El Gobierno empieza a negociar las nuevas medidas antiterroristas con CiU, UPyD y PNV

El Gobierno ha iniciado este miércoles las conversaciones con UPyD, CiU y PNV con el fin de intentar que se sumen al acuerdo alcanzado por PP y PSOE para aprobar nuevas medidas de lucha contra el terrorismo yihadista. La proposición de ley podría someterse a su primer debate en el Pleno del Congreso la segunda semana de febrero, en la primera sesión ordinaria de este periodo de sesiones.

Según han informado fuentes parlamentarias, además de tramitarse por la vía de urgencia, se baraja la posibilidad de que se haga también en lectura única, lo que permitiría acelerar al máximo los trámites, de manera que su entrada en vigor vaya acompasada a la de la reforma del Código Penal que el Pleno del Congreso tiene previsto remitir al Senado la próxima semana. Aunque el acuerdo alcanzado entre conservadores y socialistas implica desvincular la tramitación de las medidas antiterroristas de la del nuevo Código Penal, formalmente la proposición de ley va a ser una reforma de esta norma, por lo que el Gobierno cree conveniente que la discusión de ambos textos se produzca lo más acompasadamente posible.

De hecho, la idea del Ejecutivo es que el Boletín Oficial del Estado (BOE) pueda publicar el mismo día el nuevo Código Penal y la ley que surja del acuerdo impulsado por PP y PSOE para que entren en vigor a la vez. El PP y el PSOE quieren que la proposición de ley se registre con la firma del mayor número de grupos parlamentarios posible y, por eso, aunque la base del texto serán los acuerdos que alcancen los dos mayoritarios partiendo de las enmiendas planteadas por el PP a la reforma de Código Penal, también van a mantener contactos con el resto de la oposición para ir incorporando sus aportaciones en la medida de lo posible.

Interior comienza a hablar con CiU, UPyD y PNV

Fuentes del Ministerio del Interior han informado de que el Gobierno ha iniciado este miércoles las conversaciones con Rosa Díez (UPyD), Aitor Esteban (PNV) y Jordi Jané (CiU). Será el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el encargado de negociar el articulado final de unas medidas que se han pactado con el PSOE, pero que están abiertas a nuevas aportaciones de los grupos. Fuentes del Gobierno explican que la negociación se ha iniciado con estos tres partidos porque Interior estima que serán los más favorables a una propuesta con la que se quiere dar una imagen de unidad.

No obstante, los métodos de los grupos mayoritarios ya han suscitado críticas. Díez, por ejemplo, ha tachado de "chapuza para hacerse una foto propagandística" el pacto alcanzado entre el PP y el PSOE y ha exigido que las nuevas medidas antiterroristas cuenten con medios y dotación económica porque si no "no servirá de nada". Por parte de Izquierda Plural, el diputado de IU Ricardo Sixto ha asegurado que el acuerdo está "cojo" y "precocinado", mientras su compañero Gaspar Llamazares ha afirmado que las nuevas medidas "incluyen todas las obsesiones del PP, y ha defendido que cualquier nueva norma tiene que discutirse con "tranquilidad".

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Una vez se cierre el acuerdo, la iniciativa será registrada en el Pleno del Congreso, lo que se prevé ocurra antes de que finalice el mes de enero. Después, tendrá que ser calificada por la Mesa del Congreso, publicada en el Boletín de las Cortes y remitida al Gobierno para que dé vía libre a su tramitación. El Ejecutivo tiene un mes de plazo para emitir su opinión pero, en este caso, lo hará de forma inmediata, de manera que el debate sobre su toma en consideración pueda incluirse sin demora en el orden del día del Pleno de la Cámara.

Si la negociación no se alarga y se cumplen los plazos previstos, ese primer debate tendría lugar el martes 10 de febrero y la iniciativa arrancaría su tramitación. A continuación, el Pleno debería aprobar, sí así se solicita, su tramitación en lectura única, lo que llevaría a que en una sesión plenaria se debatieran y votaran las eventuales enmiendas que planteen los grupos parlamentarios.

El procedimiento más breve supondría tomar en consideración la proposición de ley el día 10 y aprobarla el 12, dentro de la misma sesión plenaria. No obstante, podría dar más margen para que la aprobación se retrase a un pleno posterior, siempre para que el texto llegue al Senado antes de marzo. La vía de la proposición de ley, que no requiere informes previos de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni de ningún otro órgano, es el que utilizó el PP hace un año para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y limitar la denominada Justicia Universal, que se tramitó en poco más de un mes, incluyendo su paso por el Senado.