Morosidad

El Gobierno aprueba este viernes la reforma de la ley tributaria para publicar la lista de defraudadores y morosos

El Gobierno aprueba este viernes la reforma de la ley tributaria para publicar la lista de defraudadores y morosos

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El Consejo de Ministros dará este viernes el visto bueno a la modificación de la Ley General Tributaria, lo que permitirá conocer la identidad de los morosos y defraudadores de la Hacienda Pública.

Una vez que reciba el visto bueno del Consejo, la reforma será enviada a las Cortes con la intención de esté definitivamente aprobada en el cuarto trimestre de este año.

La lista de defraudadores incluirá a personas físicas y jurídicas con potencial económico que deban a Hacienda más de un millón de euros a 31 de julio de este año, y a los que se les hayan pasado los plazos de ingreso en periodo voluntario.

El Gobierno lleva tiempo dando publicidad a la lista con el objetivo de propiciar el cumplimiento voluntario y el ingreso efectivo de las deudas antes del último día de julio, puesto que el riesgo de salir en la lista puede animar a los morosos a saldar su deuda con el fisco.

Además de la lista de morosos, se publicarán las sentencias condenatorias firmes de los delitos contra la Hacienda Públicas que alcancen firmeza tras la entrada en vigor de la reforma, aunque deriven de hechos acaecidos previamente.

El objetivo de que los incumplimientos tributarios más relevantes con reproche penal sean publicados es concienciar a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales para que paguen y eviten el reproche social.

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Más plazos para inspección

Por otra parte, la reforma ampliará los plazos para el procedimiento de inspección. En concreto, se establecerá un plazo temporal de duración de las actuaciones inspectoras de 18 meses con carácter general (actualmente 12 meses) y de 27 meses para entidades que estén en un grupo u obligadas a auditarse (ahora se contempla una prórroga de 12 meses).

Además, se regularán los casos tasados de suspensión y se suprimirán los supuestos de cómputos de dilaciones. Según el Gobierno, todo esto dota de mayor seguridad jurídica y menor conflictividad.

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