Violencia género

El entorno de las víctimas sólo denuncia la violencia machista en el 3% de casos

Cabecera de la manifestación contra la violencia de género en Madrid.

El número de denuncias que parten del entorno de las mujeres que son agredidas por sus parejas o exparejas son muy escasas. Así lo reflejan los últimos datos presentados este viernes por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que evidencian que de las 126.742 denuncias presentadas durante el pasado año, sólo 4.202 (un 3,3%) fueron interpuestas por familiares de las víctimas o por los profesionales sanitarios o de los servicios sociales que las atendieron.

El de la violencia machista es un problema complejo, que tiene varias caras, que está profundamente arraigado en la sociedad española y que parece tener difícil solución. Por eso las víctimas, las asociaciones de mujeres y los colectivos profesionales que hacen frente a esta lacra día a día piden que se haga un esfuerzo por establecer una visión del escenario de violencia al completo. "Con la ley de violencia de género se ha generado una gran expectativa, un alto nivel de compromiso por parte de la sociedad, pero otra cosa son las posibilidades que tiene ese compromiso de convertirse en una denuncia puesta por terceras personas, eso es algo complicado", desliza Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. Y eso a pesar de que la ley obliga a los profesionales que traten con víctimas a poner en conocimiento de la Justicia cualquier situación de violencia. 

Los colectivos citados sí coinciden en señalar que los recortes en los servicios asistenciales que gestionan ayuntamientos y comunidades y el hecho de que muchas víctimas no encuentren el cauce de ayuda esperado en los tribunales pueden incitar a los profesionales a no denunciar. Desde el punto de vista de las familias también se alude a un "silencio" generado por la dificultad que encuentran las mujeres maltratadas y sus allegados para detectar que están siendo objeto de un maltrato, el miedo que se tiene al agresor o el hecho de que muchas familias siguen pensando que el problema puede arreglarse de puertas para dentro. 

Carencias en la red de apoyo 

"En servicios sociales cuando atendemos a una mujer víctima de maltrato a veces nos resulta difícil, por una cuestión de ética, convencerlas de que tienen que poner una denuncia porque sabemos que detrás de ese acto que es muy doloroso no hay una garantía, una red de apoyo desde el punto de vista social y de la seguridad. En ocasiones se da incluso una victimización secundaria...", señala Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social.

No se niega la efectividad de la denuncia como parte del sistema de protección, pero sí se sostiene que no tiene que ser la única medida. Y ahí sí entra la influencia de los recortes. Las transferencias corrientes a las comunidades, que se utilizan para desarrollar programas de asistencia social para mujeres que han sufrido maltrato también han soportado desde 2011 un recorte de más del 20%. Por otro lado, las cifras oficiales también muestran un creciente rechazo de los jueces a aceptar las medidas de protección que reclaman las víctimas. Según los últimos datos, los órganos judiciales desestimaron el 44,2% de las solicitudes (se reclamaron 33.617). En 2004 las rechazadas fueron el 22,2% (se pidieron 36.807). Y desde entonces hay una tendencia al alza en el número de peticiones rechazadas que tampoco se rompe este año.

"Estos datos significan que cada vez se aprecian menos situaciones de riesgo y que hay más resistencia a estimar medidas de carácter civil con el argumento de que las mujeres pueden estar arguyendo motivos espurios para obtener beneficios de cara al divorcio. La realidad nos dice que sigue siendo necesario un instrumento legal, aunque también que hay que hacer evaluaciones de calidad. A nivel judicial hay un ámbito de mejora evidente pues en muchas ocasiones no se considera el testimonio de la familia como elemento probatorio pues se estima que no es objetivo", dice Marisa Soleto.

Ana Lima, por su parte, explica que las intervenciones que hacen los trabajadores sociales cuando reciben a una mujer que está siendo objeto de malos tratos siempre son "complicadas". Hay que valorar el riesgo (viendo si la pareja posee armas o las tiene a su alcance, si han existido amenazas de muerte, si ha habido intentos de homicidio anteriores...) y hay profesionales que creen que lo relevante es poder trabajar con la mujer, ayudarla... y no obligarla a denunciar o poner la denuncia por ella si no se le va a dar lo que necesita", señala. 

En este sentido, Soleto considera que la exigencia inmediata de denuncia por parte de los profesionales al conocer un caso de violencia (así lo prevé la ley integral) puede suponer incluso un "desincentivo" para las mujeres a la hora de acudir a los servicios de acompañamiento –"muy recortados durante la crisis", matiza– y que son la antesala de una posible denuncia pero, a su juicio, sólo cuando esté preparada para hacerlo. "Lo que tiene que estar claro es cuáles son los dispositivos de denuncia y que las víctimas cuando denuncian en primera persona vayan bien asesoradas, así como que los partes de lesiones o los testimonios de los familiares sean considerados con la suficiente prioridad e importancia en los juzgados", añade. 

Por otro lado, la estadística refleja que, en porcentaje, las denuncias presentadas a iniciativa de las propias agredidas sigue un ritmo decreciente que es proporcional al aumento de las que se interponen a instancias de la Policía. En 2007, de las 126.293 denuncias presentadas, 97.767 fueron puestas por las víctimas (un 77,4% del total) y 13.072 por la Policía (10,4%), mientras que de las 126.742 de 2014 las víctimas habían puesto 88.527 (69,8%) y los agentes 18.984 (un 15%).

Hallada muerta una pareja en un posible caso de violencia machista en Alhaurín de la Torre (Málaga)

Miedo y silencio en las familias 

Desde el punto de vista de las familias también se alude, para explicar el bajo número de denuncias, a un "silencio" motivado por la dificultad que encuentran las mujeres maltratadas y sus allegados para detectar que están siendo objeto de un maltrato. "Aceptan como normales conductas que no lo son porque un primer bofetón no es nunca en último bofetón. Y en eso influyen factores como el miedo al agresor e incluso la falta de apoyo en el entorno próximo", señala Lucila Agredano, que junto a su marido, Félix López, coordina la asociación Afavir que crearon después de que su hija Rocío fuera asesinada por su marido en 2008, cuando ella tenía 25 años, para ayudar a mujeres víctimas de maltrato y sus familias. 

Para Agredano otro factor fundamental es el "miedo" o el hecho de que muchos familiares incluso no conocen la situación de maltrato que están sufriendo sus hijas. "Hay mujeres que no quieren preocupar a sus padres o a su familia y que no comunican la situación por la que están pasando. Eso ocurre especialmente en chicas jóvenes, cuyos padres sólo se dan cuenta cuando ven grandes cambios de actitud en ellas", señala. Y añade otro aspecto: "la familia puede denunciar pero si luego la víctima, por miedo a represalias, por verse desamparada o por la dependencia emocional que tiene del agresor niega los hechos... pues no hay nada que hacer", lamenta. 

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