Los rectores desafían a Wert y aplazan a 2017 la reforma de las carreras

Las carreras de tres años no llegarán a los campus españoles, al menos, hasta el curso 2017-2018. Así lo ha decidido este martes la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) –el colectivo en el que están representados los responsables de las universidades públicas y privadas– que ha acordado casi por unanimidad (57 votos a favor, 5 abstenciones y uno en contra) establecer una moratoria de dos años al decreto que da a los campus la posibilidad de ofrecer carreras de tres años a completar con másteres de dos. Para adaptarse a Bolonia las universidades españolas asumieron mayoritariamente el esquema de grados de cuatro años y másteres de uno.

Las universidades manifiestan de esta forma su rechazo a la implantación de la reforma de manera "apresurada" como, aseguran, pretendía Educación. Y señalan que antes de abordar un cambio de estructura, es prioritario culminar primero la evaluación de las titulaciones actualmente vigentes, así como llevar a cabo una "profunda reflexión" sobre el futuro de los campus españoles. "No discutimos la flexibilización, sino que decimos que no es el mejor momento. Siempre hemos insistido en hacerlo con prudencia, con tiempo", señaló en una convocatoria ante los medios Manuel López, presidente de la CRUE.

Autorregulación 

De ahí, explicó López, que los rectores hayan optado por autorregularse con el objetivo de "mantener la cohesión del sistema" y "evitar que exista un grado de tres en una universidad y uno de cuatro en la de enfrente o en otra comunidad", señaló. En este sentido, señaló que aprovecharán estos dos años para "hacer la evaluación del sistema que está ahora entrando en procesos de acreditación" e "intentar explicar" con claridad lo que supone este hecho a las familias. "Queremos hacer una labor clara de difusión", amplió.

Asimismo, el presidente de la CRUE insistió en que los rectores no comparten que una reordenación del sistema de tal calado "esté en función de situación financiera". Y cuantificó en 750 millones de euros el ahorro aproximado que la puesta en marcha de este decreto tendría para las arcas públicas tomando como referencia los 150 millones de euros que el ministro José Ignacio Wert dijo que tendría para las familias, pues se calcula que los estudiantes sufragan con las tasas una quinta parte del coste total de los estudios universitarios.

Por otro lado, explicó que algunos rectores han tenido "algunas dudas" sobre la moratoria pero se mostró convencido de que "en el ámbito de todos está cumplir con la moratoria". Y expresó la necesidad de que las administraciones educativas de las comunidades autónomas respeten la decisión de las universidades. "No sería deseable que las comunidades autónomas tomaran medidas contradictorias. Nosotros hemos hecho lo que podíamos hacer, que es darnos dos años para pensar sobre el tema", apuntó.

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López señaló también que la moratoria contribuirá también a extraer del debate electoral la medida, en un año en el que habrá elecciones tanto autonómicas como generales. "Queremos que haya tranquilidad y reflexión para actuar con prudencia, sentido común y cohesión en todo el sistema universitario español, permitiendo que todos puedan ejercer su autonomía pero sobre unos criterios establecidos", aseveró.

Críticas de la comunidad educativa 

Estudiantes y sindicatos se habían mostrado muy críticos con esta reforma, pues consideran que la implantación de los grados de tres años, al no ir acompañada de un refuerzo del sistema de ayudas, supondría "un daño irreparable en la equidad de los estudiantes universitarios en el acceso y permanencia en la educación superior". El número de becados universitarios aumentó un 10% el curso pasado, aunque aún no es posible concluir si ha sido por el cambio de requisitos o por el empobrecimiento de las familias. Los becados recibirán una media de 300 euros menos, según las estimaciones facilitadas la semana pasada por el ministerio.