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Contratos

Competencia multa con 98 millones a ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr y 30 empresas más por repartirse contratos públicos

  • Se trata de una de las mayores multas impuestas por el organismo, ya que era uno de los más grandes y complejos cárteles detectados en los últimos años
  • Su relevancia radica en que afecta a un gran número de contratos públicos, lo que repercute en los precios pagados por los contribuyentes

infolibre Publicada 26/01/2015 a las 20:25 Actualizada 26/01/2015 a las 20:55    
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El presidente de Atresmedia, José Manuel Lara Bosch.

El presidente de Atresmedia, José Manuel Lara Bosch

E.P
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa total de 98,2 millones de euros a ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr, a otras treinta empresas y a tres asociaciones por mantener durante al menos trece años un cártel en el sector de la prestación de servicios públicos urbanos que afectó a todo el país.

Se trata de una de las mayores multas impuestas por el organismo, ya que era trataba uno de los más grandes y complejos cárteles detectados en los últimos años.

Su relevancia reside en el número de empresas implicadas, en el periodo de tiempo que se mantuvo, en el hecho de que se desarrolló en todo el territorio nacional y, sobre todo, en que afecta a un gran número de contratos públicos, lo que en última instancia repercute en los precios que los ciudadanos pagan como contribuyentes por los servicios, según explicaron en fuentes de la CNMC.

En su resolución, la Comisión considera acreditado que los cuatro grandes grupos de construcción y servicios, las otras 35 compañías y las tres patronales multadas llevaron a cabo entre los años 2000 y 2013 una "práctica concertada global de reparto de mercado que integraron en su política comercial".

En concreto, estas empresas mantuvieron acuerdos por los que se repartían los contratos públicos de ayuntamientos o los boicoteaban; esto es, acordaban no presentarse si las condiciones "no se ajustaban a sus intereses". También se distribuían y se respetaban sus respectivos clientes, tanto públicos como privados, y se intercambiaban información "comercialmente sensible".

Las cuatro grandes compañías cotizadas y el grupo Saica copan casi el 75 por ciento del importe total de la sanción, dado que, en conjunto, sus multas suman 72 millones de euros.

La CNMC ha impuesto a Urbaser, filial de servicios de ACS, una sanción de 23,28 millones de euros, a FCC de 16,88 millones, a Valoriza (Sacyr) de 15,29 millones, a Cespa (Ferrovial), de 13,61 millones, y a Saica, de 5,37 millones.

La sanción se ha determinado, además de con los parámetros fijados en la Ley y con un fin disuasorio, en función del beneficio ilícito obtenido con estas prácticas, aunque según las fuentes mencionadas el "perjuicio económico causado seguramente ha sido superior".

El Ayuntamiento de Madrid figura como uno de los más afectados por el cártel de las empresas, si bien también actuó en contratos con el Ayuntamiento de Sevilla y de administraciones del País Vasco, Cataluña, Málaga y Ceuta, entre otras. Asimismo, varios de los contratos superan los 500 millones de euros.

Reparto de grandes contratos de limpieza

Por sectores, el cártel afectó a tres actividades de servicios urbanos, la de gestión de residuos industriales, la de saneamiento urbano y la de recuperación de papel y cartón.

En saneamiento urbano, la CNMC ha acreditado acuerdos entre los cuatro grandes operadores (ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr), articulados a través de la patronal Aselip, para concurrir a contratos públicos en determinados lugares y para "boicotear" los que no se ajustaban a sus intereses no concurriendo a los mismos.

Entre estos pactos, el regulador señala al suscrito entre FCC y Urbaser (ACS) en 2009 para acudir juntos a todos los contratos que surgieran para construcción y explotación de plantas de aprovechamiento energético de residuos.

También detecta que FCC, Ferrovial y ACS acordaron repartirse el contrato de limpieza viaria y jardinería del Ayuntamiento de Madrid, y que actuaron de forma conjunta ante el de residuos urbanos de la periferia de la capital. Asimismo, señala acuerdos de Urbaser (ACS) con varias firmas en el País Vasco, y de esta empresa y FCC en 2010 para pujar por todos los contratos de Málaga, Ceuta y Melilla.

El sector del papel y el cartón, sobresale entre los hechos acreditados el del concurso de venta de papel recuperado del Ayuntamiento de Madrid de 2000, en el que varias empresas se presentaron conjuntamente a través de la patronal Arema, lo que repercutió en unos menores ingresos a este Consistorio.

Correos electrónicos

El organismo que preside José María Marín Quemada detectó la posible existencia de estos acuerdos a raíz de una investigación sobre gestión de residuos sanitarios en 2012.

En el marco de la instrucción, sus inspectores han recabado documentación y correos electrónicos en los que se prueba la existencia de contactos entre las empresas sobre la intención de presentarse o no a un contrato, o en la que se preguntan sobre si determinado cliente pertenece a determinada empresa.

Durante la investigación, la CNMC no encontró ningún supuesto de delito penal que tuviera que ser trasladado a la Fiscalía, y tampoco empresa alguna que decidiera al programa de clemencia, por el que el regulador exime de multa a las firmas que colaboran con la investigación, según dichas fuentes.


3 Comentarios
  • 3 losdel38 10/03/15 20:59

    ¿ Competencia Multa ?        Supongamos que Al Capone esta en Madrid en sus mejores momentos cobrando de todas la obras..Y un dia le dice a los dueños de las Obras...No los dueños de las Obras a Al Capone,Tio que somos todos de la misma Banda.

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  • 2 senenoa 27/01/15 14:10

    Veremos cuánto se cobra de este dinero… Y mientras tanto ¿Dónde estaban los políticos municipales, autonómicos o nacionales? ¿De dónde creemos que salían las subvenciones fraudulentas, los sobres en B y los millones de Bárcenas? Os apuesto un correquetecagas con chorreras a que esto termina como una tormenta de verano.

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  • 1 phentium 27/01/15 12:05

    Esto es solo la punta del iceberg. En construccion el dinero va y viene entre determinadas empresas dejando una parte en cada puerto. Y menicion especial para los sobrecostos. El sistema es pujar a la baja para obtener el contrato. Si se tiene alguien amigo que nos diga cual es la puja mas baja muchisimo mejor. Solo hay que darle una pequeña comision. Una vez obtenido el contrato y en fase de ejeccucion del proyecto, se empiezan a emitir sobrecostos que en muchas ocasiones llegan a alcanzar mas de cinco veces el importe de la oferta inicial pasando asi de ser la mas barata a duplicar o triplicar la oferta inicial mas alta. Una verguenza. Por otro lado la empresa adjudicataria pone en cuestion los importes que le facturan sus proveedores haciendo que estos tengan que pelear cada euro que se les paga. Muchos de ellos terminan por claudicar al no disponer de un buen departamento juridico y en algunos casos he visto hasta como tenian que hechar el cierre y despedir a todo su personal.

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