La 'operación Púnica'

La jefa de prensa de Aguirre dice que la Comunidad de Madrid borró los informes por los que está imputada

La jefa de Comunicación de Aguirre declara como “imputada” en la 'Púnica'

Tono Calleja / Alicia Gutiérrez

La directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid y responsable de Medios de la campaña de Esperanza Aguirre para el Ayuntamiento de Madrid, Isabel Gallego, ha asegurado al juez Eloy Velasco que técnicos del Ejecutivo madrileño están buscando en los discos duros de los ordenadores los informes realizados por la empresa EICO, implicada en la operación Púnica, con la intención de remitirlos al magistrado, según fuentes de la declaración, que completan que la propia Isabel Gallego apuntó a la posibilidad de que los mismos sí puedan conseguirse en los terminales de la empresa.

Gallego se expresó en esos términos tras afirmar que la Comunidad borró esos informes, supuestamente dirigidos a mejorar la imagen instiucional del Ejecutivo madrileño pero de los que Anticorrupción sospecha que en realidad solo buscaban potenciar a políticos del PP. Los borró, vino a decir, porque una vez leídos ya no servían para nada, aseguran fuentes de su defensa.

Esta firma se encargaba de mejorar el posicionamiento en internet. Es decir, su cometido era el de mejorar los resultados del Ejecutivo madrileño en las búsquedas de Google y otras firmas de similares características.

Asimismo, el juez Velasco interpeló a Gallego sobre la existencia de los informes de seguimiento de la empresa EICO. Pero la responsable de comunicación de Aguirre para su campaña aseguró que no guarda ninguno de estos seguimientos, habida cuenta de que una vez leídos "ya no sirven para nada".

Las mismas fuentes resaltaron que las autoridades de la Comunidad de Madrid eligieron a este firma por su prestigio, habida cuenta de que había trabajado con entidades y personas como el Real Madrid, Mediaset, ayuntamientos de la Comunidad Valenciana o el que fuera lehendakari socialista Patxi López. Asimismo, explicaron que el precio de este servicio era parecido al de otras empresas del sector.

Fuentes del caso, el juez Velasco preguntó a Gallego sobre si alguien le había pedido o aconsejado la elección de la firma: "No", respondió la responsable de Comunicación del Gobierno de Ignacio González.

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Esta firma percibía 1.500 euros mensuales, y según fuentes de la defensa de Gallego el contrato fue fiscalizado, e incluso tuvo el visto bueno del interventor de la Comunidad de Madrid.

A lo largo del interrogatorio del juez Velasco, Isabel Gallego reconoció haber mantenido conversaciones de carácter profesional con el dueño de EICO, Alejandro de Pedro Llorca. Fuentes del caso aseguran que Gallego confirmó que este empresario insistió mucho para que le pagaran cinco meses de retraso de la Comunidad de Madrid.

En el Ejecutivo madrileño justifican este retraso por problemas de tesorería, por lo que se le dejó de pagar desde marzo de 2014 y durante cinco meses: "Era muy insistente", explicó Gallego según fuentes del caso, que explican que la firma también reclamó el pago por correo electrónico.

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