pujol y Luis Iglesias de la compraventa el 23 de noviembre de 2007 de 1.152 sucursales del Banco Santander por un valor de 2.012 millones. Además, Anticorrupción pretende conocer el origen del dinero prestado por empresas, vinculadas a la trama, que tienen como destino otras firmas de Oleguer Pujol y su socio.

Sin embargo, tal y como adelantó infoLibre, la Fiscalía Anticorrupción nunca ha tenido entre sus planes implicar a las empresas vendedoras de los inmuebles, que fueron además del Santander, el Grupo Prisa y Bankia.

El origen del dinero

Por su parte, el informe de la Policía Judicial especifica que Cuius Holding, BV, el socio único de Samos Servicios y Gestiones S.L. [la empresa que encabezó la operación del Santander], "recibió en la misma fecha, noviembre de 2007, un préstamo o línea de crédito personal mancomunado por importe de 1.926 millones de euros. Entre los prestamistas se encontraba la misma Samos". Oleguer Pujol Ferrusola fue nombrado consejero y presidente de Cuius Holding, BV, por lo que participaba tanto en la empresa que prestó como en la que recibió el dinero.

Además, según la Fiscalía, "en 2007 su socio único, ya con la denominación cambiada a la de Sant Midco Holding BV, le concede un préstamo de 210 millones de euros".

Precisamente, la defensa del benjamín de los Pujol ha presentado dos informes elaborados por la firma Deloitte sobre las operaciones económicas vinculadas a la venta de los inmuebles del Santander y de otras firmas, con los que tratan de evitar las imputaciones. Aunque estos documentos no llegan a explicar el motivo de que los imputados se concedan créditos a sí mismos. "Las explicaciones que han dado no solucionan el enigma del origen del dinero", explican las fuentes de la investigación consultadas.

Los correos de Oleguer

Asimismo, tanto Anticorrupción como el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz están a la espera de que la Policía Judicial (UDEF) analice el contenido de la documentación intervenida en los registros efectuados. Como por ejemplo la información contenida en los ordenadores de las empresas de los detenidos, que se almacenaban en un servidor de la empresa de informática Punto Tec. Entre la documentación digital requisada se encontrarían correos electrónicos de los ordenadores de la empresa de Oleguer PujolOleguer Pujol.

El juez De la Mata desoye a la Fiscalía y deja libre al pequeño de los Pujol

El juez De la Mata desoye a la Fiscalía y deja libre al pequeño de los Pujol

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ordenó el 23 de octubre varios registros para aclarar el origen del dinero con el que se adquirió un establecimiento en Canarias. También investiga la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria.

Las pesquisas también se centran en la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

El instructor abrió esta causa el pasado 1 de octubre después de admitir parcialmente a trámite una querella que habían presentado Podemos, Guanyem Barcelona y otros colectivos políticos y sociales de Cataluña.

Más sobre este tema
stats