Una acusación de 'Gürtel' pide que declare un asesor de Montoro por tener acceso al sumario

La acusación popular de la asociación Observatori DESC ha presentado este miércoles un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicita al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, que cite a declarar a Rogelio Menéndez Menéndez, asesor del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y hermano del director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. El letrado Gonzalo Boye le vincula con la elaboración de un "argumentario" del el informe de Hacienda sobre la contabilidad B del PP.

La Agencia Tributaria elaboró un informe sobre los papeles de Bárcenas después de que Ruz se lo reclamara en dos ocasiones. Y un funcionario de este organismo público realizó el trabajo, aunque concluyendo que pese a que el PP no había pagado 220.000 euros del Impuesto de Sociedades de 2008, superando los 120.000 euros del umbral de la infracción penal, el partido presidido por Mariano Rajoy no había cometido un delito contra la Hacienda Pública.

"Argumentario"

Hacienda filtró a los periódicos La Razón y La Vanguardia el documento denominado "Argumentario al informe de la Agencia Tributaria", que según adelantó el diario digital El Plural fue creado por Rogelio Menéndez MenéndezRogelio Menéndez Menéndez, tal y como prueban, siempre según este diario, los metadatos asociados al documento.

Este documento, al que ha tenido acceso infoLibre, fue elaborado en un ordenador del Ministerio de Montoro el 16 de marzo, un día antes de que se presentara en el Juzgado de Pablo Ruz. Este documento comparaba el presunto fraude con el de ONG como Cáritas o Cruz Roja. 

Acceso al sumario

Este es el motivo por el que el letrado Gonzalo Boye, en representación de Observatori DESC, ha pedido a Ruz que cite a declarar a Rogelio Menéndez Menéndez: "A los efectos de determinar la autoría de dicho documento, la etiología del mismo, el acceso que ha podido tener al informe de la Agencia Tributaria presentado el 17 de marzo ante este Juzgado y la relación que guarda dicha persona con los más altos cargos del Ministerio de Hacienda".

Boye, que también denunció el borrado de los ordenadores de Bárcenas, también reclama al juez que ordene al Ministerio de Hacienda que entregue, "de forma inmediata, el o los ordenadores de los que pueda disponer dicha persona toda vez que en las propiedad del mencionado documento aparece como "organización" en la que se habría creado el Documento: MEH (Ministerio de Economía y Hacienda) y como autor: Menéndez Menéndez, Rogelio".

Ajeno a la causa

El escrito del letrado también pide a Ruz que declare el autor del informe sobre los pagos en negro del PP: "Para que manifieste si ha dado acceso del documento cuya elaboración le fue encomendada a cualquier tercero ajeno a la causa".

El letrado Gonzalo Boye hace estas peticiones al considerar que la fase de instrucción del sumario Gürtel está sujeta como el resto al secreto de las actuaciones: "Cualquier acceso no autorizado por el Juzgado, de un tercero ajeno a las partes, respecto a un Documento investigativo cuya elaboración ha sido solicitada por el Instructor, puede ser constitutivo de delito".

Así, el representante legal de la asociación Observatori DESC explica que en este caso procede designar dos peritos independientes para que emitan un informe sobre la cuota presuntamente defraudada por el PP: "Entendemos que esta diligencia resulta útil, necesaria y pertinente a la vista de la especial relación existente entre el PP y los órganos de gobierno del Ministerio de Hacienda".

Santiago Menéndez

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Esta no es la primera polémica en la que se ve envuelto el director general de la Agencia Tributaria en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz recibió la negativa de Menéndez a aportar un perito para que determinara las irregularidades cometidas por los directivos de Banco de Valencia. En concreto, justificó su negativa por la escasez de medios personales propios.

Para el director general de la Agencia Tributaria, si suministrara los dos empleados públicos para investigar el caso, se mermarían las posibilidades de actuación que "en el cumplimiento de los intereses generales, corresponden a la Agencia Tributaria, ocasionando riesgo para el normal funcionamiento del servicio público que le compete, con la consiguiente lesión de los intereses colectivos que tutela".

La petición del abogado Gonzalo Boye se produce la misma semana en la que se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción investiga por un posible caso de prevaricación al despacho de abogados Equipo Económico, empresa fundada en 2006 por Montoro, según publicó El País. Anticorrupción centra sus pesquisas en un contrato firmado en 2012 entre ese despacho y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.