Las víctimas creen que los directivos de Renfe arriesgan una imputación si no responden al juez del ‘caso Alvia’

Teresa Gómez-Limón, integrante de la plataforma Víctimas Alvia 04155 y diputada de la Asamblea de Madrid (primero en las filas del PP y ahora como independiente), cree que "puede haber personas imputables" en la cúpula de Renfe si la operadora ferroviaria no aporta, porque no tiene, la valoración psicofísica del maquinista que le exige la ley.

De hecho, Gómez-Limón sospecha que este documento, que el juez le ha requerido por tercer vez a Renfe bajo apercibimiento de "desobediencia", no existe. "Sospecha fundada, porque si lo llega a tener, lo normal es que lo hubiera mandado en junio, cuando se le pidió por primera vez", explica en declaraciones a Europa Press.

En una providencia firmada este miércoles, Andrés Lago Louro, el segundo instructor del accidente que en julio de 2013 se cobró 79 vidas en el barrio compostelano de Angrois –más otras dos pendientes de reconocer– da de plazo 15 días a la operadora ferroviaria para que cumpla con lo solicitado, ahora ya en tres ocasiones.

Renfe, por su parte, ha declinado hacer declaraciones al respecto de lo que hará, toda vez que tiene la posibilidad de interponer recurso de reforma en el plazo de tres días ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.

Teresa Gómez-Limón, una de las portavoces más activas de la citada plataforma de víctimas, es quien, a través de su abogado, instó al juez –en junio de 2014 todavía era Luis Aláez–, a que solicitase a la dirección general de Ferrocarriles la valoración de la capacidad psicofísica del maquinista que aquel día conducía el tren, Francisco José Garzón Amo.

En concreto, reclama información sobre el cumplimiento de la realización de las pruebas exigidas por una orden –la FOM 2520/2006, de 27 de julio–, puesto que, según ha indicado, por el momento lo único que consta en la causa es "una hoja, firmada por un médico, se supone que de medicina general, en la que se acredita la visión y la audición del maquinista y se le determina como apto".

Pero Gómez-Limón advierte de que la ley, que "es europea, pero está adaptada a España, pide una valoración mucho más amplia, que incluye aspectos relativos a la inteligencia, la personalidad, la concentración y los reflejos, entre otros". Se trata de un informe de un psicólogo, que es el que esta víctima sospecha que Renfe no tiene.

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"Sería gravísimo, porque sería un incumplimiento legal", ha destacado Teresa Gómez-Limón, para quien, de ser así –en caso de que Renfe solo tenga el documento médico, pero no un completo informe psicológico–, "tiene que haber responsables", y señala al encargado de recursos humanos, o al de seguridad, e incluso al médico que puso su rúbrica en el documento. "Alguien tendrá que responder ante la justicia", avisa.

En este sentido, llama la atención sobre que es un asunto "muy grave", puesto que "a lo mejor" el maquinista "ni cumplía las condiciones" para conducir el Alvia, y precisa que no está culpando de esto al maquinista, sino a sus superiores encargados de velar por el cumplimiento de las normas.

Ella, doctorada en Psicología y con un máster en la especialidad legal y forense por la Universidad Complutense, por su parte, se muestra dispuesta a llevar a declarar ante los juzgados a un catedrático de la universidad "si hace falta".