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Sueldos

El Supremo rechaza indemnizar a dos exconsejeros de Telefónica por daño patrimonial

  • Ambos ex consejeros consideran que se les causó un daño patrimonial por haber tenido que ingresar a Hacienda grandes cantidades de dinero en virtud de una disposición de la ley del IRPF de 1999, que fue declarada posteriormente inconstitucional
  • El Supremo destaca que la sentencia del TC que declaró la nulidad del precepto discutido señaló expresamente que la inconstitucionalidad no permitía revisar situaciones que ya hubiesen adquirido firmeza

infolibre Publicada 02/03/2015 a las 13:06 Actualizada 02/03/2015 a las 13:39    
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El edificio de Telefónica en la Gran Vía de Madrid.

El edificio de Telefónica en la Gran Vía de Madrid.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de los exconsejeros de Telefónica Javier Revuelta del Peral y Pedro Pérez Fernández de la Fuente, que reclamaban una indemnización al Gobierno de 1,2 millones de euros y 1,1 millones, respectivamente, al considerar que se les causó un daño patrimonial por haber tenido que ingresar a Hacienda esas cantidades en virtud de una disposición de la ley del IRPF de 1999 que fue declarada posteriormente inconstitucional.

La tributación se refería al cobro por el primero de ellos de 1.429 millones de pesetas (8,5 millones de euros) por 'stock options' cuando salió de Telefónica en 1999, y en el caso de Pérez, por el cobro de 1.289 millones de pesetas (7,7 millones de euros) por el mismo concepto.

Entre otros argumentos, el Supremo destaca que la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad del precepto discutido señaló expresamente que la inconstitucionalidad no permitía revisar situaciones que ya hubiesen adquirido firmeza, como sucedía en el caso de ambos recurrentes.

Así, el alto tribunal indica que la sentencia del Constitucional señaló expresamente que la incostitucionalidad de la citada norma del IRPF no permitía revisar situaciones firmes como en el caso de ambos exconsejeros, cuya situación tributaria fue definitivamente fijada por sentencia de la sección segunda del Tribunal Supremo, que entendió aplicable, sin reproche alguno, el precepto legal posteriormente declarado inconstitucional.


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