Ley del Aborto

El Gobierno traslada la reforma del aborto al Grupo Parlamentario para no 'contaminar' leyes en elaboración

Rajoy junto al exministro de Justicia en una imagen de archivo.

Han pasado ya casi cinco meses desde que, el pasado 23 de septiembre, el presidente del Gobierno anunció la retirada de la reforma de la ley del aborto elaborada por Alberto Ruiz-Gallardón. Una circunstancia que provocó la dimisión del ya exministro de Justicia. Consciente de lo delicado del asunto para el sector más conservador de su electorado, Mariano Rajoy insistió en que el Ejecutivo no aparcaba esta promesa electoral y que iba a trabajar para presentar una iniciativa que impidiese que las menores de 18 años pudiesen interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno. A día de hoy ésta no ha visto todavía la luz.

El Gobierno parece hacer desistido de que la propuesta salga del Consejo de Ministros. Está en manos del Grupo Parlamentario Popular. Diputados de las áreas de Sanidad y Justicia están elaborando una proposición de ley que venga a modificar la ley del aborto de los socialistas. La redacción de la iniciativa está bastante avanzada, según cuentan las fuentes consultadas por infoLibre, pero no lo suficiente como para que esté lista la próxima semana. Dado que el debate del estado de la nación se celebra los próximos días 24 y 25 de febrero, no es descartable que la presentación de la iniciativa en el Congreso se retrase al mes de marzo. Con todo, no está en el escenario del PP que termine esta legislatura con el asunto abierto.

Es precisamente la urgencia la que hace que la vía de la proposición de ley sea la favorita de Rajoy. A diferencia de los proyectos de ley, con este tipo de iniciativas se evitan los debates en el seno del Consejo de Ministros y la remisión a los órganos consultivos pertinentes antes de redactar un texto definitivo que sea remitido a la Cámara baja. Se acortan los plazos que dan como resultado la entrada en vigor del mismo. Además, esquivando el paso por el Gobierno, la reforma está menos en el foco –el PP cuenta con que puede haber alguna protesta– y se evita eclipsar otro tipo de iniciativas en las que podría haberse incluido la necesidad de que las menores que quieran abortar cuenten con el el conocimiento paterno. "Si incluyéramos esa reforma por la vía de una ley actualmente en elaboración, esa ley quedaría totalmente anulada y pasaría a ser percibida por la sociedad como la ley del aborto", mantiene un destacado dirigente conservador. "En la medida de lo posible se tratará de que no contamine a otras leyes", añade.

Junto a la observación anterior está el hecho de que gran parte de las leyes en las que podría intentar encajarse ya han pasado por el trámite de órganos consultivos. Esto implicaría o bien sumar el texto nuevo y continuar con la tramitación –arriesgándose a las quejas de los órganos encargados de elaborar los informes previos por incumplimiento del procedimiento–, o volver de nuevo a la casilla de salida es decir: nuevo anteproyecto y remisión a los órganos consultivos.

En este sentido, el Consejo de Estado ya frenó los intentos del Ejecutivo de modificar la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo a través de una enmienda a la Ley de la Infancia, en proceso de elaboración. El órgano consultivo se quejó de que se recurriese a este tipo de atajos para reformar leyes de rango superior. Este proyecto de ley no ha llegado todavía al Consejo de Ministros. En la etapa de Ana Mato al frente de Sanidad, esta cuestión ya generó un debate en el seno del partido y del Gobierno. ¿Por qué tenía que ser Sanidad, que había estado al margen de la reforma de Ruiz-Gallardón, quien viniese a enmendar todo el trabajo anterior?, se preguntaban Salvo cambios de última hora, este texto no se modificará de ninguna forma para poder acoger la cuestión del permiso paterno.

Otra de las vías barajadas inicialmente fue una reforma del Código Civil.

Malestar en el grupo

Pese a que el asunto parece encarrilado, la cuestión no ha estado exenta de debate interno y en el grupo parlamentario no sentó muy bien que este tema tan polémico les fuese derivado. No es ningún secreto que el tema de la reforma de la ley del aborto no es nada cómodo para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. De hecho, a ella se le atribuye gran parte de la influencia sobre Rajoy para que éste anunciase la retirada del proyecto del exalcalde de Madrid.

El reglamento del Congreso de los Diputados establece, en su artículo 26, que las proposiciones de ley podrán ser adoptadas a iniciativa de un diputado con la firma de otros catorce miembros de la cámara o de un grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz. Esto implica que el Grupo Parlamentario Popular, por sí solo, podría acogerse a cualquiera de las dos opciones. La mayoría absoluta del PP garantizará en todo caso que la proposición llegue a buen puerto.

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En el momento de la votación, los conservadores no se esperan sorpresas, como sí se temía en el supuesto de que la reforma de Ruiz-Gallardón hubiese llegado a buen puerto. Hace justo un año la diputada Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso, votó junto el PSOE a favor de una iniciativa que pedía la retirada de la reforma legislativa que por entonces ya había presentado el ministerio de Justicia en el Consejo de Ministros.

Sin tener cerrados todavía todos los flecos, las fuentes consultadas coinciden en que Marta González, portavoz adjunta del PP, podría ser la diputada encargada de encabezar la iniciativa. Exportavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario que capitanea Rafael Hernando, coordina el área social. En su origen, Rajoy pensó que lo mejor era que el asunto lo llevase Justicia, de ahí que encargó la reforma a este ministerio.

El Gobierno no ha aclarado todavía si Ruiz-Gallardón actuó por libre yendo más allá de las pretensiones iniciales o si fue el exministro el que pagó el error de un texto cuyas consecuencias no fueron valoradas.

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