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CONFLICTO DE INTERESES

Rajoy favorece otra vez a los registradores al aprobar que cobren por más gestiones

El Gobierno prepara un nuevo regalo para los registradores mercantiles. Mientras negocia con el Colegio Oficial que incluye a registradores mercantiles y de la propiedad el polémico traspaso de la gestión del Registro Civil, hasta ahora en manos de jueces y funcionarios judiciales, acaba de aumentar el catálogo de actos por los que van a cobrar a los ciudadanos. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad en servicios especiales con reserva de plaza desde hace 25 años.

Una instrucción del Ministerio de Justicia, con fecha del pasado 12 de febrero, suprime los libros comerciales “en blanco” que hasta ahora utilizaban las sociedades mercantiles para “rellenar” con sus actos comerciales a lo largo de los años. En su lugar, deberán inscribir, cada año en los cuatro meses posteriores al cierrre del ejercicio, “todas las actas de reuniones de los órganos colegiados, incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único”.

La instrucción aplica el artículo 18 de la Ley de Emprendedores, que obliga a las empresas a presentar todos sus libros comerciales “telemáticamente” en el Registro Mercantil en ese plazo. La norma también permite a las sociedades “legalizar voluntariamente libros de detalle de actas o grupos de actas formados con una periodicidad inferior a la anual”.

Es decir, el Gobierno multiplica así el número de actos que deberán inscribir las empresas y por los que los registradores cobrarán a partir de ahora. Además, la instrucción extiende la nueva “legalización de libros” a “uniones temporales de empresas, fundaciones, asociaciones de cualquier clase, comunidades de bienes y personas físicas y jurídicas obligadas a llevar una contabilidad ajustada a las prescripciones del Código de Comercio”. También amplía el número de sujetos que acudirán a los registros.

El Ministerio de Justicia, por su parte, niega que la instrucción “aumente los libros que deben legalizarse” o amplíe los sujetos que deben legalizarlos. “Son los mismos libros: los sociales (actas y socios) y los contables (diario, inventario y cuentas anuales)”, explica, aunque admite que desde ahora la legalización deberá ser “a posteriori” y “al menos anual”. El departamento justifica que se haya suprimido la legalización “a priori” de los libros con hojas en blanco en que ésta “retrasaba la puesta en marcha” de los nuevos negocios en 15 días. Asegura que esa demora suponía un problema para la competitividad de la economía española.

Además, el ministerio indica que las entidades que deben presentar esos libros son ahora las mismas que antes: “Todas las empresas que están sujetas al deber de contabilidad establecido en el Título III del Libro I del Código de Comercio”. Sin embargo, ese título sólo dice que “los empresarios” deberán llevar una contabilidad “adecuada” y las sociedades mercantiles, un libro o libros de actas. No especifica más sobre los sujetos que deben acudir a los registros mercantiles. Por ejemplo, las comunidades de bienes carecen de personalidad jurídica y no hay obligación de registrarlas. Pero ahora sí deben acudir al Registro Mercantil para presentar sus libros, según la instrucción del 12 de febrero.

Finalmente, Justicia rechaza que las nuevas medidas encarezcan los procesos. Al eliminar el papel y la necesidad de utilizar gestores, “los costes registrales son los del antiguo arancel”.

Subida de aranceles

En todo caso, el Ejecutivo prepara una subida de los aranceles que esos registradores mercantiles perciben por sus notas y certificaciones. El proyecto de reglamento del Registro Mercantil los equipara a los que cobran los registradores de la Propiedad. La Ley de Emprendedores, en vigor desde septiembre de 2013, también obligaba al Gobierno a redactar ese reglamento en un plazo de seis meses, que ha incumplido. Aún se encuentra “en fase de elaboración”, explica el Ministerio de Justicia.

Según el borrador del proyecto, en cualquier caso, los aranceles del Registro Mercantil suben. Y mucho. Por un asiento de presentación, por ejemplo, se pasará de cobrar 0,3 euros a seis euros. Por las notas simples, de 0,6 a nueve euros. Por las certificaciones, de 1,5 euros a 24. Por los depósitos de cuentas el arancel se duplica, hasta los 72 euros. Según las fuentes consultadas, una sociedad mercantil tiene que presentar una media de tres libros de comercio. Si cada uno de ellos le supone un desembolso de 72 euros, deberá pagar en el Registro Mercantil unos 226 euros. Hasta ahora, bastaba con unos 20 euros.

En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, hay 3,12 millones de sociedades mercantiles. Entre ellas, 1,13 millones de sociedades limitadas y 92.986 sociedades anónimas. También 111.771 comunidades de bienes que, de acuerdo con la instrucción del 12 de febrero, tendrán ahora que presentar sus libros en el Registro Mercantil. En resumen, a razón de 226 euros por cada una de ellas, los ingresos del centenar de registros mercantiles que funcionan en España pueden aumentar unos 700 millones de euros al año.

La guerra de los registradores

El traspaso del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la propiedad proyectado por el Gobierno puso en pie de guerra a estos últimos, que se niegan a gestionarlo si tienen que costear ellos su financiación. Su rechazo frontal le costó el puesto el pasado mes de octubre al anterior director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez Joaquín José Rodríguez, y a su equipo en el Ministerio de Justicia. Pese a que tanto él como el resto de los máximos responsables de la Dirección General son registradores, el proyecto que elaboraron para reformar los registros levantó ampollas entre sus colegas profesionales. Éstos le reprochaban sus vínculos con Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno y registrador de la Propiedad como él mismo y su hermana MercedesMercedes.

Los registradores también le acusaban de haber diseñado la reforma para beneficiar a una empresa, Futuver Consulting Futuver Consulting, mediante la adjudicación del sistema informático integrado. A esa empresa la relacionaban de nuevo con Enrique Rajoy y la asociación profesional de registradores Arbo. El concurso no lo licitó el Ministerio de Justicia, sino el de Defensa, a través de una empresa pública, Isdefe, en un procedimiento negociado y sin publicidad.

Sin embargo, tras dimitir Alberto Ruiz-Gallardón, el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, no tardó en anunciar que renunciaba al proyecto de su antecesor para los registros y que el Colegio de Registradores desarrollaría la controvertida plataforma tecnológica. Poco después Joaquín Rodríguez fue sustituido en la Dirección General por Javier Gómez Gálligo, también registrador pero bien visto por el Colegio.

Reforma a la medida

Desde entonces, una comisión mixta integrada por el ministerio y el colegio negocian los términos en que los registradores asumirán la gestión del Registro Civil. Fruto de esas conversaciones son las47 enmiendas que el PP ha presentado al proyecto de ley de reforma del registro civil. En ellas se incluyen textualmente todas las reclamaciones y matices que pide el Colegio de Registradores. Éstos siguen sin querer el Registro Civil si asumirlo les supone un coste adicional.

Justicia ha negado a infoLibre que se trate de las enmiendas definitivas. “Son meras propuestas formuladas por el Colegio de Registradores, que se han discutido en una comisión interna del ministerio, pero que nada van a tener que ver con las enmiendas definitivas que el propio ministerio vaya a proponer al Grupo Parlamentario Popular”. Según añade, el departamento “no va a aceptar ninguna de las propuestas que se aparten del principio de gratuidad para el ciudadano [...], salvo las relativas a la nueva organización del Registro Civil”.

Los registradores, aunque funcionarios, no cobran de los Presupuestos del Estado como el resto de los empleados públicos, sino que viven de los aranceles que cobran a ciudadanos y empresas por inscribir y certificar sus actos y documentos. El Gobierno repite sin descanso que el Registro Civil, una vez traspasado a los registradores mercantiles, va a seguir siendo gratuito para los ciudadanos: ni va cobrarles las inscripciones ni va a sustentarlo a través de los Presupuestos Generales. Ahí es donde surge la incógnita de cómo se va a financiar entonces un servicio que cuesta 120 millones de euros al año. Subir los aranceles que cobran los registradores por su actividad “normal” sin duda ayudaría a éstos a sufragar la tarea adicional que se les quiere encomendar.

No es la primera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy favorece a sus colegas de profesiónMariano Rajoy. A través de la Ley de Emprendedores ya les concedió 150 millones de euros en nuevos ingresos. También les permitió dejar de trabajar los sábados. Después, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, les concedió, a ellos y a los notarios, funciones hasta entonces reservadas a los jueces. Ahora pueden convocar la junta general de las sociedades, constituir el sindicato de obligacionistas y nombrar auditor para el examen de las cuentas anuales. Cada una de esas nuevas competencias supone un ingreso adicional para los registradores.

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