UPyD pide en el Congreso ordenar jerárquicamente los sueldos de los cargos públicos

El grupo parlamentario de UPyD en el Congreso registró este viernes una proposición de ley para ordenar jerárquicamente las retribuciones de las autoridades y cargos públicos del país conforme a una pirámide en cuya cúspide estén el Jefe del Estado y el presidente del Gobierno. Asimismo, apuntan que ningún otro puesto institucional pueda cobrar más que los mencionados.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, se subraya que el sistema retributivo de los cargos políticos y de la Administración General del Estado "es una cuestión de gran relevancia en cualquier sistema democrático". Por ello, apunta que debe regularse "de una forma justa, transparente y racional" o, dicho de otro modo, "todo lo contrario del caótico sistema retributivo actual, en el que muchos altos cargos tienen una remuneración en muchos casos superior a la del presidente del Gobierno".

"Con un sistema relativamente bien jerarquizado en el ámbito de la función pública", continúa la propuesta, "resulta incomprensible el desorden del sistema retributivo de los miembros del Gobierno, altos cargos, órganos constitucionales y otras instituciones fundamentales del Estado".

UPyD une al desorden jerárquico el hecho de "la notable opacidad y falta de transparencia" de las retribuciones pues "el complicado sistema retributivo se compone de cantidades fijas y periódicas, dietas por la asistencia a reuniones de órganos colegiados –que en muchas ocasiones se han convertido en sueldos encubiertos–, indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo y hasta los llamados 'sobresueldos' pagados como complemento por algunos partidos".

Una jerarquización de nueve niveles

Su propuesta consiste en establecer una pirámide de salarios a través de una clasificación de cargos públicos en grupos retributivos de tal manera que un grupo inferior nunca pueda percibir un salario bruto anual mayor al de cualquier otro cargo público de un grupo retributivo inmediatamente superior.

En la cúspide, sitúan al rey como Jefe del Estado y al presidente del Gobierno. Por debajo, en el Grupo 2, aparecen los vicepresidentes de Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, y los presidentes del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional.

En el tercer nivel se situarían los ministros, el gobernador del Banco de España, los presidentes del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, el vicepresidente del Tribunal Constitucional y el fiscal general del Estado. En el Grupo 4 aparecen el subgobernador del Banco de España, el Defensor del Pueblo, los secretarios de Estado y los magistrados del Tribunal Constitucional.

Un quinto escalón reúne a los diputados, los subsecretarios y los presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Consejo Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). En el sexto nivel colocan a senadores (que perderían su equiparación con los diputados), los delegados del Gobierno y los embajadores.

Por debajo de ellos, los diputados provinciales y concejales de las ciudades de más de medio millón de habitantes y la tabla la cerrarían otros dos niveles donde se encuadarían, entre otros, el resto de ediles.

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El partido que lidera Rosa Díez no pone cifras a la horquilla salarial de cada grupo retributivo, asunto que quedaría pendiente de desarrollo reglamentario tras un informe de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Todo ello, según UPyD, "va unido inevitablemente a la necesidad de un régimen estricto de incompatibilidades de remuneraciones así como la prohibición de sobresueldos, a fin de preservar la buena imagen de la política, además de redundar en un sistema transparente de percepciones de todo sujeto al servicio del Estado". Una incompatibilidad que propone incorporar es la de parlamentario (diputado, senador o autonómico) y concejal, algo que actualmente es legal y muy utilizado principalmente por el PP, que tiene varios alcaldes y portavoces municipales en el Congreso y en el Senado.

Por último, proponen evaluar el trabajo que hacen los altos cargos ya que incluye un artículo para "establecer reglamentariamente los criterios que permitan la evaluación del desempeño de los cargos sujetos a esta ley, que articulen los conceptos retributivos variables en función de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados". Esos sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán a "criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación".