Las acusaciones del ‘caso del ático’ solicitarán la imputación de González y Cerezo

Los representantes legales del Sindicato Unificado de Policía (SUP), del PSM y de los extrabajadores de Telemadrid, tres de las cuatro acusaciones personadas en el caso del ático de Ignacio González, planean solicitar a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, que cite a declarar como imputados al presidente de la Comunidad de Madrid y al empresario Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

La petición de ambas imputaciones será el colofón de la estrategia que marca el abogado Javier Carnerero, el denunciante del caso en nombre del SUP. "Ya hemos solicitado que preste testimonio en el Juzgado de Estepona el ex comisario general de la Policía Judicial Enrique Rodríguez Ulla", indicó Carnerero, en declaraciones a infoLibre. Bajo la dirección de este mando policial se inició la investigación sobre la propiedad del ático. "Pero hay que resaltar que en el actual momento procesal, el nombre de Ignacio González no ha aparecido en Estepona, aunque es evidente que al final de la instrucción sí podría surgir", añade.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le "retiró la confianza" a Rodríguez Ulla tras la apertura de esta investigación. Y una vez que la Fiscalía Anticorrupción decidió no investigar, "esa retirada de confianza se podía y debía materializar en un relevo", explicó Fernández Díaz, que también dijo: "De la misma manera que se les nombra porque se les considera las personas más idóneas para esas responsabilidades, cuando circunstancias diferentes lo aconsejan los relevos se hacen".

Rodríguez Ulla será interpelado por los motivos por los que fue destituido. También será citados, en calidad de testigos, el comisario responsable de la primera investigación desarrollada en la urbanización Alhambra del Golf, Agapito Hermes de Dios, y el inspector jefe del grupo de información de la Comisaría de Marbella que colaboró en las pesquisas iniciales.

"También queremos que testifiquen los propietarios de la empresa de Delaware (EEUU), Waldorf Overseas Investments Ltd, que fue la primera que compró la vivienda a Pedro Javier Villate. Y no tenemos que olvidar que en la denuncia inicial ya solicitamos el testimonio del presunto testaferro de Coast Investors, Rudy Valner", recuerda Javier Carnerero, abogado del SUP.

La futura declaración de Cerezo y González

Una vez finalicen estas declaraciones, apuntan el propio Carnerero y Wilfredo Jurado, abogado del PSM, "tanto Enrique Cerezo como Ignacio González tendrían que declarar, pero en este caso como imputados".

"Además, a consecuencia de las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, lo más lógico sería que comparecieran, como testigos, los dos comisarios que mantuvieron la entrevista en un establecimiento comercial de Madrid", explica Jurado en referencia a los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

El Mundo, La Sexta y la Cadena Ser emitieron este lunes la conversación grabada entre González y los agentes, en la que el presidente madrileño apuntaba su interés en que no se hiciera público el asunto del dúplex de lujo de Estepona. Esta grabación contrasta con las declaraciones del propio González, quien aseguró haber sido víctima de un "chantaje".

La acusación popular de los extrabajadores de Telemadrid

Por su parte, un portavoz de la asociación de afectados por el ERE de Telemadrid, que también es acusación popular en el caso del ático, asegura a infoLibre que respalda la decisión del resto de acusaciones: "Como estrategia nos parece perfecta, nosotros apoyamos las diligencias que se van a solicitar, sobre todo la imputación de Cerezo y de González. Para los trabajadores despedidos en el ERE es un auténtico espaldarazo. Nosotros acudimos a Estepona para hacer una comparecencia ante la Fiscalía de Málaga para denunciar la vinculación de Cerezo y GonzálezCerezo y González".

En dicha comparecencia, los extrabajadores de Telemadrid aportaron un informe en el que planteaban la participación de Cerezo en el caso del ático. "Nosotros fuimos los primeros que hablamos de las relaciones de las empresas de Cerezo con la Comunidad de Madrid. En el Boletín de la Comunidad de Madrid aparecen las  firmas de Ignacio González, que es quien adjudica las nueve licencias de televisión a Cerezo. También González era el principal responsable del Canal de Isabel II cuando le adjudica un contrato a Cerezo". 

A consecuencia de esta testifical, la jueza Mariana Peregrina, que sustituyó en el Juzgado de Estepona que instruye el caso a Isabel Conejo durante su baja maternal, acordó la imputación de Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González. Peregrina también envió el sumario a la Audiencia Nacional, que rechazó instruir la investigación. Después, la Audiencia Provincial de Málaga acordó la desimputación de Cavero.

El rastro del dinero

Pero la alusión a Cerezo realizada los extrabajadores de Telemadrid no es la única que vincula al presidente del Atlético de Madrid a Ignacio González. Así, la denuncia que el letrado Wilfredo Jurado interpuso contra el propio González en el Tribunal Supremo incluía datos más concretos sobre las supuestas transferencias de dinero.

"La cantidad usada para la compra del ático la recibió a su vez de otra cuenta de Panamá, cuyo titular es la sociedad Waldford Overseas Investments, quien a su vez habría recibido una transferencia del banco Merrill Lynch Private Banking Miami, como gestora de una cuenta del Bank of America Corporation, cuyo titular en una sociedad propietaria de Enrique Cerezo, administrada precisamente por el ya mencionado Rudy Valner", especifica la querella.

Y Jurado da más datos en su querella: "A su vez, las mencionadas cuentas de Enrique Cerezo recibieron varias transferencias de una cuenta de Lloyd's Bank Mónaco a nombre de la firma panameña Cedargrove Investments, cuyo último beneficiario era Fernando Martín", el dueño de Martinsa, una promotora inmobiliaria que está en disolución.

Jurado considera que con motivo de una supuesta comisión "ilegal" abonada por Fernando Martín a González "por diversas operaciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid –Arganda y Colmenar de Oreja– o por otras personas por adjudicaciones llevadas a cabo por el querellado", éste habría obtenido de Enrique Cerezo la puesta a disposición de "una estructura societaria opaca (la de Coast Investors) que habría servido para mantener oculto a terceros la verdadera propiedad del inmueble".

Este letrado destaca también que solo cuando se pone en marcha la investigación, González y su esposa regularizaron la situación del inmueble. Pero el Tribunal Supremo, en el que está aforado Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid, rechazó instruir la querella presentada por el PSM alegando que ya existía una investigación abierta. El Supremo indicó que el Juzgado número 5 de Estepona (Málaga) era el que debía seguir instruyendo, "y que de encontrar algún indicio delictivo contra González lo que procedería sería la remisión al Supremo de una exposición razonada".

El mayor pelotazo de la 'Gürtel'

Precisamente, el municipio de Arganda del Rey es el principal vínculo del caso del ático de González con Gürtel. Según los informes policiales publicados en los medios de comunicación, el ex diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, imputado en la trama, fue quién alertó a la policía de la presunta participación de González en la adjudicación de varias fincas en Arganda a la red Gürtel. Pero Martín Vasco no quiso ratificar esta versión en el Juzgado.

Según la instrucción llevada a cabo por Pablo Ruz en la Audiencia Nacional, la adjudicación de estas fincas en Arganda son el mayor pelotazo de la trama. Francisco Correa habría percibido hasta 25 millones de euros por su intermediación entre el Ayuntamiento dirigido por Ginés López (PP), también imputado, y el empresario Fernando Martín.

Uno de los arquitectos de Fernando Martín, en concreto Gilbert Barbany, apuntó en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional que Martinsa podría haber ganado alrededor de 199 millones tras la modificación al alza por parte de la Comunidad de Madrid de la edificabilidad de estos terrenos. Por su parte, Fernando Martín siempre ha defendido la legalidad de la adjudicación, asegurando que esta decisión obtuvo el consenso de todos los partidos políticos.

Las sociedades Duncan y Winsley

De los 25 millones que podría haber percibido Correa, 13 tuvieron como destino la sociedad de Correa Golden Chain Properties. Precisamente, esta sociedad, tal y como publicó infoLibre, tendría una vinculación con la matriz de la empresa que compró el ático desde Estados Unidos. Se trata de Waldford Overseas Investments Ltd, entidad mercantil inscrita en Panamá, gestionada por el bufete de abogados Mossack Fonseca, para cuya inscripción actuaron de testigos o suscriptores las compañías Duncan Inc. y Winsley Inc.

Estas dos empresas, Duncan y Winsley, son las mismas que aparecen en el origen de la sociedad Golden Chain Properties, que en el sumario del caso Gürtel se atribuye al presunto cerebro de la trama, Francisco Correa. La sociedad Golden Chain se benefició de la transferencia de los 13 millones, que la Policía atribuye a un pago del dueño de Martinsa, Fernando Martín, y de los empresarios Manuel Salinas y Amando MayoManuel SalinasAmando Mayo, por la operación inmobiliaria de Arganda.

Los nombres de Manuel Salinas y Amando Mayo también aparecen en una inversión realizada en la empresa RTMAmando Mayo, mediante la que el Atlético de Madrid pretendía la reclasificación del Estadio Vicente Calderón y la posterior construcción del Estadio Olímpico de Madrid en la antigua Peineta.