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Sanidad

El Constitucional respalda la privatización de seis hospitales que intentó hacer Madrid

  • El Alto Tribunal rechaza casi al completo el recurso presentado por el PSM contra el mayor proceso privatizador de la sanidad española
  • El recurso, basado en un informe encargado por los médicos especialistas, señalaba que se vulneraban un total de siete preceptos constitucionales

e.h. Publicada 05/05/2015 a las 14:26 Actualizada 05/05/2015 a las 20:50    
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Sábana principal que encabezó este domingo la trigésimo primera edición de la Marea Blanca.

Sábana principal que encabezó este domingo la trigésimo primera edición de la Marea Blanca.

EFE
El Tribunal Constitucional (TC) estima que privatizar la parte sanitaria de hospitales construídos con fondos públicos, tal y como quería hacer la Comunidad de Madrid, es una práctica acorde a la Constitución. El Alto Tribunal, en un fallo conocido este martes, desestima casi la totalidad del recurso de inconstitucionalidad presentado hace un par de años por 50 senadores socialistas contra la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales y hasta 27 centros de salud, prevista en dos artículos de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013. 

De hecho, el único artículo que, según el TC, no se acoge a lo que marca la Carta Magna, es el que establece que en los centros de atención en los que se privatice la gestión –ese proceso también fue paralizado en Madrid– este cometido se de "preferentemente" a las sociedades de profesionales con personalidad jurídica propia, que estén constituidas total o mayoritariamente por los profesionales sanitarios que presten sus servicios en el Servicio Madrileño de Salud

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TC entiende que la "posible apertura a formas de gestión y responsabilidad privada se lleva a cabo preservando en todo caso la titularidad pública del servicio" y que el Gobierno "no ha optado siquiera" con esta ley recurrida por la "vinculación de centros privados a la red pública" en virtud de conciertos sino que se ha limitado a "hacer uso de las posibilidades abiertas por la legislación estatal". Por otro lado, añade que la Constitución "no exige que el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social requiera necesariamente y en todo caso un sistema de gestión pública directa". El carácter público se aprecia, según recoge, "en relación con la estructura y el régimen del sistema en su conjunto, sin distorsionar la evaluación", añade.

Esto significa que ese "carácter público del sistema de Seguridad Social no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privadas, de importancia relativa en el conjunto de la acción protectora" del sistema. De hecho, "de suerte que la apertura a fórmulas de gestión o responsabilidad privadas queda en todo caso condicionada a la preponderancia de los elementos definitorios del carácter público del sistema de Seguridad Social", añade.

También señala que aunque se materializara la gestión indirecta del servicio por personas privadas, tal hecho "no afecta al conjunto de mecanismos de cobertura propios de un sistema de Seguridad Social sino exclusivamente a los relativos a la acción protectora en materia de sanidad, y dentro de esta, a los hospitales en cuestión afectados (Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infante Leonor, Sureste, Henares y Tajo). Asimismo, los magistrados del Pleno recogen que en todo caso, las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos "queda en manos de los poderes públicos, no habiéndose producido un traslado de esta potestad a quienes asumen la gestión -y sólo gestión- del servicio público de la sanidad".

En la misma línea, apuntan que la financiación se lleva a cabo mediante fondos públicos, "sin que las singularidades a las que pueda dar lugar aquí la preservación del equilibrio financiero del adjudicatario alcancen tal grado de intensidad que hagan inconstitucional el modelo de gestión establecido". Además, alude que uno de los artículos recurridos recoge "expresamente" la garantía de "los adecuados niveles de calidad, atención y derechos de los usuarios". Por tanto, no se aprecia, dicen los magistrados, que se ponga en cuestión los rasgos estructurales de la institución Seguridad Social ni que se desnaturalice su esencia".

No se vulnera la igualdad de acceso 

El TC también se ha pronunciado sobre el acceso de los ciudadanos a la Seguridad Social en estos casos y asegura que no vulnera la "igualdad de acceso" de los ciudadanos al sistema público dado que la norma impugnada se "limita a habilitar la adjudicación de contratos para la gestión de asistencia sanitaria especializada" en determinados hospitales "pero en ningún momento incide en el régimen de acceso y en el contenido de la prestación sanitaria". Tampoco, apostillan, "altera la financiación con fondos públicos".

En otro punto, los magistrados hacen referencia a que los recurrentes no especifican omisiones concretas de información en las que basan su alegación de que el proyecto de ley no fue acompañado de los antecedentes necesarios. Habla de "afirmaciones genéricas" y no "proyectan detalles". Aunque desestima la casi totalidad del recurso, el TC sí que acepta una parte en la que señalan que la "preferencia que otorga el precepto autonómico impugnado a las sociedades de profesionales, compuestas íntegra o mayoritariamente por profesionales del Servicio Madrileño de Salud" es contraria a la legislación básica del Estado en materia de contratos y concesiones administrativas.

Este punto tiene que ver con la preferencia que tenían los profesionales sanitarios a la hora de gestionar los centros de salud que se querían externalizar. Se trata de un criterio que no tiene que ver con la solvencia financiera y económica" y produce un efecto de exclusión con respecto a otros licitadores. Los senadores socialistas presentaron hace dos años este recurso liderados por el entonces secretario general del PSM y también senador, Tomás Gómez, que denunció la externalización sanitaria de estos centros.

El PSOE consideraba que la medida del Gobierno de Ignacio González vulneraba los artículos 9.3 (principio de legalidad), 14 (principio de igualdad), 41 (régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos), 43 (protección de la salud), 149.1.17 (legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social) y 149.1.18 (régimen jurídico de las Administraciones Públicas) de la Constitución Española.


7 Comentarios
  • 7 Jlobo 06/05/15 17:40

    Un estado fallido es legal? , si admitimos que se pueden gestionar de forma externa cualquier servicio basico Y ADEMAS por empresas con ANIMO DE LUCRO, cuando nadie nos ha explicado, PORQUE NO SE HA HECHO como se va a garantizar la calidad del servicio ni los mismos salarios, ni condiciones laborales, a esto se le llama estafa. Solo ganan las empresas adjudicatarias. Ya que nos ponemos propongo privatizar el estado completo, si vamos de liberales por qué no?esta claro que nuestros gobiernos no saben gestionar, pero lo suyo no, lo de los demas, pero desde mi reino.

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  • 6 Jose Luis77 06/05/15 05:59

    El presidente de esta mafia de tribunal con carné de  afiliacion al PPcorrupto.Si para este señor la reforma laboral del gobierno es constitucional(claro la redacto el) que nos va a decir de la "saqueadora-privatizacion" de los hospitales.ESTAMOS MAS QUE HARTOS 

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  • 5 Artero 06/05/15 04:02

    Este tribunal, es inconstitucional, no constitucional. La política sanitaria que se está llevando a cabo, con independencia de lo que dice el tribunal, va dirigida a degradar la Seguridad Social. He pedido cita para el médico de CABECERA, y hasta dentro de 20 dias, no me toca.  Antes de gobernar el PP, daban hora, hasta de un día para otro, o dos o tres día mas tarde como máximo

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  • 4 enough 05/05/15 19:18

    ¡¡Como corren, porque el tiempo se les acaba!!

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  • 3 ROSAGIL 05/05/15 18:42

    Cualquier ciudadano con el mínimo de sentido crítico, sabe que las privatizaciones o externalizaciónes de la sanidad pública, solo obedecen, salvo en casos puntuales, a la voracidad de facinerosos sin escrúpulos que están dispuestos a asaltar y desmantelar sin miramiento alguno nuestro estado de bienestar para su propio beneficio. Por muchas vueltas que dé en sus razonamientos el TC para justificar lo injustificable, no me van a convencer. La sanidad pública es un de los pilares del bienestar social que los españoles hemos levantado con nuestro esfuerzo, y por mucho que digan estos engolados magistrados del TC, ningún partido por mucha mayoría parlamentaria que ostente, tiene derecho a ponerla en las manos privadas de amiguetes con el único fin de facilitar indecentes beneficios a costa de nuestro patrimonio.                                                                                                                                  

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  • 2 El analista de Marilyn 05/05/15 16:59

    Para La Mafia Neoliberal la sanidad  "no es personal, es negocio"...como Corleone, "tiene a los jueces y los políticos en su bolsillo"...

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  • 1 El analista de Marilyn 05/05/15 16:54

    El Tribunal de La Mafia... 

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