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Tribunal de Cuentas

El equipo de Alfonso Alonso no recurrirá y pagará una fianza de medio millón

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La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 496.223 euros "la responsabilidad contable" de los nueve ediles que integraban en 2007 la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria, presidida por el entonces alcalde, Alfonso Alonso. Entre ellos, se encontraba también Javier Maroto, actual regidor. El equipo del actual ministro de Sanidad ya ha anunciado que no recurrirá y pagará esta fianza.

Así, el Tribunal de Cuentas considera que ha habido "perjuicio" a las arcas municipales en un contrato de alquiler de unos locales por un importe superior a su valor en el mercado, según han informado a Europa Press fuentes del proceso judicial administrativo. La cantidad establecida respondería al montante pagado hasta ahora por el Consistorio en el alquiler del edificio que se contrato en 2007 y tiene una vigencia de 20 años.

El Tribunal de Cuentas del Estado emitió una providencia por la que emplazaba a presentar alegaciones a Alfonso Alonso –alcalde de Vitoria entre 1999 y 2007–, a Maroto –que era concejal de Hacienda con Alonso–, y al resto de los miembros del antiguo Ejecutivo municipal. Los representantes del ahora ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y de los concejales vitorianos han recibido el acta de liquidación provisional de la Sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador, donde se cifra la responsabilidad contable de este caso en 496.223 euros.

Ese acta es provisional y, tras las alegaciones de los concejales, debe recabarse la opinión de la Fiscalía para decidir si se sigue adelante con el proceso judicial, por esa cantidad u otra, o se archiva el procedimiento, que sigue las reglas del Derecho Administrativo.

El edicto de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que funciona en paralelo con la de fiscalización que realiza los informes, se tendrá que publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para dar a conocer el resultado final del procedimiento.

El órgano fiscalizador investiga el posible perjuicio para las arcas públicas generado por el contrato de alquiler en 2007 de los locales de la calle San Antonio por el Ayuntamiento de Vitoria que los arrendó por un precio final de 7,6 millones de euros y un periodo de 20 años. La tarifa de alquiler superaba el precio por el que el empresario Gonzalo Antón compró los locales: 2,7 millones de euros.

Alonso, Maroto y el resto de ediles –entre los que se encuentra el senador del PP Jorge Ibarrondo–, cuya actuación se investiga, no han acudido este jueves al Tribunal de Cuentas, sino que lo han hecho sus representantes legales. La única que se ha presentado personalmente ha sido la exconcejal de Hacienda socialista Marian Gutiérrez.

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