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Gasto público

El Tribunal de Cuentas ve irregularidades en la publicidad institucional entre 2010 y 2012

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

INFOLIBRE

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles un informe del Tribunal de Cuentas que critica la gestión que los Gobiernos de PSOE y PP hicieron de la publicidad institucional entre 2010 y 2012. Según El BOE nuestro de cada día, entre los casos señalados destaca el pago que hizo en 2010 el Ministerio de Industria (dirigido entonces por el socialista Miguel Sebastián) para comprar un suplemento en La Razón titulado Tu salud, especial emprendedores verdes. Esta publicidad encubierta se saltó la ley porque coincidió con un proceso electoral en Cataluña, y además ocultó en todo momento que el Ministerio fuera el pagador.

El Tribunal critica que la falta de planificación al contratar estos anuncios ha generado encargos de urgencia y campañas inesperadas, y añade que la "escasa utilización de mecanismos para la cuantificación y valoración del cumplimiento de los objetivos" hace imposible evaluar la "eficacia, austeridad y eficiencia" de la publicidad.

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En 2012, ya bajo el mandato conservador de José Manuel Soria, el Tribunal de Cuentas vuelve a señalar a Industria. En este caso porque de los 78.000 euros gastados en anuncios, 60.000 fueron a campañas vinculadas con las Islas Canarias, de donde es natural el ministro.

El informe menciona también que en las campañas del Ministerio de Sanidad casi nunca se realizan estudios previos que establezcan objetivos. Una de ellas, para prevenir embarazos no deseados en 2010, en la que precisamente sí se analizaron los fines, se acabó contratando a la empresa que peor puntuación obtuvo en términos de calidad y mejor en redes sociales; ello pese a que a este apartado solo se destinó un 2% del presupuesto.

El Tribunal de Cuentas señala también que la empresa Red.es (contratada para gestionar la publicidad oficial) no tiene más medios que el Ministerio para crear y difundir anuncios. Es por ello que se encarecen los costes y se evitan ciertos controles públicos al pasar los contratos de ser administrativos a privados.

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