Santamaría no aclara si Rajoy fue avisado de que Rato iba a ser detenido

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó explicar este viernes si Mariano Rajoy conoció con antelación que el exvicepresidente Rodrigo Rato iba a ser detenido en el transcurso de una investigación seguida contra él por la Agencia Tributaria.

Fue en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde la mano derecha de Rajoy en el Gobierno dejó esta pregunta sin responder. Sí optó, no obstante, por contestar cuando se le cuestionó sobre si el Ejecutivo había dado luz verde a la operación de la Agencia Tributaria que desencadenó el caso Rato. "El Gobierno ni autoriza ni desautoriza ninguna actuación de la Agencia Tributaria, la Fiscalía y los tribunales, hasta ahí podíamos llegar. La ley se aplica para todos y los gobiernos están para cumplir la ley y hacer que se cumpla, no para tomar decisiones que son injerencias", dijo.

Sobre lo ocurrido la semana pasada circulan varias versiones, algunas de ellas contradictorias. Si nos atenemos a la del propio presidente del Gobierno, adelantada por El País, se enteró por la prensa de la detención de su excompañero de los consejos de ministros de Aznar. El diario ABC, por su parte, informó de que Rajoy se enteró del registro a Rato horas antes de tener este lugar y a través del Ministerio de Justicia.

¿Y la filtración?

En los últimos días, desde sectores del Partido Popular se ha sostenido que esta investigación y las que afectan al embajador en Londres, Federico Trillo, y al diputado Vicente Martínez Pujalte, pueden entenderse en un contexto de "fuego amigo". Es decir, que tengan su origen directamente del Gobierno. La vicepresidenta lo negó de forma tajante. "El Gobierno ni interfiere ni interviene en este tipo de procedimientos", dijo.

Santamaría señaló que todas las personas que tienen acceso a información sujeta al principio de confidencialidad deberían respetar este principio y cumplir los procedimientos, aunque es una tarea que no siempre se puede controlar. "Asistimos a filtraciones de este tipo con bastante asiduidad", lamentó. Aun así, a renglón seguido garantizó que el Gobierno siempre cumple la ley y no interfiere en los procesos judiciales ni en los de otras instituciones, tanto que a pesar de las peticiones que se hacen, a veces "incongruentes", la Agencia Tributaria sigue investigando, pero no da los datos de los contribuyentes. 

"Todos los que son tenedores de una información, que saben que está sujeto al correspondiente deber de confidencialidad o de sigilo, lo tienen que respetar. Y eso es una obligación que tenemos todos los funcionarios públicos. Asistimos a filtraciones de este tipo con bastante habitualidad. Ustedes [a los periodistas] son los receptores de esa información. A mí, indudablemente, me gusta que la ley se respete y que se cumplan los procedimientos. No siempre se pueden controlar en sus términos. Pero sí le digo: el Gobierno cumple con el deber de confidencialidad que marca la ley y con el respeto a la no interferencia", sentenció.

Con estas declaraciones, intentó desviar el foco de las tensiones entre Hacienda y Economía a cuenta de las supuestas filtraciones. El día que se conoció que Rato era uno de los integrantes de la lista de 705 –luego llegó a ser de 715– cargos o exaltos cargos que se habían acogido a la amnistía fiscal, ambos departamentos se responsabilizaban mutuamente de haber desvelado su nombre. Además, descargaba cualquier tipo de responsabilidad sobre los funcionarios al dejar al margen al Gobierno.

A tenor de las palabras de la número dos del Gobierno, el Gobierno no tiene ninguna intención de investigar el origen de las filtraciones. Ni de tomar ninguna iniciativa para evitar que la situación vuelva a repetirse.

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Las incompatibilidades, cosa del Parlamento

A raíz del debate abierto sobre las incompatibilidades de los diputados tras los episodios de Trillo y Pujalte, Santamaría se mostró partidaria de que los diputados tengan "experiencia". Pero, en todo caso, sostuvo que se trata de un asunto que debe dirimirse en el ámbito parlamentario.

Sólo 24 horas antes, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se había mostrado a favor de aumentar el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios.