Los seguros privados de Dependencia se disparan ante el frenazo a la ley

Que el sistema de ayudas a la Dependencia está estancado es un mantra que los colectivos de afectados y los especialistas en trabajo social no dejan de repetir. Y las cifras oficiales, que difunde el Ministerio de Sanidad, parecen darles la razón. Los últimos datos, de diciembre de 2014, reflejan que ese mes había 8.122 personas menos atendidas que en el mismo mes del año anterior. Eran en total 745.720, es decir, un 1,1% menos. Además había 148.002 personas que seguían esperando por una ayuda o prestación que tienen reconocida. 

Al mismo tiempo, las cifras sobre financiación evidencian cómo los beneficiarios ya ponen de su bolsillo más dinero que la Administración central para ser atendidos, aunque siguen siendo las autonomías las que sostienen la gran carga del mantenimiento del sistema. Según un informe reciente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales [consultar en PDF, aquí] el copago de los usuarios ha crecido un 32% desde 2009, pues los beneficiarios de la ley han pasado, de media, de aportar el 14,7% del coste total al 19,4%.

Los datos de 2014 también reflejan que las prestaciones más numerosas –fueron 374.348 a pesar de que disminuyeron un 8,3% respecto al año anterior– son las monetarias que se dan a los beneficiarios para que abonen un servicio, paguen a un cuidador profesional o sufraguen los gastos de una plaza en una residencia o centro de día. Es la llamada Prestación Económica Vinculada al Servicio. El problema de estas ayudas es que no siempre cubren el 100% de la necesidad de cuidados, por lo que el dependiente se ve obligado a pagar de su bolsillo lo que falta. La alternativa en este punto parece clara. O se tienen grandes ahorros o un seguro. Si no, resulta muy complicado hacer frente a esos gastos.

Este escenario, señala José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, parece el abono perfecto para la apertura de una oportunidad de negocio para el sector de los seguros privados. "Nadie se hace un seguro si sabe que hay un sistema público de carácter universal con derechos subjetivos de ciudadanía, es normal que las empresas aseguradoras hayan hecho lobby para generar la expectativa de su negocio", señala. Las cifras que ofrece la patronal de las aseguradoras evidencian una tendencia al alza a pesar de que su penetración todavía es baja en comparación con el resto de seguros de vida. Las pólizas privadas de dependencia aparecieron al calor de la nueva ley, en 2007, y tras aumentos sostenidos desde entonces ha habido un punto de inflexión en 2014.

Según datos de la patronal Unespa, a finales de 2014 había 35.040 pólizas suscritas. Un año antes eran 21.724; en 2012, 19.622; en 2011, 19.266; y en 2010, 17.453. En 2009 fueron 15.477, por lo que el aumento en todo el período es del 126,4%. El crecimiento en primas es del 260,3% entre 2009 y 2014 al pasar de 3,30 millones de euros a 11,89. Fuentes de la patronal hablan, sin embargo, de un "escaso desarrollo" de este tipo de producto que atribuyen a su limitado conocimiento por parte de la población y a "la creencia bastante generalizada de que, en caso de devenir dependiente, será el entorno familiar el que se hará cargo de los cuidados".

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No obstante, en Unespa son optimistas frente al futuro y creen que la aplicación progresiva de la ley en los años venideros "hará que los ciudadanos sean cada vez más conscientes de este nuevo derecho, así como de la necesidad de disponer de recursos complementarios para hacer frente al copago". En este sentido, reclaman exenciones fiscales propias independientes del límite conjunto aplicable al resto de los sistemas de previsión social (que está ahora en 5.000 euros anuales), así como que los contribuyentes puedan realizar aportaciones adicionales con derecho a reducción en la base imponible a favor de familiares cercanos sin consumir el propio límite. 

Ramírez, por su parte, vaticina que el crecimiento de las pólizas privadas irá a más si sigue retrocediendo el actual sistema universal (que es bajo el que se diseñó la ley de 2007) lo que generaría "un sistema dual con personas que tienen la capacidad de aportar a través de un seguro privado que serían atendidos en centros especializados, mientras que las que no tendrían que ir a la beneficencia, la asistencia social o los recursos sociales de baja calidad".

Además señala un tema que considera, si cabe, "aún más grave" y es que, a su juicio, las compañías aseguradoras podrían seleccionar a las personas en cuestión de su perfil socioeconómico. ¿Qué residencia privada va a querer admitir, por ejemplo, a una persona esquizofrénica, con un grado de alcoholismo, que ha estado viviendo en la calle, que genera ciertos conflictos...?, se cuestiona. En este sentido, Ramírez recuerda que, por el momento, a pesar de que la gran parte de los servicios (residencias, ayudas a domicilio...) se ofrecen desde empresas privadas que tienen conciertos con la Administración, la prescripción sigue siendo pública a través de los profesionales de los servicios sociales, lo que garantiza que no haya discriminación el acceso al sistema.